Madrid, 14 feb (EFECOM).- Ciudadanos ha registrado este viernes en el Congreso una proposición no de ley, en la que pide un "plan integral" de impulso a la agricultura y a la ganadería, para frenar la despoblación rural y reequilibrar el poder de negociación de precios del productor.

El portavoz adjunto del grupo parlamentario Ciudadanos, Edmundo Bal, ha manifestado, en rueda de prensa, que la iniciativa pretende dar respuesta a la situación "crítica" que vive el sector, que estos días se moviliza, por falta de rentabilidad, motivada sobre todo por los bajos precios.

Bal ha insistido en el "abandono" del campo en los últimos cuarenta años por parte de los gobernantes, pues "ni el PP ni el PSOE" han hecho nada por resolver problemas como el encarecimiento de los costes frente al estancamiento de los precios en origen.

Sin embargo, ha recalcado que el Gobierno actual "no ha ayudado al campo", sino que promueve "una política de enfrentamiento, hablando de malos y buenos, echando la culpa a algunos eslabones (en referencia a los supermercados) y no a su inacción".

Ha añadido que medidas como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) se han aplicado "sin ningún estudio" y deberían ir acompañadas de ayudas.

En la proposición, Ciudadanos reclama un proceso de reconversión y modernización en la agricultura que promueva las asociaciones y cooperativas; las economías de escala; la fusión de explotaciones; y el impulso de la I+D+i.

También solicita reequilibrar el poder de negociación entre todos los protagonistas de la cadena alimentaria, en la que el agricultor es el "eslabón más débil" y, para ello, pide clarificar las condiciones en las que se puede dar la venta a pérdidas.

Aboga por promover la venta directa de productos agrícolas y ganaderos, así como por un Plan Nacional contra la Despoblación, en el que se reduzca el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) un 60 % a todas las personas que residan en los municipios en riesgo de despoblamiento.

Ciudadanos pide, además, una tarifa súperreducida y exenciones de cuotas para emprendedores en el mundo rural, así como un "Plan de choque contra la brecha digital", con la obligación de que todos los hogares españoles, rurales o urbanos tengan conectividad de banda ancha, como "servicio público".

Propone incentivos fiscales para facilitar el relevo generacional y rebajas de módulos.

Además, plantea que "en colaboración con las autoridades de competencia se asegure que ninguna de las partes de la cadena impone sobreprecios", así como la creación de "cauces" para denunciar abusos de forma anónima.

Por otro lado, propone información clara para el consumidor, que detalle el origen y la composición de los productos, al mismo tiempo que un refuerzo de las competencias de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).