Aparece una nueva tecnología generalista, se produce un estremecimiento colectivo y, antes de que el polvo se asiente, alguien anuncia el fin del trabajo. Pasó con los telares, pasó con la electricidad, pasó con el ordenador personal y pasó con internet. Los propios medios de comunicación, bien lo sé, llevamos pronosticando el fin de nuestra profesión con cada evolución técnica. La novedad que llega con la inteligencia artificial no es, por tanto, el miedo a la destrucción de empleo, sino que hay muchas voces deseando legislarlo antes de comprobar si sucede.

El debate actual sobre la inteligencia artificial, y en particular sobre el llamado impuesto a los robots, tiene algo de anacronismo acelerado. No estamos reaccionando a un cambio observado, sino a un cambio anticipado. La política económica, por primera vez de forma sistemática, empieza a organizarse en torno a un contrafactual tecnológico, basado tan sólo en promesas y expectativas por demostrar.

El paper de Orly Mazur parte precisamente de esa intuición. Si uno baja al barro de los datos, apenas alrededor del 5% de las empresas estadounidenses utiliza inteligencia artificial de forma material en la producción. Incluso en el terreno donde la adopción parece más evidente, el del uso individual, únicamente el 27% de los trabajadores declara usar herramientas de IA generativa en su trabajo.

Pero usar no significa sustituir. La mayoría de los despliegues actuales complementan tareas existentes, desde atención al cliente hasta análisis documental, más que suplir por completo la actividad de uno u otro profesional. Y así es como la diferencia entre lo técnicamente posible y lo económicamente viable aparece aquí como la gran herejía contra la narrativa dominante. Tanto que sólo alrededor del 23% de la compensación asociada a tareas expuestas a visión artificial resulta rentable de automatizar con la tecnología y costes actuales.

Podemos concluir, al menos con las pruebas disponibles a fecha de hoy, que la automatización absoluta no es un límite tecnológico, sino un límite económico. Y eso altera por completo la cuita regulatoria, puesto que el reemplazo inevitable de humanos por robots en realidad depara una decisión empresarial condicionada por precios, integración y retorno de la inversión.

Sin embargo, la conversación pública en algunos círculos de la autodenominada 'sociedad civil' avanza como si el reemplazo fuese un hecho consumado.

El argumento político que justifica el impuesto a la IA suele ser doble. Primero, la destrucción masiva de empleo. Segundo, la erosión de la base fiscal laboral. Ambos supuestos descansan sobre la idea de una sustitución rápida y generalizada.Pero la evidencia empírica no acompaña estos argumentos. E incluso con las cifras más ambiciosas, el Fondo Monetario Internacional estima que cerca del 40% del empleo mundial está expuesto al impacto de la IA.

Y en cualquier caso, expuesto no significa destruido, ni siquiera reducido. Los estudios citados en el paper encuentran que el impacto laboral se produce principalmente mediante reorganización de tareas y no reposición de vacantes, más que a través de despidos masivos. Es el viejo patrón de las tecnologías de propósito general: cambian el contenido del trabajo antes de cambiar el volumen del empleo.

Con todo lo anterior, no hay evidencia alguna de una erosión significativa de la base tributaria derivada de la automatización. La participación del trabajo en la renta permanece relativamente estable y, de hecho, la propia IA promete mejorar la recaudación mediante detección de fraude y auditoría automatizada. Como bien sabemos todos los que rendimos cuentas a Hacienda, el sistema fiscal es más resiliente que el discurso que lo rodea.

Volviendo al inicio de esta columna, lo novedoso de los tiempos que corren es la temporalidad política que provoca la revolución. Históricamente, la secuencia era simple. Primero la economía cambiaba. Después la política se adaptaba. Empero, ahora la secuencia se invierte: primero imaginamos el impacto; después diseñamos la respuesta y, finalmente, esperamos comprobar si la hipótesis se materializa.

La economía entra así en una fase epistemológica distinta. No se regula el presente, sino la posibilidad del futuro. Vuelvo a insistir en la necesidad de contabilizar la promesa de la inteligencia artificial. El impuesto a los robots no responde a un fenómeno observable, sino a un escenario plausible. Es política económica preventiva basada en modelos tecnológicos; una especie de planificación del riesgo ontológico.

Gravar una tecnología antes de que produzca el efecto que se pretende corregir implica convertir la política en un instrumento de anticipación narrativa. Se penaliza la promesa por el miedo a su eventual cumplimiento. Y, como recuerda el paper, ello puede desviar recursos, frenar innovación útil y encorsetar categorías legales que quedarán obsoletas antes de desplegarse.

Dicho de otro modo, estamos diseñando la arquitectura fiscal de una economía hipotética. Nunca antes habíamos intentado construir el sistema tributario de una transformación productiva basándonos en demos de producto y proyecciones de productividad. Ni siquiera en la mecanización industrial se gravaron las máquinas por sustituir brazos: se gravó la renta generada después.

Nada de esto significa que la inteligencia artificial no vaya a alterar el empleo, la desigualdad o la fiscalidad. Significa que todavía no lo ha hecho a la escala que justificaría una respuesta estructural específica. Por ello, debemos encarar una estrategia secuencial: gobernanza, adaptación institucional y monitorización ahora; reformas fiscales solo si la disrupción se materializa.

Tal vez la verdadera transformación no esté en la tecnología, sino en nuestra relación política con ella. La inteligencia artificial inaugura una economía en la que la promesa produce efectos regulatorios antes que efectos productivos. La política deja de ser reactiva para volverse prospectiva y al hacerlo corre el riesgo de legislar sobre una sombra.