Sara Muñoz y Eva Yraola

Madrid, 6 jun (EFECOM).- Dos años después de la resolución del Banco Popular y su venta al Santander, avalada en los últimos meses por los tribunales, la batalla judicial continúa para los antiguos gestores de la entidad, más cerca de rendir cuentas ante la Audiencia Nacional.

Aquel 7 de junio de 2017, la Junta Única de Resolución (JUR) instó al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a que liquidara el banco y procediera a amortizar sus acciones a cero, después de que el Banco Central Europeo (BCE) certificara los problemas de viabilidad de la entidad, castigada por la fuga de depósitos del mes anterior, cuando llegó a perder 2.085 millones en sólo cuatro días.

A las puertas de su segundo aniversario, las sombras sobre el destino del Popular parecen haberse esclarecido, al menos en lo que respecta a su compra a precio de saldo por el grupo de Ana Botín.

"De no haberse producido, el Popular hubiera sido liquidado con gravísimos perjuicios no sólo para los accionistas y clientes, sino también para la Administración al tenerse que hacer cargo de las pérdidas", sentenció la Audiencia Nacional en abril, cuando levantó la imputación al Santander para desconcierto de las acusaciones.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, la misma que juzga el que para muchos es la causa espejo del Popular, la salida a Bolsa de Bankia, libraba así al Santander -que continúa figurando como posible responsable civil- de enfrentarse a un severo castigo, al estimar su recurso contra la decisión del juez José Luis Calama de incorporarlo como investigado en calidad de heredero.

En contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción y del centenar de perjudicados personados, los magistrados entendieron que "en ningún caso" se había producido un enriquecimiento injusto del Santander, ya que "tuvo en cuenta su valoración económica en el momento de la compra por un euro, pero después inyectó capital".

Argumentos similares se suceden en la vía civil, donde cada vez más juzgados descartan que tras la operación subyaciera cualquier otro interés que no fuera salvaguardar la estabilidad financiera.

Pese a ello, se mantienen en la lucha los accionistas y tenedores de deuda subordinada del Popular, que desde junio de 2017 hasta finales de 2018 han completado su ofensiva con más de 1.000 reclamaciones por responsabilidad patrimonial contra el Estado por el papel del FROB, fondo de rescate español, en la resolución.

Un número de procedimientos "destacable", según la última memoria del organismo, que cifra en 262 los recursos contenciosos-administrativos, todos suspendidos hasta que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) se pronuncie sobre el proceso.

Si bien estos "contenciosos" abrieron la ofensiva legal de los inversores, que llegaron a solicitar sin éxito que la resolución se suspendiera de forma urgente, las demandas se han consolidado como el camino más rápido para que quienes no acudieron a la ventana extrajudicial abierta por el Santander puedan recuperar su dinero.

No obstante, un porcentaje elevado de accionistas confía en que pronto haya novedades en la investigación a las dos últimas cúpulas del Popular que instruye el juez Calama.

Iniciada en octubre de 2017, la causa, compuesta de dos piezas separadas, continúa a la espera de que comparezcan los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración así como el socio auditor de PwC, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

La primera parte de las pesquisas gira en torno a la ampliación de capital de 2016, de la que debería responder Ron, en tanto que la segunda versa sobre una posible manipulación del mercado con la publicación de datos e información presuntamente falsos para hacer caer el valor de los títulos, ya con Saracho al frente.

A diferencia de hace un año, las partes consultadas por Efe son optimistas, máxime después de que el pasado abril los peritos judiciales cedidos por el Banco de España aportaran su informe tras una larga demora.

En el documento, los expertos rechazaban que el Popular fuera inviable en la ampliación de capital pues "a diciembre de 2016, su patrimonio neto era de 11.088 millones" y generaba beneficios antes de provisiones por importe de 1.150 millones, aunque advertían de que las cuentas del folleto "no respetaban determinados aspectos de la normativa".

Más contundente se había mostrado tiempo antes la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que en octubre de 2018 abrió expediente por infracción "muy grave" al equipo de Ron por "aspectos" relativos a las cuentas anuales de 2016.

A pesar de que el expediente se encuentra suspendido, no han faltado las críticas de Ron al organismo, al que acusa de desplegar una maniobra de "clara autoprotección".

Lejos de limitarse a la CNMV, la contienda del que fuera presidente del Popular se extiende a su sucesor, con el que ya ha protagonizado algún desencuentro, como se vio en la comisión del Congreso sobre la crisis financiera el pasado julio.

Morbo al margen, aquel choque dialéctico entre Ron y Saracho se antoja el aperitivo de lo que podría ocurrir en la Audiencia Nacional, a la que las acusaciones piden que aproveche este aniversario para decretar la primera tanda de declaraciones.

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