La energía es prosperidad. La energía es poder. La escalada militar en torno a Irán y el cierre parcial del estrecho de Ormuz han devuelto esta realidad al centro del debate global. Nueva guerra, mismo dilema: Europa vuelve a preguntarse su papel en un nuevo orden mundial donde otros mandan sobre su energía.
Aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial y grandes volúmenes de gas natural pasan por ese estrecho, uno de los principales cuellos de botella energéticos del planeta. Cuando ese flujo se interrumpe, los mercados reaccionan. El precio del crudo se ha disparado y la volatilidad energética vuelve a dominar el escenario económico global.
La transición energética europea nació, en parte, para responder a esta vulnerabilidad. Menos dependencia de combustibles importados. Más electrificación. Más industria limpia local.
Pero para que esa transformación ocurra se necesita, entre otras, una condición clave: la inversión. Y para que haya inversión, los mercados necesitan señales claras.
Desde hace dos décadas, el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones, el ETS, ha sido una de esas señales.
El principio es simple: poner precio al carbono para orientar el capital hacia tecnologías limpias y procesos industriales más eficientes. Es una señal económica que influye en decisiones de inversión de miles de millones de euros.
Gran parte de estos proyectos se basan en el hecho de que emitir carbono será cada vez más caro. Cuando esa señal es estable, los inversores planifican. Cuando se vuelve incierta, el capital se congela.
El mercado de carbono europeo está en cuarentena. En las últimas semanas, Italia ha llegado a pedir la suspensión del sistema ETS argumentando que perjudica la competitividad de la industria europea.
El debate es legítimo. La incertidumbre no. Porque Europa se encuentra en medio de una carrera industrial global. En lugar de grandes subsidios, confió en instrumentos regulatorios como el ETS para orientar la inversión privada. Debilitar esa señal ahora enviaría exactamente el mensaje equivocado al mercado.
La guerra en Oriente Medio está recordando que la transición energética no es solo una política climática. Es una política de seguridad económica.
Mientras el mundo sigue dependiendo de rutas energéticas vulnerables como el estrecho de Ormuz, las economías seguirán expuestas a perturbaciones geopolíticos.
La electrificación, las renovables y las nuevas tecnologías industriales ofrecen una salida a esa dependencia. Pero solo si se despliegan a gran escala.
La Península Ibérica empieza a mostrar lo que puede ocurrir cuando se une la energía limpia competitiva con la ambición industrial. España y Portugal cuentan con recursos renovables, base industrial y un ecosistema cleantech en rápido crecimiento. En 2025, la inversión en tecnologías limpias en la región alcanzó 768 millones de euros, el nivel más alto registrado hasta ahora. El capital no está desapareciendo, está seleccionando mejor. Busca estabilidad, escala y previsibilidad.
Europa no puede permitirse debilitar el instrumento que orienta buena parte de esa inversión. Eso no significa que el ETS no deba evolucionar. La cuestión merece una reflexión y un debate profundos, alejados de planteamientos de “todo o nada”. Reducir el debate a un esquema de ganadores y perdedores tampoco resulta adecuado.
Pero reformar no es lo mismo que desestabilizar.
Europa puede liderar la transición energética. Pero si debilita la señal que guía la inversión, corre el riesgo de financiar la transición… de otros.