Madrid, 17 ene (EFECOM).- Ciudadanos pedirá al Pleno del Congreso que se reforme el IVA y el Impuesto eléctrico para intentar bajar la factura de la luz así como impulsar con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia una reforma de estos costes.

El grupo parlamentario de Ciudadanos ha registrado este viernes una proposición no de Ley que insta al Congreso a fijar adecuadamente qué conceptos determinan el volumen actual de la factura de la luz y qué costes deben ser asumidos por los consumidores en virtud de una serie de necesidades.

En este sentido, pide impulsar una reforma normativa que modifique la base imponible del IVA y el Impuesto eléctrico, con el fin de que se componga únicamente por el precio pagado por la electricidad y el coste asociado a las redes de transporte y distribución, excluyéndose el resto de costes del sistema eléctrico añadidos por la Ley de 2014.

Ciudadanos argumenta que desde 2018, el precio del mercado de generación eléctrica ha registrado niveles récord independientemente de la evolución de las reservas hidrológicas y lo achaca a la subida del precio de derecho de emisión del CO2 en el mercado de derechos europeo (ETS), cuyo incremento en los últimos dos años es "cinco veces el precio de enero de 2017".

La iniciativa naranja apuesta por invertir en tecnologías no emisoras de CO2 y recrimina que los costes fijos del sistema sean fruto de "una mala política energética" y de una "fuerte imposición fiscal" con afán recaudatorio.

"Es hipócrita que desde la administración se trabaje en un bono social eléctrico para paliar las dificultades de las personas más vulnerables por el alto coste de la luz, cuando la mayor parte del recibo son impuestos y costes políticos", señala la proposición no de Ley que pide suprimir el 21 % del IVA para los consumidores peninsulares, el Impuesto sobre la Electricidad o la Tasa Municipal del 1,5 %, entre otros gravámenes.

También modificar el Impuesto a la generación eléctrica, la tasa hidroeléctrica del 25,5 %, las tasas nucleares , el recargo que pagan los consumidores para poder ajustar el precio de la electricidad en todo el territorio nacional y la financiación de las energías renovables introducidas durante las dos últimas décadas para que lo asuman los Presupuestos Generales del Estado.