San Fernando de Henares (Madrid), 10 sep (EFECOM).- Varias acusaciones particulares de inversores minoristas que acudieron a la salida a Bolsa de Bankia, en julio de 2011, han responsabilizado este martes en la Audiencia Nacional a los antiguos gestores de la entidad de un "fraude" que se comercializó de forma "agresiva" desde sus sucursales, valiéndose "de la confianza de su clientela".

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT), acusación popular en el caso, ha afeado ante la sala que el grupo financiero solicite su condena en costas por daño reputacional cuando "lo que le ha traído hasta el banquillo han sido sus prácticas, sus directivos y pasar de 300 millones de beneficios a 4.000 de pérdidas", en alusión a la reformulación de 2012.

Durante la exposición de su informe, el letrado de la asociación de consumidores Adicae no sólo ha cargado contra el expresidente del banco Rodrigo Rato y el que fuera su equipo directivo, sino que ha insistido en cómo el auditor externo, Francisco Celma, participó en las "argucias contables" con su falta de diligencia.

En su opinión, los entonces dirigentes del grupo del Banco Financiero y de Ahorros (BFA) "no dudaron en adoptar cualquier estrategia" para aparentar una "falsa imagen", empresa que también se sirvió del "maquillaje" en las cuentas consolidadas del ejercicio 2010.

Al respecto, ha remitido al informe de los peritos judiciales cedidos a la causa por el Banco de España, y ha aseverado que los deterioros millonarios que arrastraba BFA desde su creación se debieron, entre otros motivos, a las políticas de refinanciación de las cajas, afanadas en ocultar la gran masa de créditos sin posibilidad de recobro que incluían en sus carteras.

De este modo, ha incidido, la treintena de acusados habría tratado de evitar que afloraran las pérdidas a fin de poder continuar pagando "los complementos de los directivos, las dotaciones de la obra social y las preferentes", recurriendo para ello a "fórmulas" contables no amparadas por la normativa.

Acto seguido, el letrado de Adicae ha reiterado su petición, la más dura de cuantas se han solicitado, 15 años de prisión para Rato y el ex consejero ejecutivo de Bankia José Manuel Fernández Norniella, nueve años para el exvicepresidente del banco José Luis Olivas y el auditor, Celma, y entre tres y seis años de cárcel para los 26 exconsejeros restantes y el interventor Sergio Durá.

Mientras que para las personas jurídicas, BFA, Bankia y la firma auditora Deloitte reclama un millón de euros de multa al apreciar la existencia de "beneficio".

Los accionistas representados por el 15MpaRato han reprochado que los exgestores utilizaran información alterada en el folleto informativo de la salida a Bolsa para "transmitir a los compradores una falsa idea de solvencia", hecho del que han culpado a los exconsejeros presentes antes del salto al parqué, pues "ninguno se opuso a las decisiones".

La acusación, que pide hasta cuatro años de cárcel para Rato, Olivas y Norniella por "esconder la penosa situación" de Bankia, se ha referido además a la supuesta maniobra de engaño que rodeó el debut bursátil, incluida su campaña publicitaria y un folleto "para cubrirse las espaldas".

Sobre esto mismo se ha pronunciado la CGT, que ha secundado las conclusiones definitivas de la Fiscalía Anticorrupción y para quien las 400 páginas de información proporcionada a los inversores no pretendían documentar sobre los riesgos de la operación, sino "prefigurar una prueba" que permitiera exonerar en el futuro a los exresponsables del banco.

Igualmente ha sostenido que los números de la reformulación de las cuentas anuales de 2011 en la primavera siguiente "no se debieron a la crisis ni a la doble sierra", y ha reprochado a Bankia por solicitar la condena en costas para las acusaciones mientras "el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tiene que aumentar su capital en la entidad para poder ir asumiendo lo que se dilucida aquí".