La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra los sindicatos y las empresas del Puerto de Vigo por aplicar un "pacto extraestatutario" en el sector de la estiba que lleva en funcionamiento desde 1996. En concreto, el expediente sancionador afecta a los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y Confederación Intersindical Gallega (CIG) y a las empresas Líneas Marítimas Españolas, Bergé Marítima, Estibadora GAllega, Terminales Marítimas de Vigo y Perez Torres Marítima.

La CNMC advierte de la existencia de "posibles prácticas anticompetitivas" en un momento en el que el sector de la estiba está en el ojo del huracán tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a España a reformar el sector para introducir mecanismos que incrementen la competencia. El expediente sancionador ya estaba en marcha antes del estallido de la polémica. Como indica la CNMC, ya había iniciado "una información reservada que permitió detectar indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas por la normativa de competencia".

En concreto, Competencia ha localizado la aplicación, por parte de las entidades incluidas en el expediente, de "un pacto extraestatutario firmado en el año 1996" por el cual regulan "las relaciones laborales en el ámbito de la estiba en el Puerto de Vigo". Esto es, un acuerdo entre empresas y sindicatos por el que se limita la libre competencia en el sector de la estiba.

El Gobierno da una semana de plazo

Fue este mismo miércoles cuando, después de dos reuniones infructuosas con los estibadores, Fomento ofreció retrasar la aprobación del Real Decreto de la reforma de la estiba si los sindicatos se sentaban a negociar (de nuevo) y desconvocaban la huelga convocada para los días 20, 22 y 24 de este mes, condiciones que aceptaron.

No obstante, el plazo que les ofreció no es demasiado largo: en lugar de aprobarlo en el Consejo de Ministros de este viernes, lo haría en el siguiente.

Lo único que es firme en esta negociación es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2014. Si no se modifica el actual modelo de estiba, el Estado deberá pagar 134.000 euros al día por no cumplir la normativa comunitaria a partir del momento en el que se publique la segunda sentencia del Tribunal de la Unión Europea, que "está al caer", asegura el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que apunta que el Estado ya debe 21 millones de euros.

La sentencia implica que las empresas del sector deben poder contratar libremente a sus trabajadores. Hoy, con el sistema actual, las compañías estibadoras no pueden contratar a quienes quieran, sino que están obligadas a contratar a trabajadores puestos a su disposición por las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (Sagep), en cuyo capital están, además, obligadas a participar.