Madrid, 25 oct (EFECOM).- Valencia, Sevilla e Ibiza son las primeras ciudades en las que se probará el nuevo modelo de viviendas en alquiler a precios asequibles anunciado por Fomento y consistente en la cesión de suelo público para la construcción y explotación de las casas durante 50 años por parte de empresas privadas.

Este mecanismo, aún pendiente de aprobación, se podrá poner en marcha en estas ciudades y, más tarde en Madrid, porque están adscritas al Plan 20.000 Viviendas, puesto en marcha en 2018, y porque la entidad estatal de suelo Sepes tiene terrenos en ellas.

Para desarrollar y urbanizar estos suelos, Fomento habrá asignado a Sepes a finales de este año unos 100 millones de euros, según la secretaria de Estado de Vivienda, Helena Beunza, que ha señalado que trabajan con promotoras y arquitectos para redactar el pliego de la licitación de derechos de superficie de suelos durante periodos en torno a 50 años, tras el cual la vivienda pasará a ser pública.

En dicho pliego se establecerá el precio del alquiler, siempre por debajo de los precios de mercado, así como el tipo de inquilino que podrá tener acceso a esas viviendas.

Las condiciones establecidas en el pliego podrán ser mejoradas por el licitador, ha apuntado Beunza, quien ha lamentado que aún no han podido finalizar su redacción por estar el Gobierno en funciones, aunque trabajan contrarreloj para empezar a licitar lo antes posible.

En otras ciudades con precios tensionados, como Barcelona, por ahora no podrán poner en marcha este mecanismo, en caso de ser aprobado tras las elecciones, porque Sepes no dispone de suelos en la ciudad.

En esas ciudades, ha explicado a la prensa durante su visita al salón inmobiliario SIMA, habrá que comprar suelo o llegar a acuerdos con ayuntamientos y comunidades autónomas.

El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) y de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado, ha asegurado que al sector la iniciativa de Fomento les parece fantástica porque permitirá resolver el problema del acceso a la vivienda por parte de los jóvenes.

Además, permitirá dar continuidad al ciclo expansivo que atraviesa el sector inmobiliario sin estar sufriendo los vaivenes del pasado.

No obstante, ha advertido de que han puesto dos condiciones: que haya seguridad jurídica, para que las reglas del juego no cambien a mitad de los procesos; y unos márgenes de rentabilidad razonables.