Madrid, 7 feb (EFECOM).- El Gobierno no ve posible pagar a las autonomías la liquidación pendiente del IVA de 2017 por importe de unos 2.500 millones de euros, aunque a cambio no tendrá en cuenta esa cifra a la hora de evaluar el cumplimiento del objetivo de déficit de 2019 y relajará la senda fiscal hasta 2023.

La nueva senda de estabilidad presupuestaria autonómica, aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este viernes con los votos a favor de las comunidades gobernadas por el PSOE más Cantabria y Navarra, incluye una meta del 0,2 % del PIB, que supone dos décimas más respecto al equilibrio establecido en la senda vigente (la aprobada por el PP en 2017).

Desde el 0,2 % de 2020, las autonomías tendrán que bajar al 0,1 % del PIB en 2021 y lograr el equilibrio presupuestario tanto en 2022 como en 2023.

Los objetivos de deuda se han fijado en el 23,4 % del PIB para 2020, en el 22,8 % para 2021, en el 22,1 % para 2022 y en el 21,4 % para 2023.

"Protegemos a las comunidades autónomas del esfuerzo fiscal exigiendo solo un escalón a la hora de recorrer la pendiente hacia la estabilidad presupuestaria", ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al consejo.

Algunas comunidades del PSOE como Extremadura, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana, pese a haber votado a favor de la nueva senda de estabilidad, han mostrado su malestar por la solución buscada por Hacienda.

Montero ha recordado que el reintegro del mes de IVA pendiente de 2017 -que se dejó de ingresar por un cambio en la gestión del impuesto- se trató de arreglar en los Presupuestos de 2019, pero que el rechazo a las cuentas por parte del PP, entre otros, impidió que se corrigiera antes de cerrar el pasado ejercicio, que es cuando se liquidó la financiación autonómica de 2017.

El Gobierno defiende que las comunidades no han tenido que hacer recortes por esa merma de ingresos, sino que se trata de un dinero gastado que ha tenido como consecuencia un mayor déficit autonómico en 2019, que Hacienda cifra en alrededor de dos décimas de PIB.

Montero ha explicado que en 2019 la gran mayoría de las comunidades presupuestaron esa parte del IVA no cobrado dentro de sus ingresos y lo gastaron, pensando que con la solución que se buscó en los fallidos Presupuestos de 2019 se podría recuperar.

No obstante, ese gasto nunca tuvo un respaldo presupuestario porque las cuentas de 2019 no salieron adelante, por lo que se ha traducido en un aumento del déficit y del periodo medio de pago a proveedores en algunas comunidades.

"El dinero lo han gastado las comunidades autónomas", ha insistido la ministra, que ha asegurado que no es posible reintegrar esa cantidad porque supondría duplicar esa partida.

Con los datos provisionales de cierre que maneja el Gobierno el déficit de las autonomías se desvió cuatro décimas, hasta el 0,5 % del PIB, respecto al 0,1 % vigente para 2019.

El Ministerio entiende que la desviación real es solo de dos décimas porque las otras dos son imputables al efecto "one off" (no recurrente en el tiempo) generado por la falta de un mes de IVA.

Hacienda tendrá en cuenta esta situación a la hora de evaluar individualmente a cada región y dará por cumplido el objetivo si se llega al 0,1 % tras descontar el efecto del IVA.

Además, se ha ofrecido financiación extra a través del Fondo de Financiación Autonómica (FLA) sin coste alguno para evitar perjudicar a los proveedores de las comunidades que hayan incurrido en un mayor déficit.