(Actualiza la EC3614 tras el resultado favorable de la votación)

Madrid, 3 abr (EFECOM).- El decreto ley sobre medidas urgentes en materia de vivienda, que modifica varias normas, entre ellas la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para dar más protección a los inquilinos, ha sido convalidado este miércoles por la Diputación Permanente del Congreso, pese al voto en contra del PP y Ciudadanos.

Los 31 diputados de esos dos grupos se han opuesto y el representante de UPN se ha abstenido, frente a 33 síes de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCat, Compromís y EH Bildu.

El 22 de enero el Pleno del Congreso tumbó un anterior decreto ley con medidas urgentes sobre vivienda, que había sido aprobado en diciembre y estuvo en vigor cinco semanas.

El debate de este decreto ja sido el cuarto de los seis de la sesión en la Diputación Permanente de hoy, los seis para la convalidación de decretos leyes y los seis finalmente aprobados.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha defendido ante la Diputación Permanente la necesidad y la urgencia de este nuevo decreto, para ofrecer "mayor seguridad y certidumbre al inquilino".

Entre otras medidas, recoge un aumento de la prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento hasta los cinco años -como regía hasta la modificación legal de 2013- (o siete años si el arrendador es persona jurídica), así como un incremento de uno a dos meses del plazo de preaviso y una ampliación de la prórroga tácita de uno a tres años.

Ábalos también ha destacado la obligación de crear en el plazo de ocho meses un índice estatal de referencia del precio del alquiler de vivienda.

Eloy Suárez (PP) considera el decreto "ni extraordinario ni urgente" y "un engaño electoral más del Partido Socialista".

"Va a provocar restricción en la oferta" de viviendas en el mercado de alquiler, ha vaticinado Suárez, y en ello ha coincidido con Juan Carlos Girauta (Ciudadanos), quien augura que el Gobierno "va a conseguir lo contrario de lo que se propone".

Por Unidos Podemos, Rafael Mayoral ha matizado que contiene medidas para respetar a los inquilinos con contrato en vigor, aunque echa en falta "más mano dura contra los buitres", en referencia a los grandes tenedores de viviendas en alquiler.

Joan Tardà (ERC) anunciaba el sí en la votación aunque echó de menos que se faciliten a los ayuntamientos "herramientas que permitan regular el precio del alquiler en base a instrumentos de fiscalidad". Tardá intentó que se transformara en proyecto de ley para introducir enmiendas.

Una opción que se ha votado tras la convalidación, aunque no ha salido adelante por 55 votos en contra, frente a 9 a favor y una abstención.

Carles Campuzano (PDeCat), pese a su sí, ha lamentado que no se empodere a los gobiernos locales, mientras Marian Beitialarrangoitia (Bildu) cree que si no se actúa ante el precio inicial del alquiler, la subida según la inflación (IPC) que ha sido fijada puede seguir siendo "inasumible" por muchas familias.