Atenas, 8 may (EFECOM).- Las instituciones acreedoras de Grecia concluyeron este miércoles su tercera visita del periodo posterior al rescate sin pronunciarse sobre las medidas sociales y de alivio fiscal anunciadas el martes por el primer ministro, Alexis Tsipras.

Los representantes de la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE), el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) fueron informados de estas medidas en la última de tres jornadas, afirmaron fuentes gubernamentales.

Ambas partes acordaron que el debate sobre esta cuestión "continuará en temas concretos", de acuerdo con las citadas fuentes.

La supervisión estuvo enfocada en las previsiones fiscales hasta 2022, cuando Grecia debe obtener anualmente un superávit primario -que excluye el pago del interés de la deuda- del 3,5 % del producto interior bruto. El Gobierno sostiene que superará con creces este objetivo.

El gobierno espera financiar durante los próximos cuatro años medidas sociales y de alivio fiscal con el margen de alrededor de 5.500 millones de euros que resultará de cumplir de sobra los objetivos.

Tsipras anunció el martes una rebaja inmediata del IVA a la restauración y a la alimentación, del 24 % actual al 13%; y del 13 % al 6 % el de la luz y el gas.

Añadió que se restaura inmediatamente la decimotercera paga de los jubilados, extraordinaria que será íntegra para las pensiones por debajo de 500 euros y parcial para todas las que superen esta cantidad.

El primer ministro informó además de que se ha abierto una cuenta especial en la que se depositarán 5.500 millones de euros procedentes del colchón financiero que dispone Grecia (fruto del rescate) que servirá como garantía adicional para los acreedores.

Los anuncios de Tsipras se produjeron tan solo un día después de que el gobierno presentase en el Parlamento un borrador de ley que facilita la devolución de deudas a Hacienda, a la Seguridad Social y a los municipios en hasta 120 plazos.

Podrán beneficiarse casi cuatro millones de personas, la mayoría con deudas inferiores a 3.000 euros, y más de 100.000 empresas.

Otros temas que los acreedores examinaron con el gobierno fueron el progreso del programa de privatizaciones, que va atrasado y la reducción de la deuda del Estado con empresas e individuos.