Noviembre de 2013. El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge la creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Vuelvan a leer el nombre. Cada palabra que lo forma es una declaración de intenciones, que se remata en el texto legal recogiendo que su función será "velar por el estricto cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".

Es una derivada de aquel polémico cambio del artículo 135 de la Constitución pactado por PP y PSOE en los estertores de la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Una consecuencia de las exigencias de control impuestas en la era de la austeridad a un país con las cuentas públicas fuera de madre, entre otras cosas, por la caída en picado de los ingresos tras el estallido de la burbuja. Europa quiere unos ojos que miren si las administraciones públicas españolas son capaces de ajustarse el cinturón. Unos ojos independientes, como los que existen en muchos otros países.

Noviembre de 2015. La Airef estalla. Lleva mucho tiempo protestando sotto voce porque el Ministerio de Hacienda no le manda con tiempo suficiente la información necesaria para emitir sus informes. Porque el departamento que dirige Cristóbal Montoro ha modificado leyes que han ido limitando la información que presentan las diferentes administraciones públicas, por ejemplo, respecto a la regla de gasto (uno de los parámetros cuyo cumplimiento está obligada a vigilar la Airef).

Porque cuenta con una plantilla de 35 personas, cuando la recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) era del doble. Con este caldo de cultivo, la Airef, con el ex responsable del Servicio de Estudios del BBVA José Luis Escrivá al frente, se atreve a aprobar algo inédito: denunciar al Ministerio del que depende, a Hacienda, ante la Audiencia Nacional, tal y como adelantó el diario El Mundo. 

El hecho es tan inédito que va a obligar a Airef a gastar recursos en un abogado y un procurador porque, pese a ser un organismo público, su Convenio de asistencia jurídica con la Abogacía del Estado no le permite que ésta le represente ni defienda en juicio en los supuestos de conflicto de intereses con el propio Estado.

En el acta de la reunión del comiré directivo del 4 de noviembre, en la que figura esta decisión, la Airef acusa a Montoro de algo grave: haber incurrido en "vulneración de la autonomía e independencia funcional de la Airef" al aprobar una orden ministerial (en concreto la HAP/1287/2015, publicada en el BOE el 1 de julio) en la que se impide a la Autoridad Fiscal "dirigirse directamente a cualquier administración pública" para pedirle información. Se crea un "filtro previo, la necesidad de acudir previamente a la Central de información", es decir, a Hacienda, lo que en opinión de Airef es incompatible con la expresión que recoge la ley de 2014, cuando se la habilitaba para acudir "directamente" a las fuentes de información. 

En Hacienda, aparentemente, ni se inmutan. Fuentes del Ministerio aseguran que la orden ministerial contra la que pretende ir Airef ha pasado por todos los filtros necesarios, incluido el Consejo de Estado. Desde luego muy preocupados no deben estar. El acta del comité directivo de Airef recoge los infructuosos intentos de la autoridad por lograr que el Ministerio no siguiera adelante con la orden ministerial en sus términos originales. reuniones, alegaciones por escrito, cartas al ministro del presidente de la Airef... Un largo camino hasta que la Autoridad Fiscal recibió, el pasado 28 de octubre, la resolución de Hacienda en la que se inadmite la petición de la Airef y se le indica que el camino es "interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional". 

Presupuestos adelantados, el preludio

Esta guerra abierta tiene un preludio que ha acelerado toda la labor de la Autoridad Fiscal, la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de adelantar los Presupuestos Generales de 2016, provocando otro hecho inédito como es un Gobierno que ha aprobado cinco presupuestos en una legislatura. 

La Airef fue la primera en alertar de lo complicado que era el cumplimiento de las cifras recogidas en el proyecto de norma, antes de que Bruselas diese a España el conocido toque que enfrentó al comisario para Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, con el ministro de Economía español, Luis de Guindos.

Con el proyecto de Presupuestos en la mano, muy criticado por haber sido utilizado como arma electoral, la Airef se puso a buscar los motivos del optimismo del Gobierno en algunas partidas, con especial hincapié en los ingresos previstos de la Seguridad Social, y no los encontró. Los 117.242 millones de euros incluidos en los Presupuestos de 2016, necesarios para cumplir con el objetivo de déficit del 0,3% del PIB y que suponen un incremento del 10% respecto a la previsión para 2015, no le parecieron creíbles por mucho que crezca la economía. Tampoco hay medidas adicionales previstas que los justifiquen, explicó Airef.

"Existe un alto riesgo de desviación del objetivo" de 2016, dijo la Autoridad Fiscal en su informe, que se sumará a la que ya está prevista en el presente ejercicio. La caja común destinada a pagar pensiones, prestaciones por desempleo, bajas por enfermedad y a alimentar el Fogasa hace aguas y el Gobierno lo había ignorado en sus previsiones.