París, 31 may (EFECOM).- La comunidad internacional se ha puesto de acuerdo sobre un programa de trabajo para que a finales de 2020 se alcance un marco que permita luchar contra las pérdidas de ingresos fiscales de las multinacionales por la erosión de la base impositiva y la transferencia de beneficios entre países.

Los 129 países del llamado "marco inclusivo", creado para abordar esos dos problemas y conocido como BEPS por sus siglas en inglés, adoptaron el documento en una reunión de dos días celebrada el martes y el miércoles, explicó este viernes en un comunicado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), coordinadora de los trabajos.

Ese programa consensuado por los 289 delegados que participaron en el encuentro será presentado por el secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, en la reunión ministerial del G20 que se celebrará los 8 y 9 de junio en Fukukoa, en Japón.

Se trata de resolver los problemas técnicos en los dos desafíos que se han planteado.

El primero consiste en explorar soluciones posibles para determinar dónde deben pagar las multinacionales sus impuestos, sobre qué bases, así como la parte de los beneficios que podrían o deberían ser objeto de imposición en las jurisdicciones en las que se sitúan sus clientes o sus usuarios.

Eso responde a una realidad muy extendida, en particular en el sector digital, por la que las empresas declaran sus beneficios en las jurisdicciones que les resultan más favorables desde el punto de vista fiscal, y no donde tienen su negocio.

El segundo se refiere a la puesta en marcha de un sistema que garantice que las multinacionales -las que operan en actividades digitales y las otras- pagan un nivel mínimo de impuestos.

La OCDE había estimado en 2015 que a causa de las prácticas de las empresas de desviar la declaración de beneficios a los países que les ofrecían menores impuestos las arcas públicas dejaban de ingresar hasta 240.000 millones de dólares, equivalentes a un 10 % de la recaudación fiscal global.

El trabajo técnico que se va a llevar a cabo deberá completarse con una evaluación del impacto que tendrían las propuestas que se hagan para la recaudación fiscal, para el crecimiento y para las inversiones de los Gobiernos.

El objetivo que se busca es lograr un compromiso político de carácter global y coordinado lo más pronto posible.

Para que todo pueda estar finalizado en 2020 lo ideal sería que se consiguiera antes de finales de 2019.

Gurría consideró que este programa de trabajo permite "progresos importantes" pero también que "queda todavía mucho trabajo" para cumplir los plazos.

Por eso insistió en que ahora tiene que haber "un apoyo político fuerte en favor de una solución que mantenga, refuerce y mejore el sistema fiscal internacional".