En estos tiempos que corren, todos hablamos de la inteligencia artificial. Es muy difícil que, a lo largo del día, no hablemos o escuchemos algo relacionado con ella: por ejemplo, un producto o servicio desarrollado con su ayuda o, incluso, es muy probable que nosotros mismos la utilicemos en el trabajo o de forma personal.
Hoy, la IA nos acompaña y ya forma parte de nuestras vidas y es, sin duda alguna, la gran revolución del siglo XXI.
Cuando utilizamos aplicaciones que nos ayudan en nuestro día a día, solo vemos la parte que se llama interfaz de usuario, sencilla y cómoda. Pero para que todas estas aplicaciones funcionen correctamente, y con la inmediatez que necesitamos, son necesarias potentes infraestructuras de comunicaciones y de procesamiento de datos.
En España tenemos la gran suerte de contar con una de las redes de telecomunicaciones más potente del mundo. Y en el caso del procesamiento de datos (IA), la infraestructura de la que hablamos se llama centros de datos.
Nuestro país se encuentra ante una oportunidad histórica en el desarrollo de estos centros. Nuestra posición geográfica estratégica, como puente intercontinental entre Europa, América y África, sumada a una posición de liderazgo en infraestructuras de energía renovable y red de fibra óptica, sitúa a nuestro país en las condiciones ideales para convertirse en el principal hub digital del sur de Europa.
El crecimiento del sector en nuestro país así lo atestigua. Las inversiones proyectadas para los próximos años posicionan a España como uno de los mercados de mayor potencial en Europa, previéndose que la capacidad instalada de los centros de datos en el país atraiga inversiones directas e indirectas de más de 8.000 millones de euros en esta década. Este salto cualitativo no solo fortalece la industria digital, sino que actúa como un potente catalizador socioeconómico, capaz de impulsar el empleo de alta cualificación y acelerar la digitalización de las PYMES y las Administraciones Públicas.
Además, ante un contexto geopolítico volátil e incierto, la soberanía del dato y la capacidad de almacenamiento y procesamiento en el país es un activo importante para la seguridad y la competitividad industrial.
Sin embargo, alcanzar este liderazgo exige abordar grandes retos de forma simultánea. Por un lado, el aumento de la necesidad de computación, y por otro, la sostenibilidad económica y medioambiental. En este sentido, la evolución tecnológica juega a nuestro favor, tanto en el desarrollo de chips, que aumentan la capacidad de computación y reducen el consumo energético, como en la evolución de todo lo relacionado con la energía, más energías renovables y sistemas más eficientes de gestión de la energía.
El segundo gran reto es de carácter regulatorio y de infraestructuras: garantizar la disponibilidad de acceso y capacidad de red eléctrica en plazos razonables y predecibles. Para capitalizar este enorme flujo de inversión global, necesitamos políticas de Estado de largo plazo, marcos normativos ágiles que favorezcan la innovación y un compromiso firme con la seguridad jurídica y la planificación estratégica de redes.
Como hemos defendido históricamente desde AMETIC, y de forma muy especial en encuentros emblemáticos como el celebrado a principios de mes en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, el progreso se consigue a través de una cooperación activa con voluntad de entendimiento mutuo, en lo que hemos denominado colaboración público-privada 2.0, donde además de la propia colaboración, se trabaja entre administraciones públicas y las empresas grandes traccionan a las pequeñas y medianas, creando ecosistemas fuertes y resilientes, capaces de competir a nivel global y de atraer inversiones de todo el mundo.
Asegurar que España cuente con los mejores centros de datos es la mejor garantía para construir una España digital más sólida, soberana, próspera, humana y sostenible. En un entorno tan cambiante como el actual, es muy importante que entre todos construyamos una regulación flexible, acorde a las capacidades tecnológicas actuales y a las necesidades del país. Una regulación capaz de atraer inversiones para crear una infraestructura sólida de centros de datos, sostenible y competitiva económica y socialmente.
***Francisco Hortigüela, presidente de AMETIC
