Madrid, 12 feb (EFECOM).- El Tribunal Supremo (TS) ha validado el uso de una denuncia anónima como punto de partida para investigar posibles delitos en el seno de una empresa, al tratarse de una práctica avalada por el derecho comunitario, el cual legitima estos canales por su "alta eficacia" para detectar irregularidades.

En su sentencia conocida este miércoles, la sala de lo Penal confirma condenas de hasta dos años de prisión por estafa a varios trabajadores de ArcelorMittal, que se pusieron de acuerdo con proveedores para recibir cargas de chatarra mezclada con materiales de desecho en un porcentaje muy superior al habitual.

Los empleados encargados de clasificar la chatarra, cuando llevaba la carga a la empresa transformadora, efectuaban un descuento muy inferior; ello ocasionó un fraude de 456.340 y 340.650 euros, relatan los magistrados, que entienden probados los hechos recogidos en su fallo por la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Ahora, la sala otorga especial importancia a que la investigación partiera de una denuncia anónima recibida en el departamento de recursos humanos de la compañía en la que se advertía de que se estaban realizando maniobras fraudulentas en las entregas y clasificación de la chatarra.

Esta alerta, que dio pie a las primeras pesquisas internas, acabaría permitiendo constatar la existencia del delito más tarde, en sede judicial.

En este sentido, el Supremo apoya el empleo de las "denuncias anónimas" cuyo contenido sea corroborado por las investigaciones posteriores llevadas a cabo tanto por la empresa como por la Policía.

Para los jueces, ante la inexistencia de un programa de cumplimiento normativo ("compliance"), resulta "notablemente interesante" que, en el periodo de los hechos, el denunciante se haya podido acoger al menos al llamado canal de denuncias interno o "whistleblowing", incluido en la reciente directiva de la Unión Europea sobre la protección de las personas que informen acerca de infracciones.

En concreto, relatan, la necesidad de implantar esta herramienta se justifica en el valor de los informantes, los cuales son el cauce más importante para descubrir delitos de fraude cometidos en el seno de las organizaciones; sin embargo, en algunos casos éstos acaban por no presentar denuncias al respecto al no sentirse suficientemente protegidos de represalias en su ámbito laboral.

Con esta sentencia, el Supremo busca reforzar la protección del "whistleblowing", conocido popularmente como el "soplón", y su derecho a la libertad de expresión e información, facilitando, al mismo tiempo, el descubrimiento de prácticas ilícitas.