Bruselas, 2 dic (EFECOM).- El Consejo de la Unión Europea (UE), que reúne a los Estados miembros, aprobó hoy su posición para negociar con la Eurocámara la reforma de los derechos de los viajeros de tren, que pretende reforzarlos, en particular, para las personas con discapacidad, pero que también limita las indemnizaciones en casos de "fuerza mayor".

Ahora, el Consejo y la Eurocámara, los legisladores de la UE, deben negociar el texto definitivo.

El Consejo precisó en un comunicado que la posición de los países define "responsabilidades claras" en relación con la prestación de servicios de transporte ferroviario para personas con discapacidad o con movilidad reducida, también cuando se trata de estaciones no dotadas de personal y de trenes que no cuentan con personal de acompañamiento.

Asimismo, "aporta claridad a la normativa en materia de indemnización en caso de pérdida o de reparación de los equipos de movilidad".

Por otro lado, la reforma establece que los billetes deben mostrar un resumen de los derechos de los viajeros y, en caso de que no resulte factible, ha de informarse por otros medios.

.- Indemnizaciones

Una cláusula de fuerza mayor permitirá a las empresas ferroviarias no pagar indemnizaciones por retrasos o cancelaciones en circunstancias que no podrían haber evitado, tales como fenómenos meteorológicos extremos, catástrofes naturales graves o personas en la vía. Las huelgas de personal ferroviario no quedarán amparadas por esta exención.

Si un viaje incluye conexiones, antes de la compra el proveedor deberá informar al pasajero acerca de si el billete es combinado. Los que no incluyan conexiones deberán indicarlo de forma explícita.

Por otra parte, el texto establece disposiciones para aclarar y facilitar el transporte de bicicletas en los trenes, así como procedimientos y plazos de tramitación de reclamaciones más detallados para "mejorar el cumplimiento de la normativa".

En cualquier caso, se mantienen sin cambios las indemnizaciones mínimas en caso de retraso.

Aunque la propuesta fija un nivel mínimo de protección, los países pueden establecer normas más estrictas para proteger los derechos de los viajeros.

La iniciativa revisa el reglamento actual, de 2007, que se aplica a viajes y servicios nacionales e internacionales.

En cualquier caso, la organización de consumidores europeos, BEUC, consideró en un comunicado que el acuerdo entre los países "en vez de mejorar la situación en la UE para los pasajeros" que sufren retrasos o cancelaciones, "reducirá sus derechos".

La directora general de BEUC, Monique Goyens, aseguró que los países están protegiendo a los operadores de ferrocarril en vez de a los pasajeros y criticó, en particular, la posibilidad de no pagar indemnizaciones por causas "de fuerza mayor".

.- Concesión de autorizaciones

Por otro lado, los países adoptaron hoy su posición para negociar con la Eurocámara una propuesta que aspira a simplificar los procedimientos de concesión de autorizaciones y facilitar así la finalización de la red transeuropea de transporte (RTE-T).

La propuesta de directiva busca también aclarar los procedimientos que deben seguir los promotores de proyectos en lo que respecta a la concesión de autorizaciones y la contratación pública.

La red RTE-T tiene dos niveles: una red global, que garantiza la conectividad de todas las regiones de la Unión, y una red básica, que comprende aquellos elementos de la red global que son de máxima importancia estratégica para la Unión.

La iniciativa de directiva abarcará proyectos que formen parte de enlaces transfronterizos y enlaces pendientes predeterminados de la red básica de la RTE-T.

Se excluirán del ámbito de aplicación los proyectos relacionados exclusivamente con telemática y otras nuevas tecnologías, por cuanto su despliegue no está limitado a la red básica de la RTE-T.

No obstante, los Estados miembros tendrán libertad para aplicar la Directiva también a otros proyectos de la red de la RTE-T para así permitir un planteamiento armonizado más amplio en proyectos de infraestructura de transportes.

Con objeto de mejorar la eficiencia y aumentar la transparencia de los procedimientos, los Estados miembros designarán una autoridad que actúe como punto de contacto principal para el promotor del proyecto a la hora de recibir orientación sobre la presentación de documentación y otra información.

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