El Gobierno ha solicitado al Congreso que habilite el mes de julio para poder tramitar y aprobar los nuevos impuestos sobre determinados servicios digitales y sobre las transacciones financieras, las conocidas como 'Tasa Google' y 'Tasa Tobin'.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el Ejecutivo quiere acelerar la tramitación de estos dos proyectos de ley, solicitando a la Cámara la celebración de "las sesiones extraordinarias de los órganos parlamentarios que sean necesarios para la tramitación y aprobación" de estas tres norma, ya sea en comisión como en el Pleno.

Precisamente este mismo martes, el Congreso constituyó las ponencias encargadas de estudiar los proyectos de ley de los nuevos impuestos y, conforme a la petición del Gobierno, para los siguientes pasos ya no habrá que esperar a septiembre, sino que se resolverán en julio.

La 'Tasa Google' gravará a aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. Concretamente, el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.

Por su parte, la conocida como 'Tasa Tobin' gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero, pero solamente las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros.

Oposición en el Congreso

Ambos impuestos se sometieron este mismo de mes de junio a su debate de totalidad, superándolo al rechazarse en el Pleno las enmiendas del PP, Vox y Ciudadanos, que en ambos casos buscaron tumbarlos y devolver los proyectos al Ejecutivo.

Para la 'Tasa Google', el PP ha propuesto ya no aplicarlo a aquellas plataformas digitales de intermediación que no reciban contraprestación por sus servicios, como Wallapop, habilitar cambios en los umbrales, el tipo impositivo en los Presupuestos Generales del Estado, y retrasar su entrada en vigor hasta la publicación de la directiva europea correspondiente.

En el caso de la 'Tasa Tobin', el PSOE y Unidas Podemos quieren dejar fuera de su aplicación a las operaciones de autocartera (compras de acciones entre entidades de un mismo grupo) mientras que el PP busca eximir, entre otras compras, las operaciones de fondos de pensiones, aquellas realizadas por fondos de inversión que se consideren sostenibles y con carácter social o medioambiental, y las retribuciones a los empleados en acciones.

En este caso, como ya explicó Invertia, a las dificultades recaudatorias que ya han quedado en evidencia en países donde ya se están aplicando impuestos similares, se sumaría el efecto adverso de la caída provocada por la crisis del coronavirus en las cotizaciones sobre las que se calcula el impuesto. En este sentido, los cálculos del Gobierno para un año entero de aplicación son de 850 millones de euros, si bien todo dependerá también de qué operaciones queden finalmente exentas del gravamen.