Era uno de los puntos más relevantes del pacto de investidura, pero el Gobierno ha dejado correr el tiempo hasta agotarse la cuenta atrás que había marcado Ciudadanos. El día clave fue el 30 de noviembre, momento en el que se cumplieron cuatro años desde el final de la Declaración Tributaria Especial (DTE) con la que el Gobierno permitió a los defraudadores aflorar su dinero negro sin sanciones. Esta fecha es importante porque a partir del cuarto año la Agencia Tributaria las declaraciones prescriben, por lo que la Agencia Tributaria ya no puede realizar investigaciones.

El PP y Ciudadanos acordaron en su pacto de investidura “realizar una revisión para garantizar que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10% previsto en la misma por las cantidades afloradas”. El Estado dejó de ingresar 2.800 millones de euros debido a una aplicación laxa de la norma basada en una interpretación de la Dirección General de Tributos, que es lo que Ciudadanos quiere revertir. Sin embargo, una buena parte de las esperanzas de recuperar este dinero han desaparecido una vez que ha pasado el 30 de noviembre. Para Francisco de la Torre, portavoz del partido en la Comisión de Hacienda, el plazo para que la Agencia Tributaria iniciase las comprobaciones expiró en esta fecha.

No lo ve así el Gobierno que cree que la declaración no prescribe y que, por tanto, la Agencia Tributaria podrá iniciar las investigaciones en cualquier momento. De hecho, recuerda que la AEAT nunca notifica cuándo se inicien las investigaciones, por lo que tampoco lo hará en esta ocasión. Para de la Torre esta interpretación de que la declaración no prescribe es errónea, por lo que ha exigido a Hacienda “los informes jurídicos que lo avalen”.

Con independencia de las consideraciones jurídicas de lo que se considere prescripción, las cartas sin acuse de recibo no paran la prescripción

Sin embargo, después de insistir al Gobierno durante meses, finalmente Ciudadanos se ha resignado a aceptar la estrategia del PP de dejar pasar el tiempo. Para la formación naranja, el objetivo ahora pasa por instar al Gobierno a que ponga en marcha las investigaciones lo antes posible. De la Torre reclamó en el Pleno del martes “que la Agencia Tributaria ponga en conocimiento de los órganos jurisdiccionales los casos en los que sospeche que hay personas que se beneficiaron de la amnistía fiscal”. De este modo Ciudadanos se protege de la posible prescripción de las declaraciones cargando la responsabilidad de la investigación sobre la Justicia y no sobre la Agencia Tributaria.

La politización de la Agencia Tributaria

Ciudadanos exigió al Gobierno que enviara a todas las personas que se acogieron a la amnistía una carta informando del inicio de las investigaciones. Esto hubiese paralizado la prescripción durante 18 meses más. Hacienda no hizo caso a las peticiones y, en su lugar, envió una carta en la que se refería a una cuestión diferente. Un gesto para tranquilizar a Ciudadanos pero que no tenía ningún efecto real.

En la carta se informaba de que “la AEAT ha realizado y continúa realizando un seguimiento exhaustivo de los contribuyentes presentadores del modelo 750 para garantizar que dichos contribuyentes han realizado una regularización completa de toda su situación tributaria”. En otras palabras: la Agencia investiga si los declarantes todavía mantienen bienes ocultos, pero nada relacionado con la amnistía fiscal.

Para parar la prescripción es necesario que la notificación de la Agencia Tributaria se envíe con acuse de recibo, para asegurar que la información llega a todas las personas afectadas. Sin embargo no se hizo así, lo que para Ciudadanos significa que no se frenó la prescripción. Una vez más el cruce de interpretaciones entre los dos socios de investidura.

Esto no parece un sistema serio para despolitizar la Agencia Tributaria, no sé lo de incluir logos se va a poner de moda

La formación naranja cree que la carta que envió la Agencia Tributaria tiene un agravante en el documento que adjuntaba. En el sobre se incluía la Proposición No de Ley (PNL) que llevó Ciudadanos a la Comisión de Hacienda en la que instaba al Gobierno a iniciar las investigaciones de la amnistía fiscal. “Esto no parece un sistema serio para despolitizar la Agencia Tributaria”, denunció de la Torre en el Congreso, “no sé si esto de incluir logos se va a poner de moda”.

Ciudadanos considera que las actuaciones de la Agencia Tributaria deberían alejarse del poder político y, simplemente, ajustarse a la legislación vigente. En cualquier caso, la aprobación de la PNL contó con el voto favorable de todos los partidos, incluido el Grupo Popular.