La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha rebajado el impacto presupuestario del último paquete del Gobierno para hacer frente a la inflación a 7.000 millones de euros, al tiempo que ha lamentado que se haya decidido prorrogar sus medidas sin hacer antes una evaluación para ver si están funcionando.

Se trata de una estimación 2.000 millones inferior a la que facilitó el pasado sábado el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pero AIReF recuerda que estas medidas, sumadas a las que se aprobaron en marzo, tendrán un impacto en el déficit de este año del 1%.

Herrero ha comparecido este lunes en la Comisión de Hacienda en el Congreso, donde no ha ocultado su "preocupación" por la sensación que podrían tener las Administraciones públicas de tener margen para adoptar medidas propias de un ciclo expansivo en un momento delicado para la recuperación económica.

De hecho, ha avanzado que muchos de los riesgos que AIReF incorporó en sus estimaciones de crecimiento para este año "se están materializando", con lo que ha abierto la puerta una rebaja de sus previsiones macroeconómicas en julio. En este momento, el organismo espera un crecimiento del PIB para este año del 4,3%.

Preocupa la inflación

Sin embargo, dentro de esa revisión a la baja, el dato más preocupante será la actualización al alza de las previsiones de inflación, según ha advertido Herrero.

La evolución de los precios ha ocupado una parte importante de la intervención de la presidenta de la AIReF que considera que cada vez son mayores los riesgos de efectos de segunda ronda.

Según sus estimaciones, la inflación está favoreciendo la recaudación tributaria en IVA e IRPF. Esto permitirá reducir el déficit más de lo esperado, pero estos efectos se disiparán a largo plazo.

Objetivos fiscales

La presidenta de la AIReF ha pedido visión a largo plazo al Gobierno y ha insistido en la necesidad de aprovechar la próxima actualización del Programa de Estabilidad para presentar un plan con objetivos fiscales a medio plazo. En su opinión, este plan es necesario para dar credibilidad a la economía española en un momento en el que las condiciones de financiación están empeorando.

"La actuación de las autoridades públicas no puede generar más incertidumbre. Una planificación a medio plazo sería un ejercicio de autodisciplina de las autoridades públicas y de transparencia que permitiría hacer el seguimiento y evaluar la política", ha afirmado Herrero.

Según estima el organismo independiente, en ausencia de nuevas medidas, si no hay una reducción del déficit primario, la deuda pública puede alcanzar el 125% del PIB en 2040.

AIReF ha recordado que la Comisión Europea no ha dejado de pedir sostenibilidad para las finanzas públicas en los últimos años, aunque estén suspendidas las reglas fiscales. Además, ha señalado que en 2023 esas recomendaciones ya serán cuantitativas y el gasto primario no podrá crecer por encima del PIB potencial. 

Esto supondrá que España no podrá aumentar el gasto en más de 15.000 millones de euros, de los que 13.000 millones de euros serán para financiar el mayor gasto en pensiones.

Un esfuerzo que reduce al entorno de 0,5 puntos de PIB el margen que queda para gasto corriente fuera del sistema público de pensiones si se quiere cumplir con esa recomendación.