No hay dudas de la importancia de la agricultura en la economía andaluza y de que los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) son la columna vertebral del sector. En plenas negociaciones en el ámbito europeo y nacional, surge un nuevo escollo en el camino: el Real Decreto impulsado por el Ministerio de Agricultura para regular la gestión de la PAC transitoria hasta 2022.

Pese a ser una de las grandes reivindicaciones del sector y de las regiones, la propuesta ha cabreado a los agricultores andaluces, los más afectados en el nuevo marco. Consideran que el proyecto del que fuese consejero andaluz del ramo, Luis Planas, sería un golpe mortal para la comunidad autónoma al dar protagonismo a la extensión y no a la productividad.

En representación del sector, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha explicado que en la pasada reforma la diversidad productiva española se reconoció con el establecimiento de regiones de ayuda en función a la comarca geográfica, la orientación productiva y los niveles de ayuda consolidados por los agricultores.

Se implantó también un sistema de convergencia que aproximaba el valor de los derechos de los agricultores integrados -con topes del 30% máximo de pérdida- en una misma región a su impacto sobre la renta individual de los agricultores afectados. Es en este punto donde está la problemática: el Real Decreto plantea una “reforma brutal” del sistema de convergencia.

Sin límite de impacto

El proyecto de Planas plantea una convergencia del 80% de los niveles de ayuda de cada agricultor respecto de la media. Todo ello, apunta el sector, “de forma inmediata, sin transitoriedad, sin límite de impacto en la renta individual de los agricultores” y sin contar con informes que estimen las consecuencias que tendrá. 

Todo hará que los más beneficiados sean los titulares de explotaciones extensivas. COAG censura que los perjudicados serán agricultores que, con poca superficie, han consolidado derechos más elevados en función de su sistema de producción.

“La normativa prima la superficie sobre la producción provocando un efecto llamada de los grandes fondos de inversión que acudirán a la caza de la ayuda”, lamentan. Esta idea hace el camino a la homogeneización de ayudas, “en beneficio a las grandes explotaciones y favoreciendo a la concentración de las superficies”.

“Falsa solidaridad”

Con una reducción de ayudas de entre un 40% y un 80%, la organización agraria apunta que la reforma es una "trama disfrazada de falsa solidaridad" al beneficiar a los escasos agricultores y ganaderos de grandes hectáreas.

“La sociedad ha comprobado lo importante que es mantener un sistema productivo propio y no depender de terceros países para alimentarnos. Con estas medidas se favorece un modelo de agricultura contrario, extensivo y menos productivo”, critican señalando que el modelo no permitirá el abastecimiento propio.