La Comisión Europea ha pedido este miércoles cerrar el expediente abierto a España en 2009 por déficit excesivo, tras haber reducido el desvío de las administraciones públicas el año pasado hasta el 2,5% del PIB desde el 11% registrado hace diez años, pero también ha recomendado al Gobierno de Pedro Sánchez aprobar ajustes estructurales por valor de 7.800 millones en 2020.

Aunque la decisión todavía debe ser confirmada por los ministros de Economía y Finanzas, España pone fin a una década bajo el brazo 'corrector' del Ejecutivo comunitario, que ha marcado la política presupuestaria de tres gobiernos distintos: primero el de José Luis Rodríguez Zapatero, después el de Mariano Rajoy y finalmente el de Pedro Sánchez.

Tanto el vicepresidente del Ejecutivo comunitario para el Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, han felicitado a España por salir del procedimiento, pero ambos han recordado la necesidad de que el país siga persiguiendo unas finanzas públicas "sólidas" en los próximos años.

"La lógica del Pacto es que España y otros países deben seguir políticas presupuestarias sólidas, precisamente para evitar problemas en el futuro", ha destacado el letón. "Marca el fin de un camino largo y difícil no solamente para España, sino para toda la UE y la Eurozona", ha expresado Moscovici, quien ha recordado que con el cierre del expediente a España ya no habrá ningún país con un procedimiento abierto por déficit excesivo.

AJUSTES ADICIONALES

Las cuentas españolas pasan ahora a estar controladas en el llamado brazo 'preventivo', en el que, en lugar del déficit nominal, se tienen en cuenta los esfuerzos estructurales. Es decir, aquellos que se realizan sin tener en cuenta la aportación del ciclo económico.

En este contexto, el informe de recomendaciones advierte al Gobierno español de que "existe un riesgo de desviación significativa con respecto al ajuste presupuestario requerido en 2020" si no se producen "cambios en las políticas fiscales". Por ello, reclama a las autoridades españolas 7.800 millones en ajustes, bien mediante recortes del gasto o bien aumentando los ingresos.

"Un ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB, que corresponde a un índice de crecimiento máximo del gasto público primario neto del 0,9 %, parece adecuado", destaca el texto. El Ejecutivo comunitario también pedía el mismo esfuerzo estructural para este año.

Bruselas remarca además que España incumplirá los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en materia de deuda tanto este año como en 2020, por lo que insta a adoptar "las medidas necesarias". "La utilización de los ingresos extraordinarios que puedan obtenerse para continuar reduciendo la ratio de deuda de las Administraciones Públicas sería importante", subraya el informe.

HACIA UNA SANCIÓN PARA ITALIA

La Comisión Europea ha activado este miércoles el procedimiento para sancionar a Italia por no haber adoptado medidas suficientes para reducir su deuda pública, que supera el 130% del PIB y seguirá creciendo en los próximos años, en un paso que abre la puerta a una multa equivalente al 0,2% de su PIB, unos 3.500 millones de euros.

Aunque Bruselas también ha aprobado informes similares sobre Bélgica, Francia y Chipre, el Ejecutivo comunitario pone el acento en el caso italiano y señala que está "justificado" abrir un expediente a Roma por su excesiva deuda pública.