El ministro Óscar López, durante la presentación del proyecto de ley de IA.
El Gobierno propone una nueva ley de IA con sanciones hasta 35 millones, pero exime a la Administración de multas
El proyecto de ley adapta el AI Act al ordenamiento español, endurece el régimen de multas para empresas y deja a la administración pública fuera de la sanción económica, mientras Bruselas debate el ómnibus digital sobre IA.
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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, un texto que adapta la legislación española al Reglamento Europeo de IA (AI Act) y establece un régimen sancionador para quienes utilicen estas tecnologías de forma irresponsable, con multas que pueden alcanzar los 35 millones de euros. El proyecto, elaborado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, será remitido a las Cortes para iniciar su tramitación parlamentaria, después de que el Gobierno abriera un periodo de alegaciones públicas y el texto fuera revisado por varios órganos, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial.
La ley supone la adaptación de la normativa española de la AI Act, que entró en vigor el 1 de agosto de 2024 y se aplica de forma gradual hasta el 2 de agosto de 2026 (aunque algunos casos se han ido dilatando hasta diciembre de 2027). Recordemos que esta norma no requiere una transposición clásica, porque es un reglamento europeo de aplicación directa, pero deja margen a los Estados miembros para definir estructuras de supervisión, procedimientos y sanciones nacionales. España aprovecha ese hueco para dotar a la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) de un marco nacional explícito, y para concretar un rango de sanciones que no aparece con tamaña precisión en el texto europeo.
El proyecto de ley diferencia varios niveles de infracción, siguiendo la estela del reglamento europeo. En los casos más leves, las multas arrancan en 6.000 euros; en los más graves, como el uso o la comercialización de un sistema de inteligencia artificial expresamente prohibido, la sanción puede ascender hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación anual, en función de la gravedad del daño individual o colectivo. El aparato de sanciones se dirigirá, principalmente, a empresas y entidades privadas, mientras que en el caso de la administración pública la norma se limita a contemplar apercibimientos sin multas, una decisión que ya ha sido criticada por asociaciones de internautas, usuarios y expertos en derecho digital.
La ley se apoya en el catálogo de prácticas prohibidas que ya fija el AI Act, con matices propios. Entre ellas figuran el uso de técnicas subliminales para manipular decisiones sin consentimiento válido, así como el uso de chatbots capaces de detectar, por ejemplo, usuarios con adicción al juego para incitarles a entrar en plataformas de juego online. También se prohíbe explotar vulnerabilidades derivadas de la edad, la discapacidad o la situación socioeconómica, y se restringe el uso de sistemas biométricos de clasificación de personas en espacios públicos, salvo en supuestos de seguridad muy concretos. El texto incorpora, además, la prohibición de la generación y difusión de deepfakes sexuales, una figura impulsada por España en el propio reglamento europeo tras la polémica por imágenes generadas por IA en redes sociales.
Otra de las obligaciones centrales es el etiquetado claro de cualquier contenido generado o manipulado por IA –imagen, audio o vídeo– que se asemeje de forma notable a personas, lugares u objetos reales. El objetivo declarado es que los usuarios puedan diferenciar con nitidez entre lo real y lo virtual, de modo que el consumidor sea consciente de que está ante un producto algorítmico, no ante una captura directa de la realidad. Esa obligación recae tanto sobre quien genera el contenido como sobre quien lo distribuye o difunde, lo que implica a plataformas digitales, medios de comunicación y empresas de servicios, que tendrán que integrar controles técnicos y de moderación más estrictos.
La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), con sede en A Coruña, será el órgano principal encargado de supervisar el cumplimiento de la norma. El organismo, puesto en marcha por el Gobierno en 2024, ya cuenta con capacidad de inspección y sanción, pero el proyecto de ley le da un marco más claro dentro de la legislación española: se le atribuyen competencias para requerir información, inspeccionar sistemas de IA, exigir medidas correctoras y activar el régimen sancionador. El director de la AESIA es, actualmente, Alberto Gago, quien tomó el relevo de Ignasi Belda en diciembre de 2025, después de que este último hubiera sido el artífice de la puesta en marcha inicial de la agencia.
Tras el Consejo de Ministros, Óscar López defendió que esta norma busca controlar los usos indebidos de la IA "sin restar competitividad, al revés", con el propósito último de que la ley sea "el paso definitivo" para que el tejido productivo pueda utilizar esta tecnología de forma responsable. En palabras del ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, de aprobarse este texto, España se convertiría en "líder mundial en regulación a la inteligencia artificial y uno de los países más punteros en su desarrollo". Con una visión pretendidamente humanista: “Creo que hemos dado un salto muy importante en un debate que es absolutamente civilizatorio. Estamos hablando de avanzar o retroceder".
Al calor de la AI Act
El AI Act, por su parte, mantiene su calendario inalterado. Ya está en vigor en la UE y se aplica progresivamente hasta el 2 de agosto de 2026, cuando deberá estar plenamente operativo el conjunto de sus obligaciones, desde la identificación de sistemas de alto riesgo hasta la implantación de mecanismos de supervisión, documentación y alfabetización en IA dentro de las organizaciones.
En paralelo, la Comisión Europea ha puesto en marcha el Ómnibus Digital sobre IA, una reforma que busca aligerar la carga administrativa del AI Act sin modificar el núcleo de prohibiciones, aunque sí dilatando algunas obligaciones hasta diciembre del próximo año, en un intento de equilibrar protección y competitividad frente a gigantes tecnológicos y pymes.
