Lo local y comunitario, el reto de la inversión de impacto

No descubro nada al subrayar el complejo escenario en el que se mueven las sociedades occidentales, con grandes retos sociales y medioambientales que necesitan de soluciones sistémicas e innovadoras, verdaderamente transformadoras. Un contexto que convierte en actores clave a emprendedores y entidades sociales.

La transición ecológica y el cambio tecnológico, la despoblación y el envejecimiento o el aumento de las desigualdades son desafíos a los que se enfrentan emprendedores sociales y organizaciones sin ánimo de lucro que constituyen un ecosistema propio, con un peso estructural en nuestra economía y en nuestra cohesión social.

Casi 28.000 entidades conforman en España el Tercer Sector de Acción Social, que aglutinan a cerca de 1,5 millones de personas voluntarias y representan entre el 1,2% y el 1,5% del PIB, según el Barómetro de la Plataforma Estatal de Entidades Sociales. Más del 70% intervienen a nivel local o regional, reflejando su arraigo y capacidad para detectar necesidades antes de convertirse en estructurales.

Hablamos de un ecosistema diverso y profundamente capilar. El 77,4% son asociaciones y el 16,8% fundaciones, configurando un modelo de participación ciudadana y compromiso comunitario; un sector atomizado de pequeña dimensión económica: el 48,49% de las entidades tienen ingresos anuales inferiores a 30.000 euros y casi el 30% se sitúan entre 30.000 y 300.000 euros. Sólo el 9,95% supera el millón de euros anuales. Esta realidad pone de manifiesto su cercanía y su fragilidad financiera.

A pesar de ello, las entidades y quienes lideran proyectos de emprendimiento social lideran respuestas en ámbitos como inclusión, economía circular o revitalización del medio rural. Su valor diferencial radica en el conocimiento del territorio, su confianza y un enfoque centrado en las personas. Son laboratorios de innovación social que experimentan, aprenden y adaptan soluciones donde el mercado tradicional no llega.

Instrumentos financieros para un cambio estructural

No obstante, los retos actuales y futuros exigen ir más allá de intervenciones aisladas. Alcanzar transformaciones sistémicas —alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)— requiere escalar soluciones, fortalecer capacidades y movilizar capital a gran escala. Actualmente, sólo el 15% de los ODS están en vía de alcanzarse y se estima que se necesitan 4 billones de euros anuales adicionales para lograrlos. En este escenario, la inversión de impacto emerge como un instrumento fundamental.

Se trata de capital que busca generar repercusión medible, junto con un retorno financiero que en el conjunto europeo podría alcanzar el billón de euros en 2034. No obstante, el desarrollo de este mercado debe afrontar tensiones: con frecuencia se concentra en iniciativas de alto crecimiento y rápida rentabilidad, olvidando propuestas innovadoras en fase inicial, proyectos comunitarios y organizaciones locales que no encajan en lógicas puramente de mercado.

Si aspiramos a cambios estructurales, resulta imprescindible que los instrumentos financieros se adapten a la realidad del tejido social. El espectro de capital debe ampliarse para incluir financiación paciente, blended finance, contratos de impacto social y mecanismos que combinen recursos públicos, privados y filantrópicos, ajustados a los ciclos y capacidades de las entidades.

Para lograrlo, el propio sector debe también afrontar un proceso de fortalecimiento, modernización y digitalización. Invertir en capacidades organizativas, gobernanza, talento y tecnología es fundamental para mejorar en eficiencia, transparencia y escalabilidad de las soluciones. Asimismo, avanzar en gestión y medición de impacto no es una opción, sino una condición para dialogar de tú a tú con inversores y administraciones. Medir con rigor lo que importa favorece la toma de decisiones, atrae financiación y muestra cómo las soluciones funcionan.

Aquí la responsabilidad no recae únicamente en las organizaciones, se necesita un marco político que sitúe el impacto en el centro de las decisiones, simplificando el acceso a fondos, promoviendo estándares claros —como los contratos de impacto social— y transformando fondos públicos en recursos orientados a resultados e impacto.

La puesta en marcha de "Málaga no caduca", el primer Contrato de Impacto Social es un avance. Impulsado por la Diputación Provincial de Málaga, esta propuesta inaugura una fórmula que estudian ya otras administraciones para afrontar retos pendientes. El éxito reside en involucrar a organizaciones y empresas sociales con fondos de inversión para aprovechar el excedente alimentario y atender situaciones de soledad no deseada y desempleo, atendiendo a más de 40.000 personas vulnerables en cinco años.

Si queremos evitar que se agranden las brechas sociales y territoriales toca ser valientes para canalizar recursos hacia quienes trabajan en los márgenes: pequeñas entidades locales, emprendedores en fase temprana y comunidades vulnerables. El futuro de nuestra cohesión social dependerá de la capacidad de consolidar un ecosistema donde ONGs, emprendedores, administraciones y fondos de inversión cooperen en un plano de igualdad. Sólo así podremos pasar de soluciones puntuales a transformaciones sistémicas que no dejen a nadie atrás.

***José Antonio Naveros es director general de la Asociación Arrabal-AID y miembro de SpainNAB.