
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez
El Gobierno intenta 'sortear' las competencias autonómicas en vivienda con su nuevo paquete fiscal para mejorar el alquiler
El choque se puede producir en la subida del ITP para extracomunitarios y no residentes, por ser un impuesto transferido a las CCAA.
Más información: La inquietud por la vivienda se ha disparado 25 puntos con Sánchez y crece históricamente con gobiernos del PSOE.
El nuevo frente fiscal que el Gobierno ha abierto para mejorar el mercado del alquiler intenta plantear medidas de obligado cumplimiento a nivel estatal para 'sortear' el bloqueo que puede recibir por ser vivienda una competencia exclusiva de las CCAA.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, no quiere que con la iniciativa fiscal que van a poner en marcha en los primeros quince días de junio le ocurra lo mismo que con el registro de pisos turísticos, bloqueado desde las autonomías del PP por entender que invade sus competencias.
Precisamente, la subida anunciada esta semana de imponer un 21% de IVA a este tipo de viviendas turísticas, con la justificación de que es una actividad económica reglada, se centra en un impuesto en el que nada pueden hacer los ejecutivos autonómicos.

En esa misma línea se ubica la subida de un 15% a un 25% en la tribulación de las Sociedades Cotizadas de Inversión (Socimi), salvo que se trate de vivienda destinadas al alquiler a precio asequible, que estarán bonificadas.
A falta de saber la letra pequeña del paquete fiscal, los problemas con las autonomías pueden venir de la mano del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que está transferido a las CCAA y se pretende incrementar para los no residentes y extracomunitarios.
El ITP, que se aplica a la compra de vivienda usada (la de mayor venta actualmente), es uno de los grandes instrumentos de recaudación de las comunidades autónomas y cada una maneja la tarifa con incentivos y bonificaciones propias.
El reducido 6% que cobra Madrid contrasta con el 9% y el 10% que imponen otras regiones, para igualar al alza la tasa al IVA de la vivienda nueva (10%), ya sea por evitar discriminaciones, ya sea por aprovechar el mercado para elevar la recaudación.
Otro foco de conflicto fiscal que los asesores consultados advierten se centra en la nueva tasa sobre los pisos vacíos.
Si se establece como un nuevo tributo que grave entre un 1,1% y un 2% este tipo de viviendas, habrá que justificar ese nuevo hecho imponible para que no coincida con lo que ya se paga (hasta el 0,7% del valor catastral) como IBI, y no sea confiscatorio.
ERC ha llegado a plantear en el Congreso un tributo a las viviendas vacías de hasta el 4% a partir del tercer inmueble.
Los finalistas advierten que habrá que ver dónde se pone el límite y en qué tipo de viviendas, dado que una segunda vivienda vacacional de uso parcial es habitual en España y ya paga sus tributos.
Pelea en el Congreso
El Grupo Parlamentario Socialista, que lidera la iniciativa en el Congreso, tendrá que desgranar los detalles del paquete fiscal sobre la vivienda que se prepara para evitar que su aplicación, como la de la propia ley de vivienda, no sea un fiasco que solo genere guerras entre las CCAA, los ayuntamientos y el Gobierno.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana aseguraba este viernes que es "plenamente conocedora de la dificultad parlamentaria", pero ve difícil que las formaciones políticas puedan negarse a medidas que tienen "consenso social".
A pesar de ello, Rodríguez es consciente de la oposición que van a recibir sus medidas desde las autonomías del PP, que son mayoría en España, en todo lo que no sean incentivos estatales a los propietarios (vía IRPF) que alquilen a precios asequibles.
El otro gran escollo que se presenta, además del político, y que ya se ha advertido desde el ámbito fiscal y el inmobiliario, es intentar atajar un problema complejo, que no es igual en las grandes capitales que en las zonas rurales, con medidas de alcance genérico que no diferencian los problemas de inquilinos u propietarios por zonas.
Desde el sector turístico han saltado además las primeras voces de quienes advierten que el cierre del mercado inmobiliario a los extracomunitarios y no residentes puede ser un varapalo para la entrada de turistas.