El Gobierno portugués, liderado por el socialista António Costa, prevé terminar 2020 con un superávit del 0,2 % del PIB, llamado a hacer historia porque sería el primero de la etapa democrática estrenada en 1974, pero polémico por la carga fiscal prevista para conseguir este objetivo.

El superávit es la estimación más llamativa de los Presupuestos para el próximo año, entregados a la Asamblea al borde de la medianoche y que el "superministro" de Finanzas, Mario Centeno, presentó hoy en una tensa comparecencia ante la prensa.

"Quienes pagan ese excedente son los contribuyentes. No consigo hacer otro análisis", respondió Centeno tras ser cuestionado repetidamente sobre si el secreto del superávit está en aumentar la presión fiscal a los portugueses, algo que negó taxativamente, al menos en términos de porcentaje sobre el PIB.

"Los ingresos fiscales en porcentaje del PIB en 2020 no aumentan", insistió Centeno, aunque el proyecto presupuestario, según la prensa portuguesa, prevé que el peso de los impuestos y contribuciones sociales suba tres décimas, hasta representar el 35 % del PIB.

La cuestión es esencial, porque estas son las primeras cuentas públicas del nuevo Ejecutivo de Costa, surgido en las elecciones del pasado 6 de octubre que dibujaron una legislatura en la que los socialistas, a apenas ocho escaños de la mayoría absoluta, han decidido gobernar en solitario.

Al contrario de lo que ocurrió en la primera legislatura de Costa (2015-2019), no hay alianzas parlamentarias con la izquierda, como el marxista Bloco de Esquerda y el Partido Comunista Portugués, con los que pretende negociar medida a medida.

En el escenario actual, al Gobierno le basta que uno de estos dos partidos se abstenga en la votación de Presupuestos, pero un impopular aumento de la carga fiscal podría complicar las negociaciones.

El proyecto incluye un ligero alivio en el impuesto sobre la renta -IRS- para colectivos específicos, como familias con dos o más hijos menores de 3 años, o la reducción del 30 % para jóvenes durante su primer año laboral, que se traduce en que pagarán 23 euros menos al mes.

La letra pequeña de las cuentas prevé que los escalones fiscales para los trabajadores se actualicen un 0,3 %, por debajo de la inflación prevista para el próximo año (entre el 1,2 % y el 1,4 %), lo que implicará una eventual pérdida de poder de compra para los portugueses.

Tampoco ha aclarado el ministro si, tal como se había filtrado, se abre la puerta a una mejora de las pensiones mínimas: "me parece llamativo que me hagan preguntas sobre cosas que no están en los presupuestos" o "esta insistencia en lo que no está me provoca alguna confusión", ha dicho.

"Dictan las buenas reglas de ejecución presupuestaria que no nos adelantemos con algunas decisiones", ha respondido ante la insistencia de la prensa.

Su malestar se ha agravado al ser cuestionado por las presuntas tensiones que estas cuentas han generado dentro del consejo de ministros, especialmente desde las carteras de Sanidad y Educación, castigadas por el ajuste en los últimos años.

"El eco de las batallas internas es un mito, no existe", ha asegurado Centeno, quien se ha visto obligado a repetir que tampoco hay ninguna divergencia con Costa, con quien el ministro de Finanzas, también presidente del Eurogrupo, discrepa en relación al futuro presupuesto para la zona euro.

"El instrumento es absolutamente innovador, insustituible para el futuro de la zona euro", ha remarcado Centeno, que admite que los recursos "son limitados" y es natural que cada estado miembro compita por sus objetivos, antes de concluir abruptamente la rueda de prensa.

El Presupuesto para 2020 recoge además un incremento de los impuestos sobre las bebidas azucaradas, el tabaco, el juego online y las corridas de toros, así como una tasa sobre los plásticos de uso único.

Incluye también incentivos para los propietarios de pisos turísticos que decidan pasar sus inmuebles al régimen de alquiler tradicional y un gravamen variable en función del consumo de electricidad, aunque la medida necesita el visto bueno de Bruselas para avanzar.

El proyecto empezará su trámite parlamentario el 9 de enero y debe someterse a votación definitiva el 6 de febrero.

Una vez aprobadas, las cuentas entrarán en vigor el 1 de marzo.