España tiene pendiente trasponer 87 directivas europeas y el 35% ya están fuera de plazo

El año pasado fue un ejercicio prolífico a nivel normativo para Europa, ya que durante el mismo se consolidaron, desarrollaron o implementaron algunas de las leyes que tendrán más relevancia en los próximos años, tanto a nivel general como, especialmente, en el ámbito tecnológico. Todo esto tuvo su impacto en el ecosistema nacional, donde 11 de las 24 leyes que aprobaron el Congreso de los Diputados y el Senado regulan aspectos que respetan la línea marcada por la UE, según revelan datos de la Oficina del Parlamento Europeo en España.  

En otras palabras, el 46% de las normas aprobadas por las Cortes Generales en España en 2024 tuvieron origen en las instituciones europeas. 

De ellas, cinco trasponen directivas comunitarias al ordenamiento jurídico de España o bien se adaptan o desarrollan aspectos de reglamentos europeos. Estas, apuntan desde el Parlamento, tienen que ver con cuestiones como la conciliación familiar y profesional, la representación paritaria de mujeres y hombres en sociedades cotizadas o el intercambio de información sobre antecedentes penales y la consideración de resoluciones judiciales en la Unión Europea. También, se incluyen otras relacionadas con la aplicación de un impuesto a multinacionales o el reglamento europeo que establece un mercado único de servicios digitales (Reglamento DSA).

Por otro lado, las otras seis leyes aprobadas contienen referencias o se basan en disposiciones europeas, es decir, respetan la línea marcada por las instituciones, aunque no respondan directamente a un mandato de transposición.

A estas 11 leyes se añaden otras 20 normativas, también aprobadas por el Consejo de Ministros en 2024, que trasponen directivas europeas o se han adaptado a reglamentos, pero que tienen la consideración de real decreto, con lo que no requieren seguir un procedimiento parlamentario en las Cortes. 

Estas últimas trasponen, en su mayoría, asuntos relacionados con la política agrícola común o pesca y, en menor medida, con el transporte, la salud o las condiciones laborales. Por sus implicaciones tecnológicas, cabe destacar la aprobación del Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante para proteger a las personas que denuncian irregularidades dentro de organizaciones públicas o privadas. 

Además, el pasado ejercicio se aprobaron 84 reglamentos europeos que son de directa aplicación en todos los Estados miembros, por lo que ya forman parte de las leyes españolas. Aquí se incluye uno del ámbito digital al que España tiene especial simpatía: el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, ya que fue aprobado durante la presidencia de este país del Consejo de la Unión Europea. 

España debe 87 directivas a Europa

No obstante, a todas ellas se suman las que España aún tiene pendientes, que no son pocas, a juzgar por los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a fecha del mes de diciembre. En total, el país debe 87 directivas europeas, la mayoría con fecha límite para su trasposición en 2024, 2025 o 2026. 

De hecho, 31 de ellas ya han cumplido su plazo, es decir, el 35,6%; mientras que 4 están "a punto de caducar" y 52 se encuentran en plazo. 

Ámbito digital: qué queda y qué falta 

Por un lado, entre las leyes nacionales que han sido aprobadas en el último año como consecuencia de la trasposición de directivas o el desarrollo de reglamentos europeos y que afectan al ámbito digital cabe mencionar la Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de hombres y mujeres. 

Esta norma busca que las personas de cada sexo no superen el 60% ni se sitúen por debajo del 40% en organismos y empresas con más de 250 trabajadores o un volumen de negocio anual de 50 millones de euros o un activo superior a 43 millones, entre los que se incluyen el Gobierno, las entidades constitucionales o los consejos de administración de las compañías o sociedades cotizadas. Todo ello antes del 30 de junio de 2026. 

Sobre esta ley, la trasposición española prevé que, cada año, las sociedades que coticen en bolsa informen sobre la representación de género en sus consejos de administración, y sobre las medidas adoptadas para conseguir este objetivo.

A ella se suma el Real Decreto-ley 9/2024, conocido como "decreto ómnibus", publicado a finales de diciembre del año anterior, pero derogado en enero de 2025 tras los votos en contra del Partido Popular, Junts y Vox. En él, además de otras leyes relativas a asuntos como la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte público, se incluyó la modificación de las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información para convertir este organismo en Coordinador de Servicios Digitales.

Así, en el momento de escritura de este artículo, este Real Decreto se encuentra en 'standby', ya que no ha entrado en el nuevo presentado por Ejecutivo, donde solo se incluían medidas sociales, por lo que se espera que lo haga en otro más adelante. 

Por otro lado, entre las normas sin rango de ley aprobadas por el Consejo de Ministros en 2024 destaca el mencionado Real Decreto que aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, donde destacan las implicaciones tecnológicas para su puesta en marcha. De hecho, expertos del sector afirmaron a este medio hace meses que esta no se podría cumplir "sin el uso de la tecnología". 

A estas se añaden los reglamentos europeos que son de directa aplicación en España, donde hay cuatro relacionados directamente con el sector de la Transformación Digital. Aquí destaca el Reglamento Europeo de IA, que establece un marco normativo para garantizar que la aplicación de esta tecnología se haga de forma segura, inclusiva, ética y fiable y que será de total aplicabilidad a partir de agosto de 2026 (aunque algunos de sus preceptos estarán operativos antes). 

Cabe destacar que los datos ofrecidos por la Oficina Española del Parlamento Europeo abarcan hasta diciembre, pero el mes de enero también ha sido prolífico para la puesta en marcha de las normativas con origen comunitario. Por ejemplo, en el sector digital hay que mencionar la trasposición de la Directiva de Seguridad de Red e Información 2 (NIS2) mediante la aprobación del anteproyecto de la Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad. Eso sí, lo hizo tres meses después del plazo impuesto por Europa.