Juan Riva, fundador y CEO de IMMUNE Technology Institute.
Tecnología, motor de riqueza: lecciones de éxito político y ciudadano para España
En el escenario económico actual, la tecnología ha dejado de ser un mero sector productivo para convertirse en la palanca transversal de generación de riqueza más determinante del siglo XXI. Digitalizar un país no consiste únicamente en dotar de ordenadores a las escuelas o habilitar trámites por internet; se trata de transformar la estructura productiva, multiplicar la productividad y atraer capital de alto valor añadido.
Para España, en plena fase de consolidación de la transición digital, la confluencia entre una política pública sólida y la adopción tecnológica representa una de las oportunidades más claras para modernizar nuestro modelo económico. Sin embargo, si queremos escalar posiciones en el escenario global, conviene mirar hacia aquellos países que han entendido que la tecnología no puede quedar relegada a una cuestión sectorial, sino que debe formar parte de una estrategia de Estado.
La tecnología no prospera en el vacío. Necesita seguridad jurídica, infraestructuras de vanguardia, incentivos fiscales y, sobre todo, una visión política capaz de mantenerse en el largo plazo. Cuando las administraciones públicas actúan como catalizadoras y no como freno burocrático, la inversión privada encuentra un entorno más favorable, el talento tiene incentivos para desarrollarse y las economías tradicionales pueden abrirse a nuevas actividades de alto valor añadido.
Hay ejemplos internacionales que demuestran hasta qué punto esta relación entre política, tecnología y crecimiento puede transformar un país:
Arabia Saudí a través de su estrategia Vision 2030, el liderazgo político del país ha situado la tecnología en el centro de una transición económica que busca reducir la dependencia del petróleo y convertir al país en un hub tecnológico e industrial más diversificado. El Estado está impulsando grandes proyectos y atrayendo a compañías internacionales mediante marcos regulatorios adaptados a ámbitos como la inteligencia artificial y la tecnología cuántica. Pero esta transformación no se limita a la economía.
También alcanza directamente a los ciudadanos. El ecosistema de gobernanza digital desarrollado a través de aplicaciones como Absher y Tawakkalna permite realizar numerosos servicios gubernamentales desde el móvil, desde la gestión de visados y licencias hasta diferentes trámites relacionados con la propiedad o la salud, reduciendo de forma drástica la necesidad de recurrir a procedimientos presenciales.
Estonia representa otro caso especialmente significativo. Tras recuperar su independencia en los años noventa, sus dirigentes entendieron que la digitalización podía ser una herramienta decisiva para superar las limitaciones de un país con recursos relativamente reducidos. La apuesta por una infraestructura digital compartida como X-Road y por iniciativas como e-Residency permitió construir un modelo administrativo en el que la tecnología se convirtió en parte estructural del funcionamiento del Estado. El resultado es una administración en la que el 99% de los servicios públicos están disponibles online y en la que los ciudadanos pueden realizar desde su domicilio acciones como votar por internet, firmar contratos con validez legal o consultar su historial médico unificado.
Más que digitalizar trámites existentes, Estonia convirtió la tecnología en la base sobre la que diseñar una nueva relación entre el ciudadano y la Administración.
Singapur ha seguido una filosofía similar con su iniciativa Smart Nation. Allí, la política pública y el ecosistema empresarial tecnológico avanzan de manera coordinada, con GovTech como uno de los principales instrumentos para impulsar la innovación desde el propio Estado. Su planteamiento resulta especialmente interesante porque busca combinar la agilidad propia de una startup con la capacidad de una administración pública, probando soluciones en entornos reales antes de desplegarlas a gran escala. Para el ciudadano, esta estrategia se traduce en herramientas como Singpass, que permite gestionar servicios relacionados con impuestos, vivienda o salud desde una misma identidad digital.
La utilización de datos para comprender en tiempo real el funcionamiento de los servicios públicos permite, además, optimizar ámbitos tan cotidianos como el transporte o la recogida de residuos.
Corea del Sur ofrece, por su parte, una demostración de lo que puede conseguir una apuesta sostenida por la investigación, la conectividad y la industria tecnológica. El país mantiene uno de los niveles de inversión en I+D respecto al PIB más elevados del mundo, superando el 4%, y ha desarrollado durante décadas una estrecha colaboración entre universidades, Estado y grandes conglomerados tecnológicos. Esa inversión también tiene una traducción directa en la vida cotidiana. Sus sistemas de transporte ultraconectados utilizan redes 5G y análisis masivo de datos para anticipar situaciones de saturación en el metro y ofrecer alternativas en tiempo real a los usuarios.
Todos estos casos tienen diferencias evidentes, pero comparten una misma idea: la tecnología se convierte realmente en un motor de riqueza cuando existe una estrategia política capaz de acompañarla. España cuenta con importantes bazas para avanzar en esa dirección. Dispone de una de las mejores redes de fibra óptica de Europa, un ecosistema de startups en crecimiento y ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga que se han convertido en polos de atracción de talento internacional. El punto de partida, por tanto, es favorable.
El reto está en convertir esas fortalezas en una estrategia coherente y sostenida en el tiempo. Una de las prioridades debería ser avanzar hacia una Administración más ágil e interoperable, capaz de conseguir que los sistemas de las diferentes comunidades autónomas se comuniquen entre sí sin fricciones. La experiencia de Estonia demuestra que compartir datos y construir infraestructuras digitales comunes puede simplificar enormemente la relación entre ciudadanos, empresas y Administración.
También resulta fundamental generar un marco estable para la investigación y el desarrollo. La inversión tecnológica necesita certidumbre. Si España quiere atraer centros de I+D y proyectos de multinacionales tecnológicas, debe ofrecer un entorno normativo claro, previsible y duradero, acompañado de incentivos que favorezcan la innovación y permitan competir por talento y capital internacional.
Y hay una tercera dimensión que no podemos perder de vista: la capacitación. La transformación digital sólo será realmente positiva si sus beneficios llegan al conjunto de la sociedad. La digitalización no puede convertirse en un factor más de desigualdad entre quienes tienen acceso a las herramientas y conocimientos necesarios y quienes quedan al margen. Por eso, la formación y la alfabetización digital deben ocupar un lugar central, desde las aulas hasta las políticas dirigidas a colectivos vulnerables y zonas rurales.
La tecnología es, en definitiva, uno de los engranajes centrales de la generación de riqueza en las economías modernas, pero la política es la que puede hacer que ese engranaje funcione a escala nacional. Los países que han entendido esta relación y han sido capaces de mantener una estrategia tecnológica sostenida están consiguiendo mejorar su productividad, su competitividad y la calidad de los servicios que ofrecen a sus ciudadanos.
España tiene ante sí una oportunidad que no debería desaprovechar. No se trata únicamente de digitalizar más, sino de utilizar la tecnología para transformar nuestra economía, hacer más eficiente la Administración, generar oportunidades para las empresas y mejorar la vida de los ciudadanos. Para conseguirlo necesitamos políticas valientes, estabilidad y una visión de largo plazo.
Y, sobre todo, necesitamos responsables políticos convencidos de que la tecnología no es simplemente una herramienta, sino una de las grandes palancas de mejora social y económica de nuestro tiempo.
***Juan Riva es fundador y CEO de IMMUNE Technology Institute.