Nuevo año, nuevo AI Impact Summit (esta vez en India) y mismas promesas vacías. Allí estaba el presidente español, Pedro Sánchez, reunido en Nueva Delhi con otros mandatarios globales y líderes tecnológicos. Y de entre sus declaraciones, una: la reivindicación de que la IA no esté “en manos de unos pocos”.

Tiene sentido decir algo así, en línea con las aspiraciones de soberanía digital y tecnológica de Europa. El problema es que sus palabras no se corresponden con los hechos. La digitalización del sector público español se ha construido sobre infraestructuras y servicios proporcionados por multinacionales tecnológicas estadounidenses como Amazon Web Services, Microsoft, Google, Oracle o Cisco.

Almacenamiento en la nube, IA generativa, plataformas de trabajo en tiempo real… Un servicio tras otro, un sector tras otro (educación, sanidad, ciberseguridad, etc.), a escala local, regional y nacional. Algunos de esos acuerdos han sido responsabilidad directa de Sánchez. El más destacado es el que firmó en 2024 con Microsoft, entre otras cosas, para ampliar el uso de sus productos en la Administración pública, “con soluciones de inteligencia artificial generativa y planes de formación para funcionarios”, y el “refuerzo de la ciberseguridad nacional”.

El acuerdo contemplaba además la instalación en España de centros de datos de la tecnológica, sumándose así a la lista de gigantes tecnológicos (Amazon Web Services, Google, Meta, Oracle…) que, en los últimos años, han sellado alianzas para instalarse o expandir sus instalaciones en los patios traseros de ciudades y pueblos españoles.

Mientras tanto, supuestas alternativas, como Gaia X, para reducir la dependencia de proveedores tecnológicos extracomunitarios, están pobladas por multinacionales de fuera de la UE. Y para redoble de tambores, ahora que está de moda lo de la soberanía digital, estas empresas ofrecen planes a medida para que los datos de España y Europa sigan dependiendo de ellas. Eso sí, alojados en suelo europeo y cumpliendo las normas de la UE (faltaría más).

Recientemente, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, celebraba “la alianza Oracle-España” (...) “en el camino hacia la privacidad europea, el Estado de derecho y la soberanía digital”. Una rendición a los encantos de la “nube soberana” de la tecnológica estadounidense.

Soberanía empaquetada

Los gigantes tecnológicos no combaten el discurso soberanista europeo, sino que lo absorben, lo redefinen y lo convierten en servicio. Han transformado el concepto de soberanía digital en un producto comercial. Los investigadores Rafael Grohmann y Alexandre Costa Barbosa, de la Universidad de Toronto (Canadá), han bautizado a esto “soberanía como servicio” en su artículo ‘Sovereignty-as-a-service: How big tech companies co-opt and redefine digital sovereignty’.

La soberanía deja de ser una cuestión de autodeterminación colectiva, y pasa a ser un producto modular empaquetado. “Constituye una forma de captura discursiva”, señalan. “La soberanía digital se convierte en un servicio que se compra, configura y optimiza a través de plataformas propietarias”. En lugar de que la soberanía se ejerza sobre las plataformas, ahora es provista por ellas, en sus propios términos.

“En otras palabras, la soberanía se convierte en un significante vacío”, uno que las big tech llenan con servicios de infraestructura bajo la etiqueta de “nube soberana”, que permite a los gobiernos venderla como soberanía digital. Una práctica que, paradójicamente, aleja a dichos gobiernos de alcanzarla.

Europa no compra independencia: compra dependencia gestionada. Que las tecnológicas intenten venderle al Viejo Continente que puede independizarse utilizando sus tecnologías y equipos de forma local y bajo sus reglas es comprensible. Que Europa se lo compre es un mal chiste. Una falsa ilusión de control.

Fábricas de IA

En el ámbito de la IA sucede más de lo mismo. La llamada “IA soberana” es más una estrategia de marca política que una realidad técnica. Al contrario, los esfuerzos estatales por lograr la independencia en IA están resultando en un nuevo tipo de colonialismo digital, como argumenta en Fortune el inversor Nathan Benaich, autor del ‘State of AI Report’.

Benaich explica que países como los Emiratos Árabes Unidos, Francia e India están invirtiendo miles de millones en modelos y proyectos de IA “soberanos” (como Mistral o BharatGPT), pero estos siguen dependiendo totalmente de chips, software e infraestructura estadounidense. Cuanto más intentan estas naciones alcanzar la independencia, más se profundizan sus dependencias con el ecosistema global.

“El término ‘fábricas de IA’, adoptado por el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, redefine los centros de datos como infraestructuras estratégicas similares a centrales eléctricas o astilleros. Se trata de una estrategia de marca política, no de una realidad técnica. Alinea la IA con la retórica de la autosuficiencia nacional, aun cuando los sistemas subyacentes siguen siendo de fabricación extranjera y están interconectados globalmente”, afirma el inversor.

Esto -dice Benaich- integra a los países en una red de dependencias en cada nivel de la infraestructura de IA. Un laboratorio europeo puede entrenar su propio modelo y almacenar sus parámetros en un centro de datos ubicado en Francia, pero ese centro funciona con chips, nubes y herramientas de software de empresas estadounidenses.

Raffi Krikorian, director de Tecnología de Mozilla, afirma -en la misma línea- que invertir en big tech puede minimizar los costes a corto plazo, pero también consolida las rentas digitales pagadas a entidades extranjeras, maximiza la dependencia a largo plazo de socios poco fiables, y aumenta drásticamente los costes de salida. “Si los gobiernos financian la dependencia, la dependencia es lo que obtendrán”.

Una verdadera soberanía tecnológica

¿Qué haría falta, entonces, para una soberanía tecnológica? Una que englobe datos, infraestructura y capacidades de IA.

Benaich asegura que la clave no es producir los modelos de IA, sino tener la infraestructura que conecta los datos con la implementación. Esto implica invertir en capacidad nacional de datos expertos, seguridad, desarrollar infraestructuras de desarrollo de código abierto y cultivar la independencia de los chips: no para competir con Nvidia, sino para asegurar alternativas “suficientemente buenas” y diversificar el riesgo.

“Las naciones deben pensar en ecosistemas, no en modelos heroicos. Un sector de IA vibrante no surgirá de un GPT-X insignia, sino de una red interdependiente de herramientas, estándares, infraestructura y gobernanza locales. EEUU y China tienen ecosistemas. Europa, por ahora, no”, sostiene el inversor. Y señala también que ningún país puede aislarse totalmente, algo que califica de “costosa ilusión”.

Algo parecido apunta Krikorian. Aboga por la construcción de un ecosistema de alternativas de código abierto, que aseguren la autonomía política, amplíen la superficie competitiva de las empresas locales y aporten legitimidad, reduciendo costes.

“Esta lógica ya ha demostrado su eficacia: internet no surgió solo de actores privados, sino de una inversión pública mantenida en tecnologías abiertas. Desde el CERN hasta Airbus y Galileo, la lección es constante: cuando los Estados cofinancian bases abiertas o compartidas, la innovación privada prospera por encima de ellas. Cuando, en cambio, financian el acceso, la dependencia se acentúa”.

Además, coincide con Benaich en que soberanía no significa soledad. “Como dijo en Davos el primer ministro canadiense, Mark Carney: «Las inversiones colectivas en resiliencia son más baratas que cada cual construyendo su propia fortalezas»”.

¿Y España, qué?

España ha intentado sumarse a la carrera con iniciativas propias en IA generativa, con desarrollo de modelos fundacionales en castellano y lenguas cooficiales, con resultados irregulares. También se está invirtiendo en microelectrónica a través del PERTE Chip, con una dotación pública de más de 12.000 millones de euros para reforzar la cadena de valor de los semiconductores. El objetivo es atraer fábricas, centros de diseño y capacidades de encapsulado avanzado.

Esto se está haciendo gracias fundamentalmente a financiación europea, con los fondos del instrumento Next Generation EU. Pero como advierte Emilio García en su libro Chips y poderr, Europa llega tarde a la “segunda guerra de los chips”. Considera que la UE debe dar un giro a su política industrial en el sector y, como señala Draghi, un enfoque más articulado y coordinado entre los Estados miembros”.

El informe Hacia la Ley de Chips 2.0, publicado esta semana por Fundación Alternativas, plantea tres principales recomendaciones para Europa: blindar los segmentos críticos para su industria en la cadena de suministros, reforzar su posición en los elementos de la cadena de valor donde es indispensable (como las máquinas de fabricación) y aprovechar la ventana de oportunidad en las tecnologías emergentes, como chips fotónicos o cuánticos.

En el caso de España, la catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, Ana Isabel Cremades, plantea en un informe publicado por la Fundación Cotec la necesidad de una Estrategia Nacional de Semiconductores. Un plan “que trascienda el marco del PERTE actual, con una visión de largo plazo, inversión sostenida y una gobernanza inclusiva que integre a todos los actores clave del ecosistema”.

Se trata no solo de atraer fábricas, sino de construir capacidades propias y especialización estratégica dentro de la cadena de valor europea. Entre otras medidas, propone consolidar una red de centros de excelencia, crear incubadoras deep tech y apoyar startups y scale-ups mediante capital público-privado y compra pública de innovaciones, una política ambiciosa de talento y formación integral, una estrategia circular para los semiconductores, con criterios ambientales desde el diseño al final de vida útil.

Todo esto requiere de tiempo, y aumenta la tentación política de alquilar soberanía empaquetada. Esta es rápida y da titulares. Sin embargo, así no se van a deshacer décadas de desindustrialización tecnológica y de desarrollo de dependencias estructurales digitales y materiales con China y EEUU.

Ni España ni Europa necesitan más marketing soberanista. Si de verdad se quiere evitar que la IA esté “en manos de unos pocos” y existe un compromiso real con la “soberanía tecnológica”, como proclamó Sánchez en el AI Impact Summit en India, el primer paso es reducir la dependencia de las infraestructuras de las grandes tecnológicas, comenzando por la propia Administración pública.

No se puede predicar la autonomía mientras se externaliza el núcleo digital del Estado. La soberanía no se alquila: se construye, se financia y se defiende. O, de lo contrario, se pierde.