Madrid, 4 abr (EFECOM).- Metrovacesa ha recibido este jueves la aprobación inicial del Ayuntamiento de Madrid para el desarrollo urbanístico de 89.000 metros cuadrados junto a la antigua sede de Clesa, cuya fábrica se conservará como centro cultural, con una inversión por la empresa inmobiliaria superior a los 260 millones de euros.

Fuentes de Metrovacesa han informado de que serán construidos en esa zona del norte de Madrid nuevos edificios de uso mixto, que albergará oficinas, apartamentos turísticos, residencias de estudiantes y espacios comerciales.

Se ubicarán alrededor de las dieciséis naves industriales de la empresa láctea Clesa, junto al hospital Ramón y Cajal y la estación ferroviaria homónima, que será ampliada.

La antigua fábrica, de 38.000 metros cuadrados, que es patrimonio histórico protegido, será cedida al Ayuntamiento para que le dé un uso cultural público.

El complejo de Clesa, inaugurado en 1962, fue diseñado en 1959 por el arquitecto Alejandro de la Sota.

El gobierno municipal de Ahora Madrid exigió a Metrovacesa hace tres años un replanteamiento del proyecto, para conservar la antigua fábrica en su totalidad y no únicamente sus elementos relevantes, así como autorizó usos terciarios y evitó la construcción de viviendas, según ha informado el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, en rueda de prensa.

La tramitación urbanística tras la aprobación inicial este jueves por la Junta de Gobierno municipal de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) está previsto que se prolongue cerca de un año, durante el próximo mandato municipal, tras las elecciones del 26 de mayo.

En 2015, Metrovacesa y el Colegio Oficial de Arquitectos (COAM) hicieron un concurso de ideas que recibió 82 propuestas, de las que tres fueron premiadas: "La fábrica cultural", de Pedro Pitarch; "Mil reflejos", de Patricia Fernández, y "Factory garden", de Adrián Martínez y Pablo Izaga.

En 2011, un juzgado de primera instancia de Madrid ordenó a Clesa el abandono de su sede central y ese mismo año la empresa láctea acordó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para extinguir los contratos de los 361 trabajadores de la planta.