España ha construido en los últimos años una de las redes digitales más avanzadas de Europa. Lideramos el despliegue de fibra hasta el hogar, mantenemos elevados niveles de cobertura 5G y contamos con un ecosistema sólido de operadores, fabricantes y empresas de infraestructuras que han hecho posible este progreso.

Sin embargo, el éxito del pasado no garantiza el éxito del futuro. Los recientes episodios de tensión geopolítica, las ciberamenazas crecientes y la dependencia crítica de las redes en servicios esenciales hacen necesario reforzar las capacidades del país en ciberseguridad, continuidad de servicio y gestión avanzada de red.

Además, la combinación de inteligencia artificial generativa, IoT masivo, edge computing, automatización industrial y comunicaciones críticas están multiplicando las necesidades de capacidad, latencia, fiabilidad y resiliencia de las redes. Y, al mismo tiempo, la digitalización avanza hacia sectores altamente sensibles: movilidad conectada, salud digital, industria 4.0 o gestión urbana inteligente.

La pregunta ya no es si España está preparada, sino si será capaz de seguir el ritmo.

España parte de una buena posición, pero el reto ahora es distinto y más complejo. Nuestro país cuenta hoy con un nivel de cobertura 5G SA —la versión plenamente autónoma y avanzada del 5G— cercano al 56%, por encima de la media europea, pero aún muy por debajo de países como Estados Unidos, China o Corea del Sur, que superan el 90%.

Para cerrar esa brecha, necesitaremos abordar una densificación sin precedentes, con miles de nuevos nodos, small cells y microinfraestructuras que deberán instalarse en entornos urbanos, carreteras, polígonos industriales o zonas críticas.

Este nuevo ciclo no se parecerá al anterior. Ya no se trata de grandes torres o grandes obras: se trata de miles de microactuaciones distribuidas por el territorio que requieren coordinación, permisos ágiles y un marco regulatorio que acompañe y no frene.

Hoy, el principal obstáculo no es tecnológico, ni económico: es administrativo. La Ley General de Telecomunicaciones establece obligaciones claras de coordinación entre administraciones públicas para facilitar los despliegues, pero su aplicación sigue siendo desigual, especialmente en el ámbito municipal.

Nos encontramos con ordenanzas urbanísticas desactualizadas, trámites duplicados, criterios diferentes entre municipios colindantes, procesos que tardan meses en resolverse y dificultades para instalar small cells, actualizar emplazamientos o ejecutar actuaciones de mantenimiento.

Si queremos responder a los desafíos del 5G avanzado, a la explosión del tráfico impulsado por la IA y a la necesidad de redes cada vez más resilientes y eficientes, los trámites administrativos municipales deben acompañar el ritmo de la tecnología. De lo contrario, España corre el riesgo de limitar su capacidad para competir en la próxima década.

Debemos actuar con la misma ambición que nos llevó al liderazgo en fibra: alineación institucional, y una firme apuesta por la claridad y simplificación normativa.

El sector ha invertido en los últimos años miles de millones de euros en fibra y en 5G, y lo ha hecho en un contexto de elevada competencia y presión en ingresos. La Comisión Europea estima que, para cumplir los objetivos de la Década Digital 2030, serán necesarios 200.000 millones de euros adicionales en infraestructuras digitales, de los cuales España debería movilizar entre 20.000 y 35.000 millones.

Para que este esfuerzo sea viable, necesitamos marcos regulatorios estables y predecibles, seguridad jurídica y una armonización real en la aplicación de la normativa. Además, es imprescindible avanzar en mecanismos que refuercen la sostenibilidad del sector, fomenten la compartición de infraestructuras y permitan alcanzar economías de escala.

La futura Digital Networks Act (DNA) es una oportunidad para modernizar el mercado europeo y corregir desequilibrios estructurales, especialmente en relación con los modelos de tráfico en los que unas pocas plataformas concentran más del 50% del volumen sin contribuir proporcionalmente a los costes de red.

Más allá de lo técnico, necesitamos tener clara una idea: la conectividad es infraestructura estratégica del país. Sin redes robustas no habrá IA aplicada a la industria, no habrá movilidad inteligente, no habrá servicios públicos digitales avanzados ni será posible atraer inversión tecnológica.

España ha demostrado que cuando alineamos políticas públicas, visión y colaboración público-privada, somos capaces de liderar. Ahora necesitamos trasladar ese espíritu a esta nueva etapa: redes más densas, más seguras, más eficientes y apoyadas en un marco regulatorio moderno y ágil. La oportunidad está ahí. Lo que está en juego es la competitividad del país en la próxima década.

***Miguel Sánchez Galindo es director general de DigitalES.