Es prácticamente imposible que usted, estimado lector, no haya oído hablar de la soberanía digital y la autonomía estratégica. Dos palabros muy venerados, especialmente en Europa desde que estalló la guerra en Ucrania, extremadamente manidos y predicados hasta la saciedad. Lo curioso es que, hablando con decenas de profesionales y expertos distintos, es imposible conseguir una definición común de lo que significan estos términos.
Lo que no puede explicarse, simplemente no existe. Y en esas estamos, puesto que a cualquiera se le llena la boca al hablar de 'soberanía', pero su plasmación dista enormemente según a quién le preguntemos. Y eso si consigue articular un discurso mínimamente coherente más allá de los lugares comunes.
Empecemos por la interpretación más estricta del concepto. Soberanía digital y autonomía estratégica implicarían una independencia total de proveedores tecnológicos de fuera del Viejo Continente, o al menos en los sectores o casos de uso más críticos. Una suerte de autarquía moderna, basada en la confianza en un tejido digital propio europeo, alineado con los valores comunitarios y alejado de las presiones o tensiones geopolíticas que puedan surgir en otros polos del mundo.
¿Les suena apetecible? Obviemos la mayor de que la autarquía, como modelo productivo, no suele funcionar. Permítanme descartar esta aproximación con algo mucho más pragmático: Europa no cuenta con las capacidades, ni de infraestructuras ni de propiedad intelectual, para independizarse por completo de las grandes potencias tecnológicas. No hay ningún hiperescalar radicado a este lado del Atlántico, tampoco ningún gran fabricante de servidores o de semiconductores. Tan sólo atesoramos una gran firma del software empresarial (SAP), escasos campeones de la tecnología de consumo (Spotify) y alguna que otra consultora (Accenture).
Ahí se acaba la lista: es inviable construir una economía digital a escala con estos mimbres tan delicados. Podría llegarse a un nivel cercano a esta meta, pero sólo si se apostara por las empresas pujantes que se esconden en muchos sectores (pongan OVH en el ámbito de la nube). Pero la Unión Europea ha preferido invertir en proyectos fallidos como la gigantesca cloud industrial europea, Gaia-X, luego reconvertida a una serie de estándares y protocolos de intercambio de datos.
Podríamos pasar a una segunda propuesta: la autonomía estratégica no es una meta como tal, sino un ideal que marca el camino pero no exige resultados absolutos. Y la soberanía digital se entendería de igual modo, cual sueño que queremos perseguir cada noche hasta que despertamos en una realidad completamente opuesta. No me voy a detener mucho en desmontar esta alternativa: es quedarse en terreno de nadie, mantener el status quo actual, pero adornado con palabras bonitas y algún que otro pinito que no lleve a ningún lugar.
Existe, no obstante, una tercera vía que sí merece un detenimiento mayor, dado que es la adoptada de facto por la propia Unión Europea: la autonomía estratégica abierta. El Servicio de Estudios del Parlamento Europeo definió hace tiempo este palabro como la capacidad de actuar de forma autónoma, confiando en los recursos propios en los ámbitos considerados esenciales, sin renunciar por ello a cooperar con socios cuando resulte necesario. En otras palabras: Bruselas seguirá comprando chips a Taiwán, software y servicios cloud a Estados Unidos, siempre que conserve margen de maniobra para no quedar rehén de ningún proveedor extranjero.
Bajo ese paraguas, la Comisión ha desarrollado un marco de evaluación, el Cloud Sovereignty Framework, que mide a cada proveedor en ocho ejes distintos, desde la soberanía estratégica y la jurídica hasta la de datos, la operativa, la de cadena de suministro o la medioambiental. El documento distingue cuatro escalones, del cero a la soberanía digital plena, y esta última exige que la tecnología y la operación estén bajo control europeo íntegro, sometidas exclusivamente a legislación comunitaria y sin dependencias críticas de terceros países.
Empero, ni tan siquiera la Comisión Europea exige exige ese cuarto escalón como condición de entrada: lo utiliza como vara de medir, no como barrera de acceso. Creo que eso ya dice mucho de hasta qué punto el ideal estricto ha sido descartado en el plano de las realidades.
España ha ido remando en una dirección parecida, aunque hay que admitir que el Ejecutivo reconoció abiertamente en varias publicaciones que el concepto de soberanía digital "admite significados múltiples". Tras la asunción de lo palmario, nuestro país parece optar por preservar los principios y valores del modelo digital europeo sin depender de terceros en tecnologías y recursos críticos. Fácil de decir, mucho más difícil de llevar a cabo; máxime cuando estás vetando en la práctica la construcción de infraestructuras digitales como los centros de datos (atentos, dicho sea de paso, al monográfico que dedicamos al tema el próximo martes).
Y es que, no olvidemos que más del 80% de los servicios cloud y el 90% de los datos europeos estarían todavía en manos de proveedores estadounidenses.
Por ello, ya hay quienes hablan en toda regla de un "sovereignty washing". Así lo bautizó la patronal europea de infraestructuras cloud, CISPE, puesto que la interpretación que está ganando esta particular batalla dialéctica es la más laxa de todas; la que han ido adoptando los grandes proveedores estadounidenses para no quedarse fuera del mercado europeo sin renunciar a su modelo de negocio global. Una en la que ceden la ubicación física de sus activos digitales, pero con la espada de Damocles de una posible ruptura geopolítica con Trump y las perniciosas consecuencias que ello podría acarrear.
Ninguna de las propuestas que entran bajo este paraguas, de ninguno de los hiperescalares ni grandes fabricantes del sector, es capaz de resolver las dudas sobre cómo se aplicaría la Cloud Act estadounidense en un caso extremo. La mera existencia de esta norma implica que una empresa sometida a jurisdicción de Washington puede verse obligada a facilitar información bajo determinadas circunstancias, incluso si esos datos están físicamente almacenados en un centro de datos de Madrid, Fráncfort o Ámsterdam.
Y sí, podemos considerar soberano o autónomo el hecho de separar la infraestructura, contratar personal europeo o crear una filial europea para estos menesteres, pero nada de lo anterior resuelve la cuestión principal de esta ley.
Así que entre todos estos mares hemos de navegar al hablar de soberanía digital y autonomía estratégica, entre los intereses de unos y otros por hacer valer sus alegaciones e impresiones. En medio de una discusión que dejó de ser binaria hace bastante tiempo, que oscila en una amplia escala de grises entre la autarquía tecnológica y el blanqueo de una interdependencia que se antoja insuperable. Así hasta mañana y al siguiente día...
