Roma, 15 nov (EFECOM).- El Gobierno italiano recurrió hoy la decisión de la siderúrgica ArcelorMittal de apagar los hornos de una acerería en la ciudad de Taranto (sur), que gestiona desde 2018, tras la firma de un contrato de alquiler que ahora pretende rescindir.

La compañía avanzó que dejará la planta y que desde diciembre procederá a apagar los altos hornos, en una carta difundida por los medios y enviada al Ministerio del Interior, al de Medioambiente, al Gobierno de la región de Apulia y al ayuntamiento de Taranto.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, que mantiene un pulso con los directivos de ArcelorMittal por esta cuestión, anunció que se ha recurrido esta decisión del grupo siderúrgico.

"El Gobierno no permitirá que se puede deliberadamente apagar los altos hornos, lo que significaría el final de toda perspectiva de impulso de esta inversión productiva", dijo en un comunicado.

Y sobre todo manifestó su intención de "proteger los niveles de empleo y el definitivo cumplimiento del plan de mejora ambiental".

"Arcelor Mittal está asumiendo una grandísima responsabilidad ya que la decisión prefigura una clara violación de los compromisos contractuales y un grave daño a la economía nacional. Responderá en sede judicial", avanzó el primer ministro.

Los expertos apuntan que apagar las instalaciones supondría la suspensión durante al menos unos seis meses de la actividad de esta acerería, la más grande de Europa, lo que detendría su producción y acarrearía pérdidas millonarias y pérdidas de empleo.

ArcelorMittal gestiona en régimen de alquiler desde noviembre de 2018 la planta de Taranto, que llevaba casi cuatro años bajo administración concursal y muchos más con severos problemas económicos, y está previsto que sea de su propiedad en mayo de 2021.

El problema surgió el pasado 4 de noviembre, cuando ArcelorMittal, a través de su filial italiana AM InvestCo Italy, comunicó que quería retirarse del acuerdo de compra y pedía a los administradores de la planta que se hicieran cargo de ella en el plazo de un mes.

ArcelorMittal argumentó que existían dificultades para cumplir los compromisos contractuales, después de que el Parlamento italiano haya eliminado un "escudo" que protegería penalmente a los gestores.

La planta contamina más de lo permitido desde hace años, pero dada su importancia económica y ocupacional, Italia aprobó en 2015 ese escudo que protege penalmente a los gestores hasta que reduzcan los niveles de contaminación del centro, sin interrumpir su actividad.