La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado este jueves en los Juzgados de Móstoles su primera demanda civil en representación de los socios que adquirieron acciones en la ampliación de capital del Banco Popular en 2016 o en el mercado secundario.

Hasta 300 socios que perdieron su dinero tras la repentina resolución del Banco Popular el 7 de junio de 2017, representados por la OCU, acuden en esta primera demanda a los tribunales para reclamar un importe total de más de 7,5 millones de euros -a los que habría que sumar intereses y costas-.

La OCU acompaña la demanda con un informe pericial que fundamenta "la ocultación que se hizo a los accionistas de la situación financiera real de la entidad", lo que, según la asociación, "provocó un año más tarde la resolución del Banco Popular y la pérdida de la inversión" de los socios afectados.

Los afectados, tanto si adquirieron sus acciones directamente en la ampliación de capital o con posterioridad a través del mercado secundario, piden mediante esta acción judicial "la devolución de las cantidades invertidas o la indemnización por daños con los intereses legales".

La portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, ha declarado a las puertas de los juzgados que "todas aquellas personas que desde febrero de 2012 tenían alguna acción del Banco Popular o han vendido" pueden acudir a esa demanda civil y sumarse a estos primeros 300 afectados a los que ya representa la OCU.

"Estamos haciendo todo lo posible en todos los ámbitos, en todas las jurisdicciones para obtener el dinero que han perdido", ha insistido Izverniceanu, acompañada de los abogados Eliseo Martínez y Carlos López Mélida, del bufete IUS + Aequitas, que ejercen la representación legal en nombre de la OCU.

Los abogados han explicado que durante 2018 y lo que va de año han redactado un informe pericial para fundamentar las demandas, el cual recoge "todos los elementos objetivos y acontecimientos sucedidos hasta la fecha que evidencian cómo las cuentas de Banco Popular no reflejaban la imagen fiel desde el ejercicio 2011".

La OCU completa con esta demanda, ha recordado Martínez, "todas las acciones posibles" en defensa de los socios afectados y repasa el estado de todas las acciones judiciales iniciadas por esta organización en las diferentes vías jurisdiccionales.

La OCU presentó en junio de 2017 una querella ante la Audiencia Nacional contra los antiguos administradores del Banco, su auditora PwC y socio responsable de auditoría, que en la actualidad "sigue en fase de instrucción", ha subrayado el abogado Eliseo Martínez.

Se presentó también un recurso contra la propia decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de la resolución del Banco Popular y contra la denegación de la JUR y del Banco Central Europeo de acceso completo a la información de soporte de aquella Decisión, actualmente en trámite.

La OCU ha acudido también a la vía contencioso-administrativa, con la puesta en marcha de un procedimiento contra el FROB, el cual ha sido suspendido "hasta que haya una resolución definitiva de los procedimientos que a nivel europeo se han abierto contra la decisión de resolver el banco adoptada por la JUR", según la fuente.

La OCU ha puesto en marcha además de estas acciones una solicitud de responsabilidad patrimonial al Banco de España, que se encuentra "pendiente de resolución", ha añadido Martínez.