UGT no va admitir que el Gobierno y Alcoa se escuden en los plazos para incumplir los acuerdos alcanzados para tratar de impedir el cierre de las plantas de Avilés y La Coruña y ha advertido de que recurrirá a la movilización y a la vía jurídica para que se respeten.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha lanzado este jueves la advertencia tras reunirse en Oviedo con las secciones sindicales de las plantas de Alcoa de Avilés, La Coruña y Lugo para analizar la situación de la empresa y de los compromisos suscritos entre las partes hace unos meses.

Los acuerdos pasan por abrir un plazo, que termina el 30 de junio, para hallar un posible inversor en las dos plantas para las que Alcoa ha planteado el cierre y que dan empleo a 686 trabajadores.

La multinacional estadounidense se comprometió también a destinar 20 millones de euros a cada una de las factorías para arrancar las cubas de electrólisis si se encontraba un comprador, mientras que el Estado, entre otros puntos, se había comprometido a aprobar un estatuto para las industrias electrointensivas que garantizase a los inversores un precio competitivo de la energía.

Álvarez ha pedido al nuevo Gobierno que apruebe "cuanto antes" ese estatuto, que se ha visto retrasado por las elecciones generales del 28 de abril, y a los grupos parlamentarios que se comprometan con su ratificación para dar garantías a los posibles inversores de un precio competitivo de la electricidad, el principal coste para este tipo de industrias.

Este retraso no puede ser, en su opinión, un impedimento para que los acuerdos comprometidos se cumplan, aunque sea fuera de plazo, para poder adjudicar las dos plantas a uno o varios inversores.

Los sindicatos, ha insistido Álvarez, no van a aceptar ninguna excusa que avale posibles incumplimientos y ha añadido que, si tienen que movilizarse, lo harán sin esperar al último día del plazo.

Asimismo, ha advertido de que en este proceso todos tienen algo que perder, además de los trabajadores, porque el Gobierno tiene en juego su credibilidad y Alcoa tiene en contra elementos jurídicos suficientes como para que se plantee no mirar hacia otro lado.

El dirigente de UGT ha reconocido que los acuerdos fueron arrancados al Gobierno "a regañadientes" pero que, tras un periodo electoral en el que se ha hablado mucho del cambio de modelo productivo y de transición ecológica, no va a permitir que se olviden de ellos.

España tiene que tomar medidas para que el precio de la energía no sea diferente al de Alemania o Francia y la Unión Europea también tiene que utilizar los aranceles par proteger a sus industrias, ha dicho en vísperas de reunirse también con delegados sindicales de ArcelorMittal, que ha anunciado en Asturias una reducción de 700.000 toneladas de producción por los elevados precios de la energía.

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha asumido que la situación es "muy difícil" y que la realidad es que "el tiempo de Alcoa se termina y que estos trabajadores, a día de hoy, están en la calle".