Una hoja de ruta con acciones concretas para impulsar el despliegue responsable de la inteligencia artificial y que España aproveche las oportunidades que esta ofrece a la economía. ¿Quién podría no estar de acuerdo?
El Plan IA360, presentado esta semana por Pedro Sánchez reúne, sobre papel, todos los ingredientes: desarrollo tecnológico, económico y de talento, “poniendo en el centro la seguridad ciudadana, la confianza y la protección de los vulnerables”. Y, quizá más importante: promueve un “pacto de país”, un contrato social “entre empresas, trabajadores, sindicatos, partidos y poderes públicos, para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo y en la vida derivados de esta tecnología".
Como suele suceder, el demonio está en los detalles. ¿En qué se concreta el plan? ¿Es coherente con la visión que defiende el Ejecutivo? ¿Es realista? Más que las palabras, ¿qué señalan las acciones del Gobierno? ¿Y qué opinan los diferentes actores sociales?
El documento identifica ocho ámbitos y 14 “proyectos tractores”, pero no es un nuevo gran programa de gasto. Las líneas de acción agrupan tanto inversiones ya iniciadas como varios instrumentos nuevos, y les impone fechas concretas. No obstante, parte de las actuaciones más grandes ya estaban en marcha antes del anuncio.
Y, aunque se trata de un plan de 12 meses, varios de sus compromisos rebasan claramente ese horizonte. Es, más bien, una agenda 2026-2027 con objetivos a 2030.
Gigafactorías y centros de datos
Los ocho ámbitos de actuación identificados son: infraestructuras, seguridad, educación, talento, desarrollo y tecnología, difusión (adopción), administración inteligente y alianzas.
Los proyectos tractores de infraestructuras son dos. El primero es la gigafactoría de inteligencia artificial ya anunciada, con una inversión público-privada prevista de 5.000 millones de euros y objetivo de unos 100.000 aceleradores de IA operativos entre 2028 y 2029, con el objetivo de “construir la mayor infraestructura de cómputo del sur de Europa”.
¿Es posible? Lo cierto es que no está claro. La licitación europea para seleccionar los consorcios de gigafactorías de IA cierra el 12 de noviembre, y el calendario es ajustado. La selección está prevista para principios de 2027, y después habrá que cerrar los contratos y la financiación, los permisos de construcción, y posteriormente construir, instalar y poner en marcha la infraestructura.
El segundo proyecto es una nueva regulación de los centros de datos, atendiendo a requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, de resiliencia y de soberanía digital. Parece una estrategia del Ejecutivo para apaciguar los ánimos frente a la creciente oposición ciudadana, que ya ha empezado a manifestarse en ciudades y municipios españoles contra la construcción de estas infraestructuras en sus patios traseros, un movimiento que en países como EEUU ha cancelado o retrasado decenas de proyectos.
![Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11353438.jpg?p=w:320\/h:240&h=Rnbi1ELt"])
La plataforma IA Ciudadana manifiesta preocupación por la “clara apuesta a que existan cada vez más centros de datos en España”. “Esto implica que no se estén pensando tecnologías alternativas, que tengan un fin claro y concreto de interés general”, añaden. En cuanto al contenido de la regulación, “no basta exigir eficiencia, debe existir información pública, accesible y actualizada sobre el consumo de energía y agua de estos centros de datos, para poder evaluar sus impactos”, reclaman.
Seguridad de IA, cuántica y menores
En seguridad, el Plan IA360 propone tres proyectos tractores. El primero es el desarrollo de un escudo de ciberseguridad avanzada, con un presupuesto de 300 millones para compra pública precomercial. El objetivo es reforzar infraestructuras críticas frente a IA avanzada, además de preparar la transición a la era poscuántica (ya que los ordenadores cuánticos podrían romper muchos de los sistemas de seguridad actuales). IA Ciudadana señala que “debe presentarse especial atención a que esto no conlleve mayor pérdida de soberanía tecnológica por parte del Estado”.
El segundo proyecto tractor en este ámbito es la creación de un Instituto de Seguridad de la Inteligencia Artificial dentro de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA). Su función será evaluar modelos avanzados antes y después de su despliegue, desarrollar metodologías y herramientas de evaluación, y responder a incidentes. El tercer proyecto es un protocolo único de actuación urgente en la protección digital de menores para “ofrecer a menores y familias una respuesta pública clara, rápida y coordinada frente a la creación y difusión de contenidos ilícitos o perjudiciales”.
Aquí hay una diferencia notable entre unas medidas y otras. Frente a los 300 millones de euros asignados al escudo de ciberseguridad, el Instituto de Seguridad de la IA no tiene presupuesto asociado, pese a su ambiciosa función. Además, su propio mandato está en parte comprometido, ya que para evaluar modelos de IA antes de su lanzamiento necesitan el acuerdo voluntario de los desarrolladores y coordinarse con la Oficina Europea de IA, que es quien tiene las competencias de evaluación.
Toni Llorente, director de Gobernanza europea de la IA en The Future Society, cree que esta es una iniciativa importante, que recuerda a sus homólogas en Reino Unido o Alemania, y cree que la proliferación de institutos de seguridad en Europa debería resultar en un ejercicio federado, y que la coordinación entre distintos organismos permitiría la especialización en diferentes perfiles de riesgo de la IA de frontera. “Es un poco naíf pensar que España va a poder evaluar en profundidad todas las dimensiones”, afirma.
El experto ve riesgos de choque entre instituciones (en los dominios que puedan solaparse con los de la Oficina de IA Europea). Además, apunta que “el éxito de este tipo de instituto depende, en gran parte, del talento que sea capaz de atraer, el capital que movilice, y los puentes de confianza que establezca con las empresas que producen dichos modelos”. De ahí que sorprenda la ausencia de un presupuesto asociado.
Para IA Ciudadana, la evaluación de IA no debe limitarse a la seguridad o a un aspecto técnico. “Estos sistemas pueden afectar derechos, servicios públicos o a colectivos vulnerables, por lo que debe hacerse referencia a las evaluaciones de impacto sobre derechos fundamentales, con participación de las personas que podrían ser afectadas y de la sociedad civil”, apuntan.
En cuanto al protocolo único de actuación urgente, es una iniciativa excelente y necesaria, que cubre carencias de mecanismos como el Canal Prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) , ampliando el tipo de daño cubierto y pasando de la mera retirada de contenido a la gestión integral del incidente. No obstante, como señalan desde la plataforma IA Ciudadana, “la protección de los menores no debe limitarse a reaccionar cuando se haya producido un daño, sino que deben incorporarse medidas de prevención”. También abogan por la participación de la infancia en el debate público sobre la IA.
Educación y alfabetización
En educación, el primer proyecto es una estrategia de alfabetización con formación universal y gratuita para que la población adulta comprenda las posibilidades y límites de la IA, y que pueda usarla de forma segura. El segundo es integrar esta tecnología en el currículo de secundaria y de la formación profesional, tanto en formación del profesorado como de capacitación tecnológica de los alumnos, con “pensamiento crítico, seguridad y ética”.
La iniciativa de alfabetización (crítica) en IA es loable e imprescindible, aunque en mi opinión debería ampliarse a “alfabetización digital”, incluyendo aspectos de ciberhigiene, entre otros. La clave aquí será evitar la captura corporativa en su ejecución. Existe un serio riesgo de delegación de esta tarea en las grandes tecnológicas, que no solo pueden permitirse más que nadie destinar recursos y talento a labores divulgativas, sino que lo están deseando. De hecho, ya sucede. Microsoft está impartiendo este tipo de cursos gratuitos en varias ciudades españolas. ¿Encargaríamos a Coca-Cola educar a los menores sobre los beneficios y riesgos de consumir sus refrescos?
En la misma línea, desde IA Ciudadana se preguntan quién construirá ese programa de capacitación universal, y si integrará la visión de científicos sociales, humanidades y estudios críticos de la IA, por motivos obvios. También apuntan que su contenido no debe aspirar solo "disipar temores" y generar "confianza" en la IA, sino, más bien, a “garantizar que la población pueda tomar decisiones informadas sobre su uso, conociendo sus límites y sus riesgos”.
El segundo proyecto tractor en el ámbito formativo es más conflictivo, opinativo y contradictorio. Asegura que “la inteligencia artificial es una tecnología muy poderosa en relación con la educación” (no sabemos en base a qué), luego lo reduce al apoyo docente, y luego propone integrarlo también en el currículo del alumnado, sin justificación clara. Llorente señala que los problemas en el ámbito educativo “son estructurales, no coyunturales”, por lo que la IA “no es el problema ni la solución”. Además, pide cautela: “El impacto de la IA como muleta al aprendizaje es todavía incierto”.
Aún es pronto para conclusiones, pero repetidos estudios han mostrado cómo la delegación en chatbots de IA generativa merma el pensamiento crítico, entre otras cosas.
Talento y desarrollo
En cuanto al talento, el plan se propone la atracción y retención de talento especializado, a través de una reforma de la contratación y la carrera investigadora, y facilitando transferencia de conocimiento y spin-offs. Por otra parte, el ámbito del desarrollo de tecnología se reduce a la Ley de Scale-ups, con la idea de extender el apoyo público más allá de la fase startup y facilitar el crecimiento de empresas tecnológicas y deep tech. Se propone como objetivo pasar de 13 a 50 unicornios en 2030, si bien no está claro el cómo.
Fuera del proyecto tractor, se menciona una colaboración del Barcelona Supercomputing Center (BSC) con NVIDIA para desarrollar tecnología propia que permita construir sistemas de inteligencia artificial y superordenadores más potentes, y también para crear modelos de IA especializados en sectores como defensa, energía, clima o salud.
La difusión y adopción social y productiva de la tecnología pasa por lo que han bautizado como “Red NEURONA”, una red territorial público-privada donde las empresas, especialmente pymes, puedan probar IA con sus propios datos y desplegar soluciones. Objetivo: pasar del 21% al 55% de empresas utilizando IA en 2030. Junto a esto, se propone un bono empresarial de IA, con 600 millones de euros para gastar en servicios y soluciones de IA proporcionados por empresas tecnológicas europeas. No va de financiar licencias, sino de transformación, por lo que “incluiría pagos por hitos y condiciones”.
Eso sí, lograr que 25.000 empresas experimenten una transformación productiva dependerá, entre otras cosas, de la calidad de proveedores, de los datos disponibles, de la capacidad de gestión de las pymes y de la existencia de casos de uso valiosos. Desde la propia industria digital también se señala que la adopción no depende únicamente de facilitar el acceso a la tecnología. En un post en Linkedin, el director de la patronal Adigital, Cesar Tello, destacaba que “España ha avanzado considerablemente en capacidades, pero todavía tiene margen de mejora en adopción empresarial”.
Por su parte, IA Ciudadana considera “preocupante” la creación de este tipo de bono “sin abordar primero las problemáticas que se han podido identificar con el kit digital, que llevó a que muchas empresas “capturen” clientes para tramitar el mismo, generando mayor vulnerabilidad digital a aquellos a los que se pretendía beneficiar”.
Administración y atención “avanzada”
En cuanto a la Administración “inteligente”, el primer proyecto tractor asociado consiste en introducir un asistente de IA en la Carpeta Ciudadana y permitir determinadas interacciones con la Administración mediante WhatsApp, ambas en 2027. Sorprende la poca ambición de esta propuesta. Lo llaman “atención avanzada”, pero limitarse a introducir un chatbot como canal de resolución de dudas no suena muy innovador que digamos. ¿Acaso no hay chatbots ya por todos lados? Su aplicación pública puede ser de utilidad, especialmente dada la poca claridad de ciertos procedimientos, pero no si eso se traduce en reemplazar con IA personal de atención al ciudadano.
En la misma línea, IA Ciudadana reivindica el derecho a poder elegir la atención humana, y garantías de accesibilidad. También señalan que “eficacia y simplificación no priman sobre transparencia, explicabilidad y vías de recurso efectivo para las personas afectadas”. Llorente, por su parte, aboga por la cautela en la integración de la IA en el Estado, especialmente los “agentes de IA” que “te pueden explotar en la cara”. Recuerda, además, que las Administraciones públicas españolas llevan años usando IA, y cree que lo más adecuado es continuar la vía de un uso direccional. Es decir, identificar problemas específicos y aplicar soluciones controladas y específicamente diseñadas para ello.
El segundo proyecto tractor en este ámbito es la simplificación y reducción de cargas para autónomos y pymes. Se trata de usar la IA para identificar documentos solicitados repetidamente, normas y trámites obsoletos o duplicados, y divergencias injustificadas entre administraciones. Incluye la convocatoria, en 2027, de “un ejercicio abierto y de participación masiva” que llaman “Maratón IA de simplificación”. Bienvenido sea, siempre que se dedique a eliminar ineficiencias, sin mermar los derechos ciudadanos.
Por último, en cuanto a las Alianzas, el proyecto tractor es la Alianza Iberoamericana de la inteligencia artificial, un espacio de datos e interoperabilidad, modelos en español, portugués y lenguas originarias, donde también compartir capacidades de cómputo y supercomputación. Llorente cree que este punto es clave, y “puede convertirse en una iniciativa sinérgica que lleve a beneficios relacionados con la escala”.
Nuevo contrato social
Quizá la iniciativa más importante, al menos desde la perspectiva democrática y de participación pública, es la propuesta de un pacto social para la IA. Su objetivo es “la búsqueda de soluciones conjuntas a los retos pendientes para favorecer que las ganancias se traduzcan en prosperidad compartida”. Un “gran consenso social” sobre “la visión, el reparto de los beneficios de esta tecnología y las garantías que deben acompañar al cambio tecnológico”.
El Gobierno promoverá un Acuerdo Tripartito, “que impulsará una adopción acelerada bajo una gobernanza que refuerce la seguridad y la confianza”. Se prevé que en octubre comience un diálogo con sindicatos, empresas y administraciones. También prevé mesas sectoriales, que abordarán “las transiciones necesarias, desde la educación, el mercado de trabajo, el sistema financiero o el mundo de la cultura, entre otros”. El Plan contempla asimismo la creación de un observatorio permanente para analizar la evolución e impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral, “y así orientar las decisiones en materia de empleo, formación y adaptación regulatoria”.
![El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la clausura del 40 Encuentro de la Economía Digital de Ametic.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11345743.jpg?p=w:320\/h:240&h=3FBd1d3S"])
Esta iniciativa ha sido bienvenida y celebrada, si bien llama la atención que no se mencione a la sociedad civil como interlocutor fundamental cuando hablamos de un pacto social. Esto es lo que señala IA Ciudadana, que reclama un lugar en las mesas de diálogo y que su participación no se limite a ser consultiva, sino que forme parte del diseño, la implementación, el despliegue y la supervisión de la tecnología.
Desde el sindicato UGT apuntan a la necesidad de medidas concretas en el ámbito del trabajo, que hagan “repercutir el progreso tecnológico en un bien común”. “Los beneficios de la IA deberán recaer también en los ingresos a la seguridad social y en los salarios de las personas trabajadoras”, afirma Patricia Ruiz, Secretaria de Salud Laboral de UGT. Sostiene que es necesario que se abra un debate amplio y fortalecer el marco legal para que la negociación colectiva recoja el despliegue de la IA en los centros de trabajo. “Desde cómo afectará al empleo o la salud laboral, hasta la ética de su funcionamiento o la recualificación necesaria, respetando siempre los derechos laborales y asegurando que el estado del bienestar no se vea afectado por la merma de personas cotizando por la sustitución de la IA”, añade.
Incoherencias y ausencias
Desde una perspectiva general, llama la atención que el ‘‘Plan IA360 para un despliegue responsable de la IA’ no esté realmente centrado en esa “IA responsable”, es decir, en medidas y actuaciones dirigidas a la gobernanza, la evaluación de riesgos, la transparencia, la equidad, la rendición de cuentas, etc. IA Ciudadana subraya que, pese a que se hable de desarrollo responsable de la IA, no se haga referencia a que este deba ser democrático, ni a ninguna herramienta de transparencia concreta, como el registro central de algoritmos propuesto en 2025.
Si se mira qué hacen realmente los 14 proyectos tractores, y no solo el título del plan, lo que predomina es la política industrial y de adopción de IA. Si seguimos el rastro del dinero, la conclusión es la misma. Tanto las inversiones mencionadas por el plan como las que se están realizando a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) y las que contempla la Estrategia Deeptech para España, se dirigen a reforzar la infraestructura de IA, y a que esta se adopte y que las empresas digitales nacionales puedan escalar.
No es que invertir en esto esté mal -de hecho, es necesario si se aspira a cierta autonomía tecnológica- pero sí resulta del todo incoherente en un plan con este nombre. Además, es insuficiente, algo que no solo se reclama desde la sociedad civil. El propio Tello señala que “hay que ir mucho más allá de lo regulatorio, incluso de lo técnico, y pensar en cómo generar confianza en la tecnología, cómo gestionar sus riesgos y cómo convertirla en una fuente de productividad medible”.
Sin embargo, ni siquiera las inversiones en infraestructura se centran de forma consistente en sistemas que pueden facilitar esa confianza, como las tecnologías de verificabilidad, explicabilidad, seguridad, privacidad, control, etc. En este sentido, Gemma Galdón, fundadora de Eticas (auditora sociotécnica de IA), no ve señales claras de que la responsabilidad esté realmente en foco de actuación. Teme que suceda como en Europa. “La Comisión Europea lleva años hablando de la apuesta por la IA responsable y ese compromiso genérico después no se traduce ni en los mecanismos de financiación ni en las normas de contratación y de licitación; una promesa al aire sin traducción concreta”, lamenta.
“España tiene mucho por hacer en este ámbito. Tenemos muchísimos sistemas de inteligencia artificial públicos que aún no han sido ni auditados ni se ha trabajado con ellos desde una perspectiva de la seguridad de la IA”, añade la experta. Además, apunta a otros problemas poco sexys pendientes de abordar, como la vinculación entre la AESIA, la AEPD y el gobierno. “Constantemente hablamos de lo grande sin abordar lo pequeño, y sin lo pequeño no hay grande porque no hay no hay bases sólidas para cambiar qué tipo de tecnología promocionamos", concluye.
Huelga decir, sin dejar que el cinismo nos nuble la mente, que ya es un paso de valorar que el Plan IA360 exista. Al zar lo que es del zar. Pero tenemos que ser más exigentes, y coherentes, si queremos una transformación real. Como se suele decir en inglés: Put your money where your mouth is! O, dicho de otro modo, pon tu dinero en aquello que dices promover, y demuestra que crees en ello.
