El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá Mateo Lanzuela / Europa Press

Economía

El Banco de España redefine su papel como asesor del Gobierno y un sistema de nombramientos menos presidencialista

Pretende dar mayor protagonismo al Parlamento en el nombramiento de sus altos directivos y plantea nombrar un segundo subgobernador.

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F.P./Agencias
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El consejo del Banco de España pretende definir de forma clara los límites y las posibilidades de su función de asesoramiento al Gobierno para que no se repitan conflictos como el de la salida de su anterior director de Economía, Ángel Gavilán.

Tal y como había avanzado José Luis Escrivá, la entidad pretende avanzar hacia un modelo de gobernanza más colegiado y menos 'presidencialista' para dar un papel mayor al Parlamento a la hora de nombrar a su cúpula directiva.

A tal efecto, el consejo del supervisor profundizará en el análisis de propuestas concretas, "con la vista puesta en subsiguientes mandatos", sobre la base de las mejores prácticas internacionales. No descarta incluso crear un nuevo puesto de segundo subgobernador.

El banco, a iniciativa del propio gobernador, encargó la elaboración de un primer informe a tres expertos (Daniel Innerarity, Rosa Lastra y Joaquín Vial), bajo la supervisión de la consejera ejecutiva Lucía Rodríguez, cuyas conclusiones ha estado analizando este mes de julio.

El consejo busca más transparencia sobre la implementación práctica de la función de asesoramiento al Gobierno recogida en la Ley de Autonomía del Banco de España (LABE) y ha resaltado la conveniencia de profundizar en las medidas de transparencia, rendición de cuentas y comunicación.

Considera que el ejercicio de cada una de sus funciones "debe tener claramente establecidos los mecanismos correspondientes de rendición de cuentas". El objetivo es analizar los mecanismos actuales y definir las mejoras necesarias para ello.

Este proceso se enmarca en un "contexto histórico de profundos cambios", tanto en el ámbito de la atribución de funciones a los bancos centrales, como del marco institucional en el que se desarrollan algunas de ellas, como la política monetaria o la supervisión microprudencial.

El informe incluye recomendaciones concretas sobre cómo reforzar estos aspectos. En particular, los expertos parten de "un diagnóstico positivo" del desempeño de la institución, aunque también se identifican distintas áreas de mejora.

En concreto, constatan que existe "margen de progreso" en la gobernanza de la institución, de forma que se avance hacia un modelo más colegiado y se refuercen los procesos de nombramiento de los miembros de los órganos de gobierno.

El alcance de la función de asesoramiento al gobierno es otro de los aspectos que los expertos apuntan conveniente definir mejor, mientras que ofrecen también medidas concretas para reforzar la transparencia y la comunicación con la sociedad.

El consejo de Gobierno busca un ajuste de competencias en la institución que descubra vías para reforzar la percepción de su legitimidad, mejorar su gobernanza, transparencia y la necesaria rendición de cuentas ante la sociedad como institución independiente.

El Banco de España explica, sin embargo, que algunos aspectos requerirían modificar disposiciones con rango de ley y su iniciativa, por tanto, corresponde "a otras instituciones", sin perjuicio del análisis que pueda hacer al respecto el propio supervisor.

Sin embargo, reconoce que otras iniciativas sí pueden llevarse a cabo con acuerdo del propio consejo de gobierno mediante la modificación del Reglamento Interno del Banco de España o de la práctica diaria y los compromisos asumidos por la institución.