Nerea González

Johannesburgo, 14 ago (EFECOM).- El continente africano cuenta con un tercio de las reservas minerales del planeta y su peso es aún mayor en metales como el oro, los diamantes o el platino, por lo que se puede considerar la gran mina del mundo.

Bajo el suelo de África se esconden, por ejemplo, más del 40 % de las existencias del oro, el 55 % de los diamantes, el 66 % del cobalto y más del 80 % del platino.

Esa enorme riqueza convive con problemas que acaban afectando, de una manera u otra, a la industria extractiva; desde conflictos armados -como el del noreste de la República Democrática del Congo (RDC)- a la rampante corrupción.

La debilidad institucional y el subdesarrollo de las infraestructuras complican la actividad del sector, que tiene que lidiar, además, con complicados lazos con el pasado de colonial.

A ello, se unen la preocupación por el impacto medioambiental y el cambio climático, los potenciales problemas de salud derivados de la actividad y graves conflictos laborales por las a menudo pésimas condiciones de los trabajadores.

Pero los desafíos de la extracción intensiva -acaparada por grandes compañías occidentales o sudafricanas con incipientes inversiones asiáticas- son leves comparados con el descontrol del sector informal o de la minería ilegal, con condiciones inhumanas, muertes y hasta uso de mano de obra infantil.

Según los expertos, la minería a pequeña escala y la informal son proporcionalmente más dañinas, ya que las grandes compañías globales han mejorado sus niveles de responsabilidad.

LOS MINERALES, COLUMNA DE MUCHAS ECONOMÍAS SUBSAHARIANAS

Los minerales, sobre todo en la mitad sur del continente, son un componente fundamental de la economía regional y en algunos países se aprecia una fuerte dependencia.

Las exportaciones se dirigen sobre todo a los mercados asiáticos, entre los que destaca China, primer socio comercial.

En países como Botsuana -la democracia más estable de África y de donde salen los diamantes más valiosos del mundo-, el sector minero acaparaba en 2017 el 19 % del producto interior bruto (PIB) y el 92 % de las exportaciones, según datos del Banco Mundial (BM).

En Zambia, la minería suponía ese mismo año alrededor del 80 % de las exportaciones.

Estas se componían fundamentalmente de cobre y, en menor medida, de cobalto, un mineral clave para las nuevas tecnologías cuyos depósitos más importantes se encuentran en la República Democrática del Congo, que alberga también las mayores reservas mundiales de coltán, mineral usado en las telecomunicaciones.

Sudáfrica -la economía más industrializada del continente- se asienta sobre el suelo considerado más valioso del planeta si se excluyen los recursos energéticos, con un valor del 2,4 billones de dólares, según el BM.

Más al norte, los buenos resultados económicos de Ghana -el Foro Económico Mundial predice que será el país que más crezca en 2019- no pueden explicarse sin la aportación de sus depósitos de oro.

La dependencia de la minería, sin embargo, deja muy expuestas a estas naciones a las fluctuaciones de demanda y precios.

"El sector fue golpeado duramente por la evolución del mercado de materias primas desde 2008. Sin embargo, ha habido hasta cierto punto y con diferentes tiempos una recuperación para la mayoría de minerales", explica a Efe Charmane Russell, portavoz del Consejo Mineral de Sudáfrica, la patronal del sector.

"Muchos países en vías de desarrollo, incluidos los africanos, son significativamente dependientes de la minería. Aun así, tiene un potencial de arranque para el desarrollo", agrega Russell.

REGULACIÓN Y RIQUEZA SIN AHUYENTAR A INVERSORES, UNA ENCRUCIJADA

Pese a los desafíos, la extracción responsable es clave para el futuro de África, siempre que los países sean capaces de desarrollar un marco legal estable que permita redistribuir la riqueza e impulsar el desarrollo y sea atractivo para los inversores.

"El asunto es cómo asegurar que las recompensas sean equitativas entre los inversores, el país y las comunidades (...) Cuando los gobiernos regulan, intentan equilibrar esa ecuación. Pero nadie lo ha conseguido verdaderamente", indica a Efe Andrew Lane, consultor líder de Deloitte sobre Energía y Recursos en África.

"Creo que hay muchas fugas en el sistema, porque las minas pagan sus impuestos pero ese dinero no beneficia necesariamente a los ciudadanos", añade Lane.

Las escasas muestras de mejora económica y social han llevado a algunos países, como Tanzania, Zambia o la RDC, a incrementar considerablemente los impuestos y barreras sobre las actividades extractivas, algo que ha puesto a los inversores en jaque.

"Es un delicado equilibrio y algunos países mantienen ese equilibrio mejor que otros", apunta a Efe el analista minero Peter Major, de la consultora Mergence Corporate Solutions.

En general, los marcos regulatorios africanos tienden a ser inestables y esto, unido a problemas como la falta de infraestructuras adecuadas, mantienen al sector en un clima de incertidumbre.

"Las grandes compañías (occidentales) no están priorizando África en este momento, pero hay mucho interés de China e India en los activos africanos. Es una inversión ligeramente diferente porque gira más alrededor de asegurar suministros para ellos en el futuro", matiza Andrew Lane.

Los expertos consideran que es un momento clave para que la minería contribuya más al desarrollo y el bienestar de los africanos, pero para ello los gobiernos tienen que afinar sus políticas.

Paralelamente, la lucha por la reparación y el respeto a los derechos de las comunidades es una tendencia en alza.

"Detrás de la minería (en África) hay un reguero de desintegración social (...) Una vez has perturbado la dinámica de una comunidad, encontrar un camino para involucrarse con ella no es algo obvio, lleva mucho trabajo", explica a Efe Johan Lorenzen, abogado especializado en derechos humanos del bufete sudafricano Richard Spoor.

Su despacho es uno de los líderes regionales en conflictos legales entre comunidades y grandes compañías mineras. Incluso han logrado sentencias históricas ante proyectos con respaldo gubernamental.

"Deberíamos mejorar el diálogo entre comunidades y agentes para que no se empiece a minar y luego simplemente se pague a la gente después de hacer sus vidas intolerables", recalca Lorenzen.