Madrid, 20 feb (EFECOM).- El Grupo Conferedal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado esta tarde un proposición de ley de medidas contra la fuga de empresas subvencionadas del sector industrial, entre ellas la obligatoriedad de permanecer al menos 10 años más en España una vez recibida la ayuda del Estado.

La iniciativa legislativa contra la deslocalización, elaborada antes del reciente anuncio de convocatoria de elecciones generales, incluye en este apartado el reintegro por parte de las empresas del "doble o triple" de las cantidades percibidas en caso de incumplimiento e infracción muy grave, con sus intereses de demora.

No obstante, la inminente disolución de las Cortes impedirá la tramitación de esta propuesta de ley y quedará pendiente para una próxima legislatura, ha confirmado en conferencia de prensa el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafael Mayoral.

La diputada de mismo grupo Yolanda Díaz ha defendido la propuesta poniendo como ejemplos los cierres de empresas como Alcoa, La Naval o Vestas.

Ha apuntado que la iniciativa legislativa pretende impedir que este tipo de empresas "se marchen una vez han llenado sus bolsillos" de subvenciones públicas.

Díaz ha añadido que "hay que acabar con el modelo" de deslocalización de las grandes empresas, para lo que ha exigido la firma de un contrato de permanencia con aquellas beneficiarias de subvenciones, así como la aplicación de un régimen sancionador.

Según su criterio "hay que ubicar industrias de enclave" en España y ha añadido que la fuga de empresas "deja impactos ambientales y miles de personas en el desempleo".

Unidos Podemos ha cuestionado asimismo el papel de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).

El grupo parlamentario opina que la Sepi "ha servido para liquidar" empresas públicas y añade que "debe ser un pulmón para redimensionar las 15 empresas industriales que aglutinan a casi 80.000 trabajadores".