(Actualiza la EC4379 con más detalles de la herencia) 

Madrid, 21 mar (EFECOM).- Los albaceas de la herencia del presidente de El Corte Inglés Isidoro Álvarez, fallecido en 2014, han asegurado este jueves ante el juez que el reparto de los bienes del empresario entre sus herederos y legatarios se hizo cumpliendo con su voluntad y que todos conocían el procedimiento seguido.

Dos de los tres albaceas, contadores y repartidores de la herencia han declarado como testigos en el procedimiento que se sigue en el juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid por la demanda interpuesta por los hermanos del empresario, María Antonia y César Álvarez -madre y tío del ex presidente del grupo Dimas Gimeno- contra las hijas adoptivas de éste, Marta y Cristina.

Estaba previsto que los cuatro comparecieran ante el juez, aunque finalmente las partes han renunciado a sus declaraciones por lo que no han tenido que acudir al juicio, que ha quedado visto para sentencia.

Los demandantes acusan a las demandadas de "vaciar" IASA, sociedad que aglutinaba la mayoría de los bienes de Álvarez y en la que ahora sólo están depositadas las acciones que éste tenía de El Corte Inglés, equivalentes al 22,18 % del capital de la compañía, valorado en más de 1.200 millones de euros.

María Antonia y César impugnaron la Junta de Accionistas de IASA que en septiembre de 2016 aprobó reducir su capital social de 121,5 millones a 50.000 euros, acción que, según los demandantes, se hizo sin su conocimiento y participación.

Además, denuncian que sólo se beneficiaron de esa operación Marta y Cristina Álvarez, pues fueron las únicas que recibieron el capital sacado de la sociedad, en vez de ser repartido entre los cinco herederos.

No obstante, fuentes conocedoras de la herencia, han asegurado que Gimeno y su familia recibieron antes los bienes que les correspondía como fincas, casas o plazas de garaje.

Por su parte, los albaceas Antonio Hernández-Gil, secretario de los consejos de administración de IASA y de El Corte Inglés; y Carlos Martínez Echevarría, histórico consejero del grupo, han sostenido que toda la operación se hizo en conocimiento de todos los afectados y con el asesoramiento de los despachos de abogados Garrigues (albaceas) y Uría Menéndez (familia de Gimeno).

Martínez Echevarría ha explicado que el cuaderno de reparto de la herencia se hizo cumpliendo estrictamente con las últimas voluntades de Isidoro Álvarez, quien en su testamento habría detallado lo que recibiría cada uno de sus herederos.

Según el ejecutivo, la voluntad del fallecido era que IASA se quedara únicamente con las acciones de El Corte Inglés y los dividendos generados y que el 22,18 % del grupo quedara en manos de sus hijas adoptivas (15,18 % a partes iguales), su sobrino Gimeno (3 %) y sus hermanos (2 % cada uno).

Por ello, se redujo el capital de IASA y, posteriormente, se repartió la sociedad entre los herederos -34,2 % Cristina, 34,2 % Marta, 9,016 % César, 9,016 % María Antonia y 13,526 % Dimas Gimeno-.

"Su voluntad era que IASA quedara reducida a eso, se pudo disolver la sociedad y que se adjudicaran los bienes, pero él quería que las acciones se mantuvieran unidas al menos durante unos 10 años", ha afirmado Martínez Echevarría. 

Hernández-Gil ha sostenido que María Antonia y César no participaron en la Junta que aprobó la reducción de capital porque en ese momento no eran socios de IASA.

Ha insistido en que todos eran conocedores del procedimiento que se seguiría para repartir la herencia y que nadie presentó objeciones hasta la fecha en la que se interpuso la demanda, más de un año después de la celebración de la Junta.

En el momento de la aprobación del cuaderno de partición de la herencia, el valor tributario de IASA ascendía a 1.202 millones de euros por las acciones, a los que sumaron 15 millones por los dividendos devengados por éstas desde el fallecimiento de Álvarez, en septiembre de 2014 hasta el momento del reparto, septiembre de 2016, ha añadido.

El juicio se ha celebrado este jueves después de que otro juez desestimara recientemente la demanda interpuesta en abril de 2018 por María Antonia para pedir la nulidad de la aprobación de las cuentas del la sociedad de 2016.