San Fernando de Henares (Madrid), 17 jun (EFECOM).- Los peritos del Banco de España cedidos a la causa de la salida a Bolsa de Bankia y los propuestos por las defensas se han enzarzado este lunes en un intenso debate en el que los expertos judiciales han avivado las críticas sobre el origen del grupo BFA, que usó unas cuentas que no "reflejaban la imagen fiel" de la entidad en su salto al parqué.

Cinco años después de los dos primeros informes, Antonio Busquets y Víctor Sánchez Noguera han ratificado en la Audiencia Nacional el contenido de sus trabajos en la primera jornada de esta prueba conjunta, en la que han advertido de "anomalías" en el proceso de integración de las siete cajas.

Según Sánchez, el grupo debería haber estado capitaneado por Caja Madrid al ser la de mayor tamaño; sin embargo, se fundó una matriz inédita, BFA, a fin de poder poner los activos de las cajas a valor razonable y cargar los ajustes contra reservas.

Criterio que contravendría la normativa contable, ha desarrollado el perito, que ha asegurado que "los balances de las cajas tenían pérdidas incurridas que se tenían que haber dotado contra resultados", lo que habría supuesto "aflorar millones de pérdidas que afloraron después".

Dicha afirmación ha despertado el revuelo en un banquillo de los acusados desde donde, entre tímidas sonrisas, mostraba su disconformidad el ex consejero ejecutivo de Bankia José Manuel Fernández Norniella, uno de los pocos en acudir a la sesión, pero también en la bancada de los expertos de las defensas.

Así, Manuel García-Ayuso, que ha comparecido a instancias del socio auditor de Deloitte Francisco Celma, ha recordado a modo de reproche que otras fusiones frías siguieron la misma contabilidad, como sucedió en Banca Cívica, de la que pasó a formar parte a finales de 2010 CajaSol, en la que por entonces trabajaba el perito de la Fiscalía.

Aunque es objeto de otro bloque temático, tanto Sánchez como Busquets se han adelantado a valorar la reformulación de las cuentas de 2011, la cual consideran "una prueba más" de que los estados financieros del banco "desde el origen" no eran veraces.

Esta revisión supuso "pasar de un beneficio de 239 millones a pérdidas de más de 3.000 millones", han explicado antes de incidir en que "ninguna otra entidad de este país" revisó sus números pese a que la crisis, la mayor que se recuerda, afectó a todos por igual.

Contra esta versión se ha pronunciado el catedrático de la Universidad Carlos III Juan Zornoza, para quien los dos expertos judiciales han reconocido "cosas contrarias a la evidencia", como mostraría el informe del Banco de España en el cual se dice que en 2011 "se cometió el mayor error de previsión de la historia".

Busquets, más conciliador que su compañero, ha repetido en varias ocasiones que el regulador "muchas veces" tiene que trabajar con hechos consumados y lo que quiere es minimizar el daño.

En el careo, el catedrático Leandro Cañibano les ha reprochado su pretensión de erigirse en juristas y emitir valoraciones legales, cuando su formación es meramente económica.

Ante las dudas sobre su trabajo que han planteado letrados como el del exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas, Busquets ha defendido su profesionalidad.

"He leído los 420 tomos del sumario, los 500 folios de las distintas auditorías, he escuchado todos los audios de la instrucción y he leído el diario de las 80 sesiones de la comisión del Congreso que investigó la crisis financiera", ha incidido.

En tono firme, ha lanzado su particular contraataque a los acusados, cuyos peritos "conceden mucha importancia" a que Bankia superase en 2012 las pruebas de estrés de la Autoridad Bancaria Europea, máxime cuando se ha demostrado que aquel junio "ninguna entidad" consideró necesario mejorar su solvencia "pero la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) fue intervenida siete días después".

Nogueras y Busquets forman parte de la lista de expertos propuestos por Anticorrupción, que solicita hasta cinco años de cárcel para Rato, Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú.

Delito al que se suma el de presunta falsedad contable, que achacan las acusaciones particulares y populares a una treintena de directivos y el socio auditor.

Durante la mañana también han intervenido dos miembros de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), autores de un informe de 2013 sobre Caja Madrid a partir de documentos del Banco de España.

"Leímos una serie de informes en los que se pone de manifiesto problemas de Caja Madrid (...) Tardaron en implementar los cambios dos años. Y eso, unido a la crisis, originó un empeoramiento de las cuentas", han sentenciado.