El Gobierno ha celebrado este viernes el último Consejo de Ministros antes de la disolución de las Cortes el próximo marte como paso previo a las elecciones generales del próximo 28 de abril. El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene intención de tomar nuevas medidas hasta esa fecha, pero las aprobadas en este Consejo de Ministros por decreto ley son especialmente relevantes en materia de vivienda e igualdad.

El nuevo real decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler introduce como principal novedad un índice estatal de referencia, vinculando las subidas del precio de los alquileres al IPC. Esta medida solo será para los nuevos contratos que se suscriban desde la entrada en vigor del real decreto y no tendrá efecto retroactivo, puesto que sería difícil determinar qué consecuencias podría tener si afectase a los contratos vigentes. 

Del mismo modo, permitirá la existencia de bonificaciones, fundamentalmente en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que podrán ser ordenadas por cada comunidad autónoma. Sin embargo, renuncia a que esa bonificación sea del 80%, tal y como recogía el borrador del real decreto, para dejar en manos de las comunidades la decisión final. 

Según ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, estas bonificaciones se extenderían a las políticas tributarias locales con el objetivo de poder promocionar a quienes alquilan las viviendas y disponer de suficiente oferta, especialmente para gente joven.

Calvo ha afirmado que el Gobierno es consciente de la preocupación existente sobre los problemas habitacionales en España, particularmente para los jóvenes, por lo que se pretende dar un "giro social" a la política de vivienda, con novedades que refuerzan una "mirada social profunda" sobre el derecho de vivienda y el uso social respecto al anterior real decreto que "se mejora y completa". En este contexto, el decreto incluye medidas también para mitigar el drama de los deshaucios, obligando a que se comuniquen estos procesos a los servicios sociales de los ayuntamientos con oferta de vivienda para evitar situaciones de "precariedad extrema". 

La ministra ha reconocido, sin embargo, que este real decreto ley no servirá para atajar el problema global del alquiler en España, algo que ha achacado a la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Calvo ha defendido que el Gobierno no ha ahorrado "ni un solo espacio por ningún tipo de cobardía" en afrontar el problema de la vivienda, pero ha recalcado que si se hubiesen aprobado los Presupuestos se habrían implementado políticas de vivienda con objetivos que trascenderían "por mucho" las medidas del decreto.

En concreto, se habrían aprobado medidas para ayudar a las administraciones locales de cara a los planes de vivienda, la rehabilitación para reaprovechar el parque de viviendas existente, y para viviendas sociales, particularmente para viviendas sociales de alquiler, ya que "apenas existe" en la actualidad. "Esa es nuestra verdadera política de vivienda, no la podemos desplegar en su plenitud porque hemos estado en las circunstancias que hemos estado, incluida la paralización de los PGE, que incluida decisiones muy importantes en materia de vivienda", ha enfatizado.