Madrid, 27 ago (EFECOM).-Madrid, 27 ago (EFECOM).- La Abogacía del Estado ha terminado el informe escrito solicitado por Hacienda en el que rechaza que un Gobierno en funciones esté capacitado pueda actualizar las entregas a cuenta y devolver a las comunidades autónomas la liquidación del IVA, según Hacienda.

El PP registró una solicitud este lunes al Ministerio para que le remita este "supuesto" informe de la Abogacía porque, con independencia del contenido y alcance del mismo, considera que el libramiento de fondos a las autonomías no puede quedar reducido a una facultad discrecional del Estado.

Según han explicado fuentes del Ministerio de Hacienda a

El pasado jueves 22 de agosto pidió a la Abogacía del Estado que este informe verbal se tuviera por escrito, un trámite que ya ha concluido, aseguran las mismas fuentes, por lo que Hacienda no tendrá inconveniente en facilitarlo al PP, señalan.

En base a la consulta realizada, un Gobierno en funciones tiene muy limitada su capacidad de actuación y no puede actualizar las entregas a cuenta, tal y como ha trasladado en múltiples ocasiones la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, indican desde su departamento.

Y añaden que es un criterio que también defendió en 2016 el Gobierno de Mariano Rajoy.

Hacienda advierte de que la no actualización de las entregas a cuenta es una de las consecuencias del "bloqueo político" que consideran que están llevando a cabo PP y Ciudadanos, por lo que recriminan que al mismo tiempo la critiquen.

Desde el Ministerio aseguran que el compromiso en este sentido es muy claro y que la primera medida que se llevará al Consejo de Ministros una vez que se forme Gobierno será la actualización de las entregas a cuenta, a través de un Real Decreto ley.

Con anterioridad a esta información del Ministerio, el portavoz económico del PP en el Congreso, Mario Garcés, había acusado al Gobierno de querer "introducir asfixia" en las comunidades autónomas al no transferir los fondos pendientes con el "posible" objetivo de "presionar" para lograr una investidura.

En declaraciones en el Congreso, Garcés ha cuestionado que "no exista" el informe de la Abogacía del Estado prometido por la ministra Montero, sobre la viabilidad legal o no de la transferencia de recursos a las comunidades en tiempos de un Gobierno en funciones.