Decía la experta Nuria Oliver, ingeniera y doctora del MIT, que nos encontramos en una nueva revolución industrial, la cuarta, en la que ya no tiene cabida la pregunta de si la tecnología debe prohibirse o no, igual que no podemos pensar en si podemos vivir en un mundo que no sea móvil, conectado y digital.
En una sociedad digital en la que la tecnología ya está presente en todos los ámbitos de nuestra vida: en el laboral, social, informativo, comunicativo, ocio y entretenimiento… No educar digitalmente a los menores es no garantizar sus derechos y no prepararlos en competencias para el futuro que van a tener que vivir.
Pero cuando hablo de garantizar este derecho, recojo el objeto de la nueva Ley de Protección de los menores en el entorno digital, como así consta en su artículo 1.: “Las personas menores de edad tienen derecho al acceso equitativo y efectivo a dispositivos, conexión y formación para el uso de herramientas digitales".
Lo cual significa que se debe garantizar que ningún NNA por motivos socio económicos o de cualquier otra vulnerabilidad pueda quedar sin educación y formación en el uso responsable, consciente, seguro y crítico de la tecnología, y si esto no se puede desarrollar en su ámbito familiar, se deberá hacer a través de la escuela.
Como docente, gran parte de mi trabajo de formación y divulgación se centra en cómo implementar la tecnología en los centros escolares, por ello… comencemos hablando de la digitalización de las aulas y los posibles riesgos que se presentan.
Es necesario que se diferencie bien de qué hablamos cuando empleamos el término “tecnología” y/o “pantallas” y en qué contexto, pues no es lo mismo hablar del uso de un dispositivo digital personal como un móvil con acceso a redes sociales o apps de mensajería instantánea, es decir, un smartphone, que a sistemas, programas y herramientas digitales que se emplean en el aula, como apps de realidad aumentada, virtual o mixta, IA generativa, programas de creación y edición de contenidos audiovisuales, programación o robótica, etc.
Además, debemos recordar que, por ley, como marca la LOMLOE, estamos obligados a formar en la adquisición de competencias digitales al alumnado. La Competencia Digital es obligatoria y se aborda en el currículo desde Educación Infantil y es transversal en todo el sistema educativo.
Por tanto, la prohibición del uso de recursos digitales en algunas etapas y/o limitación simplemente utilizando como indicador el “tiempo de pantallas”, no es una medida adecuada porque atenta contra obligatoriedad y necesidad de trabajar la competencia digital del alumnado.
Y es que después de más de 30 años seguimos sin entender que la tecnología debe ser una palanca de cambio para mejorar la educación y no para “vender una mejor educación”. Debe ser una herramienta que aporte soluciones reales y realistas en el complejo desafío que supone educar y para ello no podemos convertirla en objetivo en sí misma, ya que, si no, será esa quimera que hemos estado viendo en tantas ocasiones que no ha traído más que promesas incumplidas…
Ahora bien, nuestro deber es implementar esta tecnología de forma correcta, regulada, asequible y medible.
Si hasta ahora teníamos claro que un sistema educativo justo debía garantizar libros, comedor o transporte, hoy debemos aceptar una realidad: sin acceso y formación digital, no hay igualdad de oportunidades. Y sí, eso también es equidad.
Existe evidencia científica abundante que respalda el uso educativo de la tecnología como herramienta para la equidad social. Un metaanálisis reciente basado en 760 estudios revisados (Di Pietro & Castaño-Muñoz, 2025) reporta beneficios para el alumnado con mayores problemáticas sociales, siempre que se acompañe de formación adecuada y acceso universal a recursos.
También sabemos que los niños y niñas son más conscientes de los riesgos de las tecnologías si su escuela las integra adecuadamente e incluye alfabetización digital (Chaudron et al, 2018).
Durante décadas, la equidad educativa se ha medido en función del acceso a elementos básicos como los libros de texto y las políticas públicas, y medidas compensatorias han intentado asegurar que el contexto socioeconómico de un niño o niña no determinara su posibilidad de aprender. Sin embargo, en pleno siglo XXI, con una sociedad atravesada por la tecnología, la brecha ya no está solo en el acceso al aula, sino también en el acceso al mundo digital. Y esto plantea una pregunta urgente: ¿cómo garantizamos hoy el derecho a una educación justa si no aseguramos el acceso y el uso de recursos digitales?
Y si hasta ahora el reto ha sido difícil, ahora lo es muchísimo más, sin duda alguna, ya que el avance tecnológico ha sido exponencial durante los últimos años, pero no ha venido acompasado con los necesarios e imprescindibles cambios sociales…
El uso que se hace de la tecnología digital en la escuela, siempre que se realice por medio de una planificación adecuada, que tenga en cuenta los objetivos de aprendizaje y que priorice aquellas herramientas y aplicaciones que realmente aportan valor añadido a los procesos de enseñanza-aprendizaje con la supervisión docente, no tiene ninguna relación con los presuntos efectos negativos de las pantallas en la salud de los estudiantes: esto es el supuesto aumento de la miopía, de afección en el sueño, la atención y memoria, los déficits lingüísticos o la inteligencia y/o adicción. Por tanto, en el contexto educativo, no se dan las condiciones de exposición descontrolada o dañina que justificarían las limitaciones por problemas de “Salud Pública”.
Aunque sabemos que, indiscutiblemente, en el ámbito educativo/escolar, también pueden aparecer riesgos porque la tecnología no es inocua.
Principalmente estos se han relacionado con el uso de los dispositivos personales del alumnado (smartphones), como la grabación de situaciones de acoso, el uso no apropiado en zonas comunes, la falta de atención por su uso en el aula, o la falta de socialización entre alumnado, etc. Por ello, estos dispositivos han sido regulados en los centros educativos en todas las Comunidades Autónomas.
El resto de las tecnologías digitales se deben implementar con la idea de que sean herramientas complementarias (usadas cuando aporten un valor de enriquecimiento en el aprendizaje) y no sustitutivas de todos los elementos analógicos que deben seguir siendo utilizados por los docentes en el aula. Además de, por supuesto, cumplir con toda la normativa vigente en cuanto a protección de datos del alumnado y diseño ético de sus algoritmos.
En nuestro país el proceso de integración de la tecnología en las aulas ha sido diverso y se han repetido varios errores. El principal ha sido asumir que por integrar un recurso digital ya se produce una innovación educativa. Por ello, dotar de recursos, formación y tiempo a los centros y a los docentes es fundamental, para que sepan cómo integrar de forma adecuada las diferentes herramientas.
Porque la tecnología no transforma, lo hacen las personas que la integran con sentido. El nuevo informe de la OCDE (2025) -basado en la revisión de más de 350 estudios empíricos y 25 metaanálisis sobre el impacto de las tecnologías en el aprendizaje- confirma algo que llevamos años repitiendo: no es cuestión de pantallas, sino de propósito. Digitalizar no es tecnificar, es repensar los procesos educativos desde la pedagogía, la equidad y la humanidad.
Pero la alfabetización digital de los niños, niñas y adolescentes debe ser una corresponsabilidad entre familias y centros escolares.
La situación actual que se detecta tanto por los docentes como por padres y madres es que no hay un marco común o criterio para hacerlo, lo que lleva a que en la mayoría de las ocasiones los menores se encuentren con una gran disonancia entre las normas y límites que reciben en la escuela con lo que les marcan desde casa. Y es que…la educación digital debe empezar en casa.
La familia se ha convertido en el agente con mayor influencia en el uso de las pantallas y es donde se producen los malos usos, abusos y, por ende, mayores riesgos. Por tanto, su primera educación y formación debe partir del entorno familiar.
Las familias velamos en todo momento por la salud y el bienestar de nuestros hijos e hijas. Les educamos, les dotamos de alimento y cuidamos. Pero, además, hoy día, en plena era de la digitalización, aparece un nuevo término asociado con la labor de los padres y las madres: la mediación parental.
Esta es el proceso por el cual los responsables del menor lo acompañan en su proceso de alfabetización digital, lo educan para que realice un uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías (siempre dependiendo de la edad y madurez del menor) y velan por impedir que los riesgos de la tecnología se materialicen, y, en caso necesario, ofrezcan soluciones. Educar en digital es equilibrar, no erradicar la tecnología.
Cuidar el bienestar emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes comienza por fomentar una buena autoestima en el entorno físico, además de una alfabetización mediática que los prepare para convertirse en ciudadanos digitales.
Pero ello, implica encontrar un equilibrio saludable entre el uso de la tecnología y otras actividades importantes de la vida, mientras se promueve una relación positiva y consciente con el mundo digital. Es decir, debemos educar en la adquisición de buenas habilidades sociales y de comunicación en el entorno físico, afrontar adecuadamente el estrés y la frustración, potenciar el desarrollo del autocontrol en el entorno digital y, sobre todo, promover una buena utilización del tiempo de ocio, especialmente del ocio sin pantallas.
Como sociedad, no podemos permitirnos que haya NNA desconectados, literal y metafóricamente, del sistema educativo por una cuestión tecnológica. Porque por mucho que haya voces que afirmen que hay demasiados menores que disponen de tecnología en sus manos, si sus familias no tienen la capacidad de educarlos, acompañarlos o supervisarlos, es obligación y responsabilidad de la escuela adquirir este papel.
Las familias y los centros escolares deben ser aliados. Y la administración, facilitadora. Porque educar en digital no es solo poner límites de tiempo de pantalla, sino enseñar a usar la tecnología con sentido, seguridad y criterio. Es su derecho y nuestra responsabilidad.
