San Fernando de Henares (Madrid), 17 sep (EFECOM).- Las defensas de varios exconsejeros de Bankia han rechazado este martes en la Audiencia Nacional que se falsearan las cuentas del grupo de los ejercicios 2010 y 2011, y han negado que sus representados apoyaran la salida a Bolsa con el objetivo de mantener sus puestos de consejeros, como sostienen las acusaciones y la propia Fiscalía.

Durante la exposición del informe final, el letrado del expresidente del comité de auditoría de Bankia Alberto Ibáñez ha insistido en que éste ocupaba un cargo "no ejecutivo" desde el que "no desarrolló ninguna actividad sobre la matriz, BFA, ni tuvo nada que ver con el folleto (del debut bursátil), la captación de inversores y, por supuesto, con la gestión de las cajas".

Por tanto, "nada iba a ganar asumiendo esta posición", ha apuntado el abogado Enrique Molina sobre Ibáñez, para el que el Ministerio Fiscal pide un año y medio de prisión por formular las cuentas anuales del banco de 2011 "con perfecto conocimiento de que no reflejaban la imagen fiel al no registrar los importantes ajustes correspondientes a los deterioros del grupo inmobiliario".

Molina ha asegurado que el reciente cambio de calificación de la fiscal Carmen Launa -que en su primer escrito se dirigía únicamente contra el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, y los otros tres antiguos gestores- ha vulnerado el principio de defensa de los integrantes de los comités de auditoría del grupo, a los que Anticorrupción acusa desde el pasado julio.

De igual modo, ha querido aclarar la declaración del auditor externo, también acusado, Francisco Celma, quien afirmó que no pudo concluir su informe sobre las cuentas de 2011 por falta de información, circunstancia de la que dijo haber avisado en repetidas ocasiones a BFA y Bankia.

En este sentido, Molina ha descartado que no se le proporcionara documentación relevante, como las polémicas tasaciones inmobiliarias, con lo que "no puede hablarse de un concierto" para obstaculizar su trabajo.

Por su parte, el letrado de los exconsejeros Arturo Fernández y Agustín González se ha pronunciado sobre la salida a Bolsa del banco, cuyo diseño "se hizo en atención al interés público", no para evitar el cambio de gobernanza que habría conllevado una inyección de ayudas públicas por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

A diferencia de Ibáñez, sobre ambos sólo pesa la acusación de perjudicados representados por el movimiento 15MPaRato y la asociación de consumidores Adicae.

"González, expresidente de Caja Ávila, ni siquiera quería ir a BFA, pero lo hizo porque sabía que a los dos años los representantes de las cajas más pequeñas, como él, se iban", ha asegurado el abogado Alfonso Trallero, que también ha recordado que Arturo Fernández "por entonces era presidente de la patronal madrileña y de los empresarios europeos, vicepresidente de la patronal CEOE, y tenía su grupo con más de 3.000 empleados".

Asimismo ha normalizado algunos aspectos técnicos de la operación, como el descuento del precio con el que las acciones de Bankia debutaron en Bolsa a 3,75 euros, y que, lejos de demostrar problemas, "no debía llamar la atención de nadie porque fue el que fijó el mercado".