Los trabajos de puesta en marcha de la plataforma subterránea de gas Castor no tuvieron ninguna relación con los 512 seísmos registrados en la zona. Así lo ha declarado este lunes el presidente de Escal UGS (la promotora que desarrolló el almacén situado a 22 kilómetros de la costa de Vinaròs, en Castellón), Recaredo del Potro, durante su interrogatorio como imputado en el juzgado de Vinaròs que investiga el caso. Del Potro, según han informado los abogados de la acusación popular que ejerce la asociación Arca Ibérica, no da validez a los dos informes oficiales que determinaron la relación directa entre la inyección de gas y los terremotos y ha negado en todo momento que el Castor fuera el causante de la crisis sísmica. “Lo ha atribuido a una sismicidad natural y a una coincidencia en el tiempo”, han indicado los letrados.

El presidente de Escal UGS estaba citado a las 9.30 horas. Ha sido interrogado durante unas cuatro horas ante el juez que instruye la causa por presuntos delitos de prevaricación medioambiental –que se atribuyen a los responsables de la Administración y técnicos que participaron en la tramitación- y presuntos delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales –que son las acusaciones que pesan sobre la empresa-. Del Potro no ha hecho declaraciones a su salida, que ha estado protagonizada por la protesta de una plataforma vecinal. Con la declaración hoy la instrucción entra en una segunda fase. En concreto, la de averiguar el papel que jugaron los responsables de Escal UGS en el fiasco del Castor y, sobre todo, si actuaron correctamente durante la crisis sísmica que sacudió Vinaròs y zonas colindantes hace dos años.

La denuncia de la Fiscalía de Castellón que derivó en la apertura de la presente causa recoge que la promotora conocía las denuncias que varias plataformas habían hecho sobre la necesidad de estudiar el riesgo sísmico. De hecho, así se lo trasladó el 18 de enero de 2006 la propia Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente a Del Potro con un escrito en el que le pedía estudiar este aspecto. “Sin embargo, aquellas advertencias y requerimientos fueron obviados por el promotor y consentidos por la administración”, recoge el escrito de Fiscalía.

El Ministerio Público muestra su sorpresa por el hecho de que Escal UGS obviara esta petición al alegar que las denuncias eran “afirmaciones carentes de fundamento científico”. Un informe de la unidad técnica de la Fiscalía de la Sala de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado hace constar que la promotora se apartó de una “actuación responsable” por no realizar estos estudios y alegar únicamente que no eran necesarios. El presidente, Recaredo del Potro, será interpelado ha sido interpelado este lunes sobre el motivo por el que no estudiaron, como así les requirió la Administración, el riesgo sísmico. En este sentido, siempre según la acusación popular, Del Potro ha asegurado que se hicieron todos los informes sísmicos pertinentes, que se centraron exclusivamente en la falla Amposta y que tampoco están de acuerdo con la existencia de la falla Castor, que fue la que los técnicos detectaron tras los seísmos (antes desconocida) y a la que apuntaron como la causante de los movimientos de tierra.

LAS CUESTIONES A ACLARAR POR LA PROMOTORA

Recaredo del Potro como presidente de Escal UGS y todo el consejo de administración están imputados por un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales de los artículos 325 y 326-e del Código Penal. Lo están, según la Fiscalía, porque no adoptaron las cautelas exigidas ante una “evidente” situación de riesgo tras los sucesivos seísmos. La población llegó a sentir 15 terremotos y la Generalitat Valenciana tuvo que activar el plan especial ante riesgo sísmico por un terremoto de magnitud 4,2. El Ministerio Público sostiene que la empresa ocasionó con su comportamiento (no parar inmediatamente las inyecciones de gas) un “grave riesgo” para la salud de las personas y el ecosistema.

La promotora no paralizó las inyecciones de gas cuando el Observatorio del Ebro (una institución que alertó del riesgo de esta actividad en 2005 con un informe no tenido en cuenta y que era la encargada de monitorizar los seísmos en la zona del Castor) se lo pidió el 13 de septiembre. La paralización oficial ordenada por el Ministerio de Industria no llegaría hasta trece días después. En este sentido, Del Potro ha asegurado que el Ministerio de Industria y el director de la Red Sísmica Nacional estaban al corriente de todos los datos y que no hubo riesgo en ningún momento. Según la acusación, el presidente del proyecto ha llegado a comparar los movimientos registrados con los temblores provocados por el paso de un camión. La población de Vinaròs y los municipios colindantes llegaron a sentir 15 de los 512 seísmos, uno de ellos alcanzó la magnitud de 4,2.