Madrid, 13 ene (EFECOM).- La reforma del sistema y del mercado eléctrico, de la factura de la luz, del bono social (con la creación de un bono que incluya el gas) y de las reglas de las subastas de renovables son algunos de los retos que tendrá que afrontar el Ministerio para la Transición Ecológica en el nuevo periodo que se abre.

En el acuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos se contempla la elaboración de un plan de reforma del sistema eléctrico, que favorezca la transición a la descarbonización y unos precios asequibles para el consumidor y las empresas.

El Ministerio tendrá encomendado elaborar normas legales para reformar el mercado eléctrico, de forma que la reducción de costes que suponen las renovables se traslade al precio de la electricidad.

En este sentido, tendrá que aprobar cambios normativos en el mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución (los conocidos como 'windfall profits') que perciben las grandes compañías eléctricas que tienen tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización y que han recuperado sus costes de inversión.

El actual sistema del mercado mayorista es marginalista, es decir, que la demanda se cubre primero con las tecnologías más baratas y después se incorporan progresivamente otras más caras, pero al final todas cobran el precio de la última que haya entrado, que es el más alto, incluidas aquellas que tienen menor coste en la generación, como la hidráulica y otras renovables.

La modificación de la factura eléctrica es otro de los objetivos que se han marcado los socios de Gobierno, reduciendo el término de potencia (aquel que se paga por la potencia contratada y no por consumo), mientras se incrementaría el término variable de la componente regulada del recibo en función de la energía consumida. 

De esta manera, el coste a pagar por los consumidores por los primeros kilovatios hora sería inferior a los siguientes, con el fin de incentivar la eficiencia energética.

Otro de los retos que tendrá que encarar el Ministerio será una reforma profunda del bono social eléctrico y la creación de uno general que incluya el bono gasista.

El coste del bono social, según lo acordado por PSOE y Unidas Podemos, será asumido por las matrices de los grupos de sociedades comercializadoras de energía eléctrica o por sociedades que ejerzan esa actividad sin formar parte de ningún grupo societario.

En el horizonte del Ministerio también estará la modificación de los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas de renovables.

Para estas subastas se establecerá como criterio fundamental el coste de generación de cada tecnología y se posibilitará la participación de entidades locales, ciudadanas o cooperativas.

También se tendrá que acometer una revisión de los pagos por capacidad para limitarlo a medidas condicionales, transitorias y de último recurso, teniendo en cuenta el objetivo de reducir el precio de la electricidad.

La regulación del autoconsumo, para el que ya se aprobó un real decreto-ley durante el último Gobierno socialista, será otra de las tareas del Ministerio, al igual que establecer reglamentariamente la retribución de la energía vertida a la red por las instalaciones de autoconsumo, que deberá ser, según lo acordado por PSOE y Unidas Podemos, como mínimo igual al valor del mercado mayorista de electricidad.

También es un compromiso seguir trabajando para reparar a los pequeños inversores perjudicados por el recorte a las renovables, una tarea que ya inició el Gobierno socialista con la aprobación de un real decreto-ley y la creación de un fondo de compensación de daños medioambientales, nutrido con recargos en las pólizas de seguro obligatorias de operadores cuyas actividades puedan causar daños medioambientales.