Luxemburgo, 14 jun (EFECOM).- Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) cerraron oficialmente este viernes el procedimiento de déficit excesivo a España, tras permanecer abierto durante una década, al constatar que el país ha dejado atrás el umbral del 3 % del producto interior bruto.

Aunque la Comisión Europea ya recomendó la clausura del proceso la semana pasada, son los titulares económicos de los Veintiocho quienes toman la decisión final, en un trámite meramente formal.

España logró cerrar 2018 con un déficit público del 2,5 % de su PIB, tres décimas por encima del objetivo del 2,2 % marcado por Bruselas para ese ejercicio, pero suficiente para abandonar este procedimiento.

Durante la crisis, la mayoría de países estuvieron sujetos a este proceso, por el que la Comisión Europea vigila más estrechamente las cuentas públicas y puede exigir ajustes e incluso aplicar sanciones, pero ahora ya solo permanecía abierto para España.

La CE activó el procedimiento a España en 2009, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), después de que el país pasase de registrar un superávit del 1,9 % del PIB en 2007 a tener un déficit del 4,4 % en 2008.

El déficit público se disparó en 2009 hasta el 11 %, el máximo alcanzado durante la crisis, para bajar al 9,4 % en 2010 y repuntar al 9,6 % en 2011 y al 10,5 % en 2012. Desde entonces se ha estrechado progresivamente, aunque a menor ritmo del que exigía Bruselas.

España solicitó cuatro prórrogas para cumplir con los objetivos marcados por la Comisión, una con el Gobierno de Zapatero y tres más con el posterior Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP).

El momento más crítico del procedimiento se vivió en 2016, cuando la Comisión propuso multar y congelar fondos comunitarios a España, así como a Portugal, por no haber tomado medidas suficientes para corregir el desvío en sus cuentas públicas.

Al final Bruselas evitó imponer estas multas -unos 2.000 millones de euros en el caso español- argumentando que podría socavar la recuperación económica y concedió la cuarta y última prórroga al Gobierno, hasta 2018.

A partir de ahora, España no se librará de la vigilancia de Bruselas. El país pasará a estar bajo el denominado brazo preventivo, que se centra en evitar que el déficit vuelva a descarrilar.

La Comisión pondrá la lupa en la rebaja del déficit estructural -no ligado al ciclo económico- y vigilará más la reducción de la deuda, que supera el 97 % del PIB, y el gasto público.

Bruselas prevé que el déficit nominal español baje al 2,3 % este año y al 2 % el próximo, pero calcula que el estructural (2,7 % en 2018) aumentará al 2,9 % y 3,2 %, respectivamente.