La industria se debate entre el optimismo y las críticas al ómnibus de IA

El Parlamento Europeo (PE) ha ratificado esta mañana las enmiendas introducidas por el Consejo Europeo (CE) a la ley de inteligencia artificial (AI Act). Un paso clave que abre las próximas negociaciones entre estos órganos y la Comisión Europea (CE) para la redacción del texto definitivo y su aprobación final, presumiblemente durante el mes de agosto.

Enmarcadas dentro del Ómnibus Digital (AI Omnibus), estas pretenden, en consonancia con la naturaleza del paquete legislativo, simplificar y rebajar la burocracia de un tablero de juego tecnológico fragmentado y con demasiados preceptos que chocan entre sí.

Para ello, demoran más la aplicación de las normas para los sistemas de alto riesgo y vuelven a obligar a las empresas a registrar sus sistemas de IA en una base de datos para obtener una exención a ser clasificados como peligrosos.

Estas pretensiones, en teoría lógicas, no han evitado las críticas desde distintos sectores de la sociedad civil y de un tejido tecnológico que no alcanza un dictamen consensuado a tenor de la velocidad con la que se han fraguado los cambios. “No ha habido una evaluación de impacto por parte del servicio jurídico, ni tiempo para analizar los problemas con detenimiento, ni una consulta real”, ha señalado Kai Zenner, jefe de oficina y asesor de política digital del eurodiputado del PP europeo Axel Voss.

Otras asociaciones, como Digital Europe, tildan la negociación de “oportunidad perdida” para abordar los verdaderos retos a los que se enfrenta la industria a la hora de aplicar el Reglamento.

Puntos clave de la reforma

El punto más “urgente” -a proposición de España- ha sido el de prohibir los deepfakes sexuales. Es decir, los contenidos de carácter erótico e íntimos que genera esta tecnología mediante la manipulación de vídeos e imágenes reales sin consentimiento del usuario. Se trata de una práctica que saltó a la palestra mediática cuando la aplicación Grok empezó a abusar de ella en la red social X -propiedad de Elon Musk- tras su lanzamiento a finales de 2023.

Pero, más allá de esta disposición, se retrasa la moratoria hasta el 2 de diciembre de 2027 para la aplicación de las normas de alto riesgo para los sistemas independientes, y hasta agosto de 2028 para los sistemas de alto riesgo integrados en productos.

Por otra parte, se restablecerá la obligación a los proveedores de registrar los sistemas de IA en la base de datos de la UE para estos sistemas de alto riesgo cuando consideren que estos deben estar exentos de ser clasificados como tal.

Esta medida ya está generando debate. Por ejemplo, un análisis propio de la Comisión muestra que una pyme que desarrolle un sistema de IA de alto riesgo podría afrontar hasta 319.000 euros en costes iniciales de cumplimiento, más hasta 150.000 euros anuales a partir de entonces.

Otros estudios muestran que los costes iniciales ascienden a 600.000 euros al incluir certificación y costes de personal, lo que se traduce en una erosión del 30-40% del beneficio para las pymes.

“Europa no puede permitirse imponer cargas adicionales a empresas que ya están invirtiendo de forma intensa en transformación digital”, aseveran algunos expertos.

La opinión de la industria

DISRUPTORES – EL ESPAÑOL ha tomado el pulso a la reforma a través de las principales patronales europeas y nacionales del sector digital.

Desde Digital Europe no se muestran conformes con el texto que se ha sometido a votación y que debe sentar las bases del futuro consenso con la Comisión y el Consejo: "Las negociaciones aceleradas sobre el AI Omnibus corren el riesgo de convertirse en una oportunidad perdida para abordar los retos a los que se enfrentan las empresas industriales, desde la sanidad y la fabricación hasta la energía y la automoción, a la hora de aplicar en la práctica el Reglamento de IA".

Acerca del retraso previsto en este ómnibus respecto a la entrada en vigor de la AI Act,  desde la patronal europea demandan que "los calendarios del AI Omnibus y del Digital Omnibus se alineen mejor entre sí y con el resto de normas digitales. Por eso pedimos al Parlamento Europeo y al Consejo que soliciten a la Comisión Europea la presentación de una propuesta específica e independiente para aplazar los próximos plazos de aplicación del Reglamento de IA, y que adopten ese retraso con rapidez, como se hizo con el ómnibus de sostenibilidad".

En contraposición, Miguel Sánchez Galindo, director general de DigitalES, sí que estima que las enmiendas suponen “un primer paso relevante” hacia la simplificación del marco normativo digital europeo.

“Medidas como el ajuste de plazos para sistemas de alto riesgo o la reducción de determinadas obligaciones administrativas van en la buena dirección, al aportar mayor seguridad jurídica y facilitar un despliegue responsable de la inteligencia artificial por parte de las empresas”, asegura a este medio.

El directivo cree que lo que se está haciendo ahora no es más que dar una respuesta a un problema de diseño: “El actual ecosistema regulatorio se ha construido de forma rápida y fragmentada generando solapamientos en ámbitos como protección de datos, ciberseguridad o servicios digitales. Ómnibus es una oportunidad para corregir una situación que todavía puede reforzarse más y acabar con dudas sobre disponibilidad de estándares y directrices clave”

Desde Adigital también valoran positivamente los cambios introducidos en el ómnibus de IA, especialmente en lo que concierne al retraso de la entrada en vigor de la AI Act. "Hoy, la Comisión ha fijado diciembre de 2027 como nuevo plazo para la aplicación de las normas a los sistemas de alto riesgo. A tal efecto, consideramos que es fundamental dar un período de tiempo elevado para que las empresas puedan prepararse para cumplir con dicho requerimiento".

Para esta asociación, "dotarnos de este margen contribuye decisivamente a reducir la incertidumbre que enfrenta las empresas que necesitan garantías para desarrollar sistemas de IA sin riesgo de tener que diseñarlos una vez en el mercado". Por ello, confían en que "éste sea el punto de partida para un marco cada vez más completo, armonizado, coherente y respaldado por estándares claros que garanticen la seguridad jurídica de las empresas y para fortalecer la competitividad del ecosistema digital europeo".

Por su parte, en Ametic aseguran que los plazos de cumplimiento son razonables. "Esta extensión es urgentemente necesaria para una implementación uniforme y factible de la Ley de IA. Recomendamos asegurar al menos un periodo de gracia de 12 meses. Además, se necesitan criterios objetivos para determinar qué constituye 'medidas adecuadas en apoyo del cumplimiento', anticipando que las directrices generales, incluidas las Directrices de la CE, no sustituyen a estándares técnicos armonizados basados en el extenso trabajo de los profesionales"