El Gobierno ha adoptado una decisión inédita desde que pusiera en marcha el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA): controlará mensualmente que el dinero que entrega a Cataluña con este mecanismo se emplea para “servicios sociales” de modo que “no incurran en ninguna ilegalidad”, en palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montoro ha justificado esta decisión con un puñado de argumentos que van desde los estrictamente económicos, hasta los sociales, pero la realidad es que por debajo de todos ellos subyace el pulso independentista.

A partir de ahora, la comunidad autónoma tendrá que justificar mensualmente en qué gasta los fondos aportados por el Estado a través del FLA para garantizar que se destinan a sufragar el coste de los servicios sociales. “El interventor de la Generalitat debe emitir un certificado mensual de todo el presupuesto dejando constancia de que no contraviene a la normativa jurídica”, indicó el ministro de Hacienda. Este requisito será imprescindible para que la autonomía reciba 3.034,84 millones de euros del remanente del FLA del año 2014, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Para controlar a qué destina Cataluña este dinero, no se entregará todo de una vez, sino que lo irá dando por tramos.

El Ejecutivo ha anunciado la medida con su mejor cara: “Estamos defendiendo la financiación de los servicios públicos de los catalanes”, indicó Montoro, y además defendió que esta decisión “no supone ninguna intervención” de las cuentas de Cataluña. No quiere ni oír hablar de unos hombres de negro del Estado paseándose por Barcelona.

¿Por qué ahora?

Si esta decisión no tiene nada que ver con el desafío soberanista de y se ha adoptado únicamente por el bien de los catalanes, para que nadie pueda tocar sus servicios públicos, ¿por qué no se adoptó esta medida antes? Esta es la gran pregunta. Montoro empleó un argumentario heterogéneo para justificar los motivos por los cuales “el Gobierno ha entendido que Cataluña está en una situación de riesgo para el interés general”, como indicó el ministro.

El primer argumento es defender los servicios sociales de los que disfrutan los catalanes. Pero esta decisión también se justifica por la incertidumbre que ha despertado la comunidad después de que salieran a la luz 1.300 millones de euros de deuda pública que la autonomía no había contabilizado.

Dudas de solvencia

Pero hay más argumentos: las dudas que genera la solvencia de la Generalitat después de las últimas rebajas de su calificación crediticia realizada por las agencias de rating a bono basura. S&P lo hizo en octubre y Fitch secundó su decisión la semana pasada con un comunicado de urgencia en el que anunciaba que rebajaba en dos escalones su nota. Una decisión que, al fin y al cabo, está detrás de la confrontación política entre los gobiernos de Cataluña y del Estado.

Estas medidas podrían adoptarse frente a cualquier comunidad autónoma, pero nunca se ha hecho, ¿es que el Estado está apretando las tuercas financieras a Cataluña? Parece ser que es así. Montoro ha reconocido finalmente que el desafío independentista es el que verdaderamente subyace a esta decisión: “Si no existiese esta situación política, no sería necesaria adoptar esta condicionalidad”, ha indicado el ministro.