La Inspección de Trabajo irá a huelga el próximo lunes, 26 de junio, sin que Función Pública haya desbloqueado, por el momento, el Plan Estratégico del organismo. Los sindicatos exigen responsabilidades al Gobierno, mientras que dentro del Ejecutivo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señala a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

"Está en el negociado de Función Pública y quedo a resultas de que resuelvan este problema. Soy clara, no hay ninguna razón por la que no cumplir el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo", ha recalcado Díaz en respuestas a los medios en un acto con sus homólogas iberoamericanas.

El acuerdo entre Trabajo y Hacienda con los sindicatos de la Inspección de Trabajo parecía cerrado a finales de mayo, hasta que "descarriló" unos días antes de las elecciones autonómicas. 

[Los sindicatos de la Inspección de Trabajo rechazan la última oferta de Función Pública]

Desde la cartera de Yolanda Díaz manifestaron su "profundo malestar" por la decisión del Ministerio de Montero, y descartaron que se tratara de un problema técnico porque habían cumplido con todos los trámites burocráticos.

Fuentes de la negociación vieron en este choque un "conflicto a nivel político" entre el Gobierno de coalición, formado por el PSOE, al que pertenece Montero, y Unidas Podemos, al que representa Díaz. 

Los sindicatos prefieren alejarse de los enfrentamientos políticos y recuerdan que el Gobierno es uno solo, por lo que piden una respuesta conjunta sin señalamientos entre partidos. 

Díaz, por su parte, mantiene su posición al lado de los sindicatos de la Inspección de Trabajo y ha agradecido la labor de un organismo que es "imprescindible". "Es vital en la democracia y garante del principio de legalidad", ha insistido.

Acuerdo de 2021

Los sindicatos de la Inspección de Trabajo reclaman al Gobierno el cumplimiento de un acuerdo del 7 de julio de 2021. Casi dos años después, siguen esperando una nueva relación de puestos de trabajo (RPT) y más recursos técnicos para modernizar el organismo y adecuarla a sus funciones actuales.

La Inspección de Trabajo cuenta con unos 3.100 trabajadores, entre inspectores, subinspectores y personal administrativo. Los sindicatos estiman que el déficit global es de unos 1.400 empleados para llegar a un mínimo de 4.500 trabajadores.

El Informe Anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del 2021 refleja que al cierre de ese año estaban dados de alta 1.411.902 códigos de centros de cotización a la Seguridad Social, sin el Sistema Especial Agrario y el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General.

Así, a final de 2021 la ratio de centros de cotización fue de 1.394 centros por inspector de Trabajo y Seguridad Social y de 1.281 centros de cotización por subinspector, tanto de Empleo y Seguridad Social como de Seguridad y Salud Laboral.